Desde el Consejo de la Magistratura de la Nación enviaron una opinión a EL DIARIO, usando como disparador la auditoría de relevamiento sobre los juzgados y tribunales con competencia en materia penal en todo el país por el período 1996 – 2016
“Hacia una Justicia eficiente”
Asumimos la responsabilidad institucional, no afectamos la independencia del Poder Judicial, respetamos el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Constitución Nacional y damos la respuesta que el Consejo debe dar a la sociedad.
Con estas palabras el doctor Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura, daba por concluido el debate sobre el punto del Orden del Día relativo al pedido de auditoría, solicitado por diversas instituciones vinculadas al ámbito jurídico y social. Luego se aprobaría por unanimidad de todos los consejeros presentes llevar adelante una auditoría de relevamiento sobre los juzgados y tribunales con competencia en materia penal en todo el país por el período 1996 – 2016 sobre las causas vinculadas a delitos contra la administración pública que afecten a funcionarios o exfuncionarios nacionales.
El debate y los argumentos de cada uno de los consejeros en esa sesión del 30 de junio pasado fueron diversos, pero todos coincidieron sin distinción de mayorías y minorías en la necesidad de dar este paso adelante no sólo por los requerimientos de la sociedad que observa qué hace el Consejo, sino por la convicción en cumplir con la necesidad que el mandato constitucional impone al Consejo en garantizar una eficiente prestación del servicio de Justicia.
Me pregunto qué espera la sociedad del Consejo de la Magistratura y cuáles son nuestras respuestas a esos requerimientos. La conclusión es que la sociedad espera de este joven órgano político institucional de apenas 18 años de funcionamiento -que si bien fue concebido en el año 1994 comenzó a funcionar en 1998- que garantice una eficaz administración del servicio de Justicia.
Debemos recuperar la credibilidad social en la Justicia y esa tarea no es sólo de los jueces, hablo de un sistema judicial no de personas. Este sistema está compuesto por fiscales, jueces, defensores públicos, abogados, Ministerio de Justicia y Consejo de la Magistratura, cada uno tiene su grado de responsabilidad. Este es el gran desafío. Para ello no sólo se deben dar señales claras de que se está en ese sentido, sino acciones que permitan sostener la independencia del Poder Judicial de los otros poderes del Estado garantizando un eficaz y eficiente servicio de Justicia, donde las causas sean resueltas en un tiempo razonable tal como lo consagra el Pacto de San José de Costa Rica, al cual nuestro país se encuentra adherido.
Estamos en un momento de definiciones políticas importantes, donde se está buscando trazar un plan de gestión, que nos permita definir qué Justicia queremos para nuestro futuro.
Esa decisión va atada inexorablemente a un mayor presupuesto en infraestructura. Vivimos en un Estado federal y, por ende, las necesidades no son las mismas en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires. Pasamos por una etapa de transición donde la sociedad ya no sólo observa a la Justicia, se involucra y le exige respuestas. Los jueces son conscientes de cuál es el rol del Consejo de la Magistratura y donde los funcionarios políticos saben que pueden ser investigados aun durante el período en el que ejercen el poder.
El Consejo viene trabajando en forma comprometida no sólo en el plan de auditoría por causas vinculadas a los delitos de administración pública, sino que también se está trabajando en una auditoria relativa a un plan plurianual de causas vinculadas al narcotráfico en todo el país, como así también en otra sobre el fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires que nos permitirá en definitiva tener una radiografía completa sobre cada una de estas materias. Desde la Comisión de Selección se está avanzando en el trámite de los concursos, como en la apertura de nuevos en todo el país, profundizando un perfil de magistrado no sólo técnico, sino con un fuerte compromiso social, con los derechos humanos tal como lo consagra la Convención Interamericana y el Pacto de San José de Costa Rica. La Comisión de Disciplina y Acusación se puso al día en el tratamiento de denuncias contra magistrados en un número aproximado de ingreso de unas 400 por año, donde pesaba un retraso considerable de gestiones anteriores. En lo que va del año se llevaron adelante dos juicios políticos por causales de mal desempeño y donde a partir del 1 de agosto se llevará adelante uno más. La administración de los recursos que está en manos de un administrador general, esto constituye una definición de carácter político pero también institucional en materia de Justicia buscando una gestión eficiente y transparente de acuerdo a los recursos presupuestados. La implementación de convenios con universidades nos permitirá avanzar hacia un Consejo que se vaya modernizando en el uso de nuevas tecnologías de acuerdo al crecimiento del Poder Judicial. Estas constituyen sólo por nombrar alguna de las acciones que se llevan adelante en la búsqueda de un servicio de Justicia más eficiente. Para un futuro quedará la discusión en la búsqueda de una composición más técnica y menos política en la estructura del Consejo y el debate sobre una nueva ley de subrogancias tomando los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Uriarte.
Este Bicentenario nos marca un nuevo desafío, trazar un plan de gestión duradero en materia judicial y terminar definitivamente con políticas pendulares, avanzando hacia un Estado de Justicia donde logremos recuperar la credibilidad de la sociedad. Esto me hace pensar ya no sólo en una Justicia independiente, sino en una Justicia eficiente. Ese es el requerimiento que pesa sobre este órgano. En ese camino estamos asumiendo nuestra responsabilidad institucional.
Dr. Marcelo Bee Sellarés
Secretario a cargo de la Secretaría de la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación
