En el marco de la situación deficitaria cultural, económica y financiera, que se aprecia en la vida del pueblo argentino en general y de Villa María en particular, queda demostrado pues, que es desde el Gobierno de Mauricio Macri y sus colaboradores, desde donde se piensan y llevan adelante las acciones que a diario, paulatinamente y sin descanso van quitando los derechos, adquiridos y celebrados por las mayorías argentinas.

Se han empeñado en destruir en el menor tiempo posible y con una insensibilidad apabullante, lo construido por el anterior Gobierno en doce años de realizaciones fructíferas para las clases más desposeídas, la pequeña y mediana industria, para la ciencia, la tecnología y para el país en su conjunto.

Ese proyecto nacional y popular elevó el nivel, la calidad de vida de todo el pueblo, su capacidad de aprehender el sentimiento de patria, el concepto de colectivo argentino y del trabajador como herramienta superavitaria para sostener consumo y producción.

Esa cadena indisoluble dignificó al país internamente y en los foros internacionales por su política independiente, sus ponencias e iniciativas creadoras y progresistas que recibieron el apoyo mayoritario de las naciones.

El trasvasamiento financiero de fondos públicos a manos de la oligarquía terrateniente y ganadera, claramente expuestas en la Sociedad Rural hace pocas jornadas, las grandes corporaciones y el capital financiero internacional, succionando las arcas del Estado y endeudando otra vez al país, no hubiera sido posible sin la complicidad de algunos dirigentes sindicales y políticos, del monopolio mediático de Clarín y del nuevo Partido Judicial, en este caso, con una clara intención del Ejecutivo Nacional de interferir, orientar, incidir e influenciar en las decisiones que la Justicia debe tomar.

Todo esto, con el trasfondo de una inflación galopante que nos come vivos y que alardeaban con erradicar en los primeros meses de gestión.

Pero no se conforman con este panorama que asusta, que produce incertidumbre y miedo. Ahora están abocados a la ímproba tarea de pretender que olvidemos todos y cada uno de los trascendentales logros del kirchnerismo: no vamos a olvidar la recuperación y desarrollo de Aerolíneas e YPF por ejemplo, la asimilación al sistema de reparto de millones de jubilados sin posibilidad de acceder al mismo, con doble aumento anual en sus beneficios, la Asignación Universal por hijo, el desarrollo científico-técnico del país con ARSAT a la cabeza, el desendeudamiento financiero, entre otras tantas realizaciones trascendentales.

No solamente no vamos a olvidar, sino que vamos a volcar todos nuestros esfuerzos para que todas estas conquistas sean restituidas a su legítimo dueño: el pueblo todo.

Partido Justicialista (Nora Bedano y Gerardo Russo)
Partido Solidario (José Luis Bernabé y Omar Mignola)
Partido Nuevo Encuentro (Osvaldo Iacchetta)
Partido Comunista (Hugo Ferradans)

Obligación de gobernantes

Acabamos de conocer que existen funcionarios públicos provinciales de distintos estamentos que a la fecha no han presentado las Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en el Artículo 14 de la Constitución Provincial, la Ley 8.198, la Ley 9.471, la Resolución de la Legislatura de la Provincia de Córdoba 2.081/2008, el Acuerdo Reglamentario Número 42 Serie A del T.S.J.

Es francamente vergonzoso, pese a la consideración precedente, que funcionarios públicos, que se obligan a cumplir y hacer cumplir la ley, «omitan» presentar sus DDJJ o lo hagan de manera deficiente o incompleta.

Mientras no hagan efectivas las consecuencias previstas para estas conductas, la «sanción» queda solamente reducida a una decisión política. Las leyes y decretos que se mencionan al comienzo de la presente, pese a contener mecanismos sancionatorios (que llegan hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos), resultan en la realidad «abstracciones» de un sistema político que permite y ampara actitudes como la descripta en el informe periodístico.

La transparencia en los actos de gobierno son en la actualidad un fuerte reclamo social y quienes ejercemos cargos de representación política tenemos la obligación de receptar ese clamor, es por ello que desde el Frente Cívico promovemos una reforma constitucional en el marco de la mal llamada Reforma Política (que impulsa el oficialismo de UPC) que prevea mecanismos de lucha efectiva contra la corrupción y normas de transparencia en el ejercicio de la función pública con rango constitucional.

Sólo a manera de síntesis, en dicha reforma, se promueve la creación de la Auditoría General de la Provincia, el Tribunal Social de Responsabilidad Política y el Juicio de Residencia como mecanismos para hacer efectiva la transparencia de los actos en el ejercicio de la administración pública.

Hoy las Declaraciones Juradas se han reducido a un mero «dibujo» del que poco se puede conocer, y mucho menos marca la decencia y el desempeño ético en el ejercicio de la función pública. Aun así, presentarlas en forma debida, parece una misión imposible de hacer cumplir por parte de la autoridad de aplicación. Estamos convencidos de que hay que avanzar con muchas otras medidas que aporten transparencia a las gestiones de quienes administran la cosa pública.

De ser así, el 90% de los políticos de este país y también de esta provincia y por cuyas manos pasaron fondos públicos, no podrían justificar de manera alguna, que habiendo sido durante su vida laboral, funcionarios públicos casi con exclusividad, posean los bienes y lleven el nivel de vida que ostentosamente exponen a la vista de una sociedad cada vez más dispuesta a no tolerar estas conductas y a condenar estos hechos.

Quien ejerce la actividad pública debe someterse a estas reglas. Cuando gobernamos la Municipalidad de Córdoba promovimos la ordenanza sobre Declaración Jurada Patrimonial de Bienes e Intereses Económicos y Financieros, que fue una norma de avanzada en materia de transparencia, como también lo fue la modificación del Código de Etica municipal y la creación de áreas municipales específicas con el objeto de controlar la transparencia y luchar contra la corrupción en los actos de gobierno.

A aquellos a los que no les guste o les moleste hacer rendición de su patrimonio al ingresar a la administración pública, sus modificaciones y los bienes que se poseen al finalizar sus gestiones, deberán entender que deben dedicarse a otra cosa.

Dr. Juan Pablo Quinteros
Legislador Provincial
Frente Cívico