Para no errarle, la Cámara acudió a la Justicia Federal en representación del comercio, la industria, la producción y el turismo Pyme, con un amparo que solicita que “se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las resoluciones (…) que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios”. Mientras ello ocurría, la empresa se despachó con un pedido de asistencia económica al Gobierno nacional

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal mediante la cual solicita la nulidad del incremento del servicio público del gas dispuesto por el Ministerio de Energía y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).

La presentación se hizo en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso-Administrativo N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires.

En representación del comercio, la industria, la producción y el turismo Pyme, el amparo solicita que “se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las resoluciones (…) que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios”.

Asimismo, pide “que dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país; y que se ordene a las demandadas abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado”.

También, “que se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública”.

Por otra parte, el amparo reclama que “se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales para los usuarios que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas”. La acción judicial también solicita “que se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro y que se ordene al Estado nacional que disponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos”, informó CAME.

La presentación se hizo horas antes que el Gobierno nacional publicara en el Boletín Oficial que las tarifas residenciales del gas volvían a los valores vigentes al 31 de marzo pasado, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

Claron que en la misma resolución, el Ejecutivo que comanda Mauricio Macri fijaba que las industrias y los comercios tendrán un tope de suba de hasta 500% respecto a lo pagado en igual período del año pasado, y es precisamente allí hacia donde apuntaba la CAME con la presentación en defensa de sus asociados.

Pide auxilio

Ecogas (Distribuidora Gas del Centro SA), por su parte, sin esperar a que haya un fallo sobre la presentación de CAME (que de ninguna manera legal puede ser diferente al que estableció el máximo tribunal), requirió “asistencia económica” del Gobierno nacional que “compense la falta de ingresos correspondiente al incremento tarifario dispuesto por el Enargas, luego neutralizado parcialmente por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La empresa enmarcó esa ayuda en los términos de la Resolución 263/15 de la Secretaría de Energía.

Esa normativa, de junio del año pasado, dispuso “una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, dividida en 10 cuotas consecutivas, de hasta 2.590 millones de pesos por parte del Estado nacional a ser distribuida” entre nueve prestatarias del servicio, entre ellas Distribuidora Gas del Centro, “con vigencia a partir del 1 de marzo de 2015, a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución del gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo oportunamente”.

Esa norma disponía, no obstante, una serie de condiciones para recibir los fondos, entre ellas, que fueran destinados a cancelar diferentes conceptos y que las empresas no distribuyeran dividendos durante el período en cuestión.

Ecogas asegura no haber sido beneficiaria de esos recursos, pese a figurar como una de las beneficiarias, pero nada menciona respecto a si incurrió en eventuales incumplimientos que ameritaran suspender esos pagos, con los que de alguna manera se las ayudaba para que no aumentaran tarifas a sus usuarios.

La nota, que fue difundida en primera instancia por el diario cooperativo y especializado Comercio y Justicia, está dirigida a la Comisión Nacional de Valores y a la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Está firmada por Daniel Rivadulla, responsable de Relaciones con el Mercado Distribuidora de Gas del Centro SA.

La comunicación está en línea con la advertencia lanzada días atrás por la propia empresa, cuando, luego de conocerse la ratificación por parte de la Justicia de la vigencia de los nuevos/viejos cuadros tarifarios, la empresa señaló que la situación afectaría “seriamente las inversiones comprometidas”, panorama que podría impactar en la “segura prestación del servicio”. La postura informada por Ecogas se produjo en el marco del acuse de recibo de la compañía respecto a las resoluciones del Enargas, que oficializan los nuevos criterios para la facturación tras el fallo de la Corte. En ese marco, trascendió que la empresa comenzará a adecuar sus sistemas para iniciar en lo inmediato la refacturación conforme las nuevas pautas tanto para clientes residenciales como para comercios, pymes e industrias.

En tanto, las audiencias públicas en la que se debatirán los incrementos en el servicio de gas en los hogares fueron ratificadas para el 16 de septiembre. Se llevarán a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Concordia, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Grande (Tierra del Fuego), Rosario, Salta y Santa Rosa de La Pampa.