“Los descuentos efectuados por la administración (Juan) Schiaretti/(Walter) Grahovac a los docentes de Córdoba en los haberes de agosto son repudiables”, indicaron desde el sector denominado “Naranja”, que integra la lista “Pluricolor”, opositora a la actual conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

A través de una nota de opinión remitida a EL DIARIO, indicaron que “la forma y el método utilizados constituyen actos arbitrarios y de claro abuso de autoridad; pero instrumentados por Schiaretti repugnan, además, la ética pública. Es la segunda vez que lo hace. Fue este gobernador quien en enero de 2008 no cumplió con un acuerdo salarial firmado por su antecesor, desconociendo la última cuota del Acuerdo Salarial del año 2007.

Esta vez es peor porque está desconociendo un acuerdo firmado por funcionarios de su actual gestión. Entonces, ¿cómo considerar a un gobernador que sistemáticamente desconoce los acuerdos con los trabajadores y a un ministro que pareciera desconocer la profesión? ¿Qué desprecio anida en esos funcionarios? Negar la justicia del reclamo salarial docente y, además, flagelar con ¡descuentos!

La actitud gubernamental no es nueva y tiene un claro sentido disciplinante y esperamos que esta vez no cuente con la aceptación de la conducción del gremio docente. Desde la Naranja UEPC en la Pluricolor vamos a insistir en las asambleas para que el gremio se disponga a impugnar legalmente este proceder. Estamos convencidos de que la imposición de una verdadera sanción salarial por parte de un Gobierno que incumple es una reacción desproporcionada y abusiva que vulnera el ejercicio del derecho a la huelga de un sector que tiene salarios básicos por debajo del Mínimo Vital y Móvil y de bolsillo, rozan de la línea de pobreza.

El derecho de huelga no puede considerarse un abstracto. Lleva, como consecuencia de su esencial carácter colectivo y desde el punto de vista de su ejercicio, implícita la necesidad de admitir mecanismos para poder hacer efectiva su exteriorización. Para decirlo claramente: toda medida de fuerza es una exteriorización de un conflicto de intereses entre patrones y trabajadores. Desde esa lógica, en este conflicto docente la responsabilidad es centralmente del Poder Ejecutivo, en tanto incumplidor de sus propios compromisos.

Conocemos casos de resoluciones legales favorables a los trabajadores, basadas en el carácter alimentario del sueldo mensual y esperamos que en Córdoba jueces y fiscales cuestionen los actos abusivos del Poder Ejecutivo. Fundamos nuestra posición en que el derecho de huelga goza de tutela privilegiada dentro del sistema legal argentino, ya que tiene rango constitucional. Desde esa perspectiva, debiera ser el Estado el principal garante, máxime si la huelga está originada en el incumplimiento de su propio compromiso en tanto contraparte patronal, lo que se convierte en un acto de doble arbitrariedad. Es simple, es claro. El Gobierno tiene en sus manos la decisión de terminar con las medidas de acción directa y canalizar las reivindicaciones docentes. Debe convocar a la mesa salarial y disponer el 25% del Presupuesto Ejecutado 2016 para constituir la mesa salarial docente, dado que la inflación ha superado ese porcentaje. Eso es lo que firmó, eso debe cumplir”, concluyeron.