Tras una denuncia realizada contra Mauricio Rantica, los efectivos apartados de la fuerza aseguran que la Fiscalía de Córdoba le solicitó informes a Gustavo Atienza antes de la feria judicial, quien aún no los respondió

Continúa firme la larga lucha que lleva adelante el grupo de policías cesanteados por participar de una reunión gremial el 28 de junio de 2014, tras la cual terminaron detenidos e imputados por “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Esta semana, el grupo de ocho efectivos locales que permanecen apartados de la fuerza se presentaron en la Fiscalía de Gustavo Atienza para pedir que responda unos informes que le fueron solicitados en julio antes de la feria judicial, pero no fueron atendidos por el funcionario y la respuesta que obtuvieron fue negativa.

El pedido tiene que ver con una denuncia que efectuó Adrián Mina -uno de los policías cesanteados que asegura no haber estado presente en aquella reunión- contra del por entonces comisario inspector Mauricio Rantica, quien encabezó las detenciones.

“La Fiscalía de Córdoba pidió unos informes para saber si estaba o no Mina en el expediente penal, que es la persona que nunca estuvo, pero Atienza nunca mandó el informe. Fuimos a preguntar por qué no lo contestaba o si lo iba a mandar y la secretaria nos dijo que no había ningún pedido ahí, lo que es mentira porque el pedido llegó a la Fiscalía antes de la feria”, expuso uno de los hombres que se presentó en la oficina de Atienza.

Según contó, ante la negativa del fiscal “fuimos al Juzgado de Control y nos dijeron que no había ningún pedido”. “La Fiscalía de Córdoba necesita ese informe para resolver sobre la denuncia que Mina hizo a Rantica y ver si lo imputa o no. Fuimos a ver eso y se hacen como que nunca llegó el pedido, y el pedido si llegó porque de Fiscalía lo mandaron”, insistió quien permanece hace más de dos años sin trabajar para la fuerza policial.

Claudio Martín Juárez Centeno, abogado que representa a ocho de los policías afectados, explicó que “la denuncia de Mina en el Tribunal de Conducta es por la estafa procesal que consiste en haber hecho un sumario incluyéndolo a Mina, quien ni siquiera había pasado por la puerta del lugar ese día”, por lo que “se pidió informe en la Fiscalía de Córdoba, al Tribunal de Conducta, a la Cámara Contenciosa y a la Fiscalía de Atienza y sólo contestó la Cámara Contenciosa, los otros nada”.

Lo que plantea el abogado es que “no es real que no se haya pedido el informe, como aduce Atienza, porque me consta las órdenes mandadas desde la Fiscalía de acá, de hecho sé que ingresaron a la Fiscalía de Villa María”.

“Lo que he tratado de hacer es ponerlo en evidencia en la Fiscalía de Córdoba para que tomen cartas en el asunto”, apuntó Juárez Centeno, quien además criticó: “Cuando el Tribunal de Conducta no contesta y la Fiscalía de Atienza no contesta, digo yo… ¿qué pasa? O son demasiado poco rigurosos en hacer las cosas o lo están reteniendo. El expediente lo tiene el Juzgado de Control y el empleado que habló con Adrián Mina dijo que no estaba ningún informe, entonces, o lo han cajoneado o andá a saber lo que han hecho”.

El letrado contó que, además, hay otro pedido de informe por el cual no tuvieron respuesta: “Nosotros hemos pedido copia de la resolución y pedimos copia en las declaraciones de Rantica y de los demás porque habían hablado de una especie de memorándum que había cursado el jefe de Policía con alguna indicación, pero parece que en las declaraciones, que hubo esta orden escrita, no existió. Por eso había pedido copia a Atienza antes de la feria de julio y todavía estamos esperando que nos la den”.