Raúl Alfonsín llegó al gobierno en 1983 convencido de que “con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura…”. También creía que con la democracia se podía hacer justicia. Prueba de ello son, por ejemplo, la conformación de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas como paso previo al Juicio a las Juntas y el pedido a su primer ministro de Economía, Bernardo Grispun, para que el Banco Central determinara qué parte de la deuda externa era legítima (y debía pagarse) y que parte era producto de una trama oscura para servirse del Estado nacional. La investigación se hizo y un senador de la Nación la llevó ahora a la Justicia…

El dossier de la familia Macri en el escándalo Panamá Papers sumó nuevas denuncias que podrían complicar más a la familia del presidente.

El senador nacional Fernando “Pino” Solanas y el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos, aportaron a la Justicia información clave sobre el modus operandi del clan Macri durante la época de la estatización de los créditos del sector privado tomados en el exterior, que se vincula directamente a la denuncia de sociedades offshore destapadas con los Panamá Papers, según lo informó la semana pasada el periodista Sebastián Penelli en Ambito Financiero.

Solanas y Olmos se presentaron ante el fiscal federal Federico Delgado en condición de amicus curiae del expediente que lleva adelante Sebastián Casanello. El juez busca dilucidar si los Macri incurrieron en el pasado en maniobras de lavado de dinero, delitos tributarios o para ocultar bienes.

Los nuevos datos echan luz sobre lo que Olmos describe como un «procedimiento habitual» de Franco y Mauricio Macri en el mundo de los negocios en los años 80 y 90.

«A los efectos de poner en marcha los mecanismos habituales, que tienen muchos grandes empresarios para apropiarse de fondos públicos, es necesario que puedan contar con una arquitectura societaria que les permita eludir cualquier posible investigación. De allí que se constituyan empresas fantasmas, sociedades offshore, y otras de actuación pública conocida, como una forma de evitar que lleguen al conocimiento público desde operaciones irregulares, hasta la comisión de delitos en perjuicio del Estado», sostuvieron Solanas y Olmos en la presentación judicial.

La historia de Isin SA fue descubierta y revelada por un grupo de auditores de Banco Central, que en 1983, por orden del expresidente Raúl Alfonsín y su primer ministro de Economía, Bernardo Grispun, se abocaron a indagar en los orígenes de la gigantesca deuda externa heredada de la dictadura. El líder radical creía que el Estado no debió hacerse cargo de las acreencias en el exterior sobre las empresas argentinas. Sospechaba falta de legitimidad en las maniobras. Los seguros de cambio eran acuerdos con el Central por el cual a los Macri y a otros empresarios se les garantizaban pagar en pesos sus créditos internacionales tomados en dólares, evitando pérdidas por posibles devaluaciones. En pocos años, por esta práctica se transfirieron al Estado deudas por más de 23.000 millones de dólares.

Según la información de los peritos del Central, una de las primeras actividades de Isin SA a pocas semanas de su constitución fue recibir un préstamo de Impresit Sideco, una empresa del Grupo Macri. Ese dinero de Isin SA, del que no trascendió el monto, se utilizó para realizar una autocompra de acciones de Impresit Sideco. «Resulta una operatoria inusual y fuera de las prácticas habituales del mercado», alertó Olmos. Esa experiencia serviría para elevar la cotización de las acciones, en una eventual salida a la Bolsa, que en el universo Macri luego se convirtió en hábito.

Fue «modus operandi»

En marzo de 1982 la operación se reiteró, pero con fondos obtenidos en Europa. «Un préstamo del Banco del Gotardo (Lugano- Suiza) por 15.300.000 dólares fue utilizado en comprar nuevas acciones de Impresit Sideco, resultando extraño que una empresa sin capital, ni avales ni garantía alguna y recientemente constituida recibiera semejante crédito», detalló Olmos. Y como era de esperar, para garantizar el pago del préstamo en pesos se firmó un pacto de seguro de cambio con el Central por el total de la suma adeudada.

Sin embargo, esas acciones supervaluadas y compradas con el crédito del banco suizo fueron transferidas completamente a Franco Macri el 31 de diciembre de 1982. En total, embolsó 15.750.000 dólares. «Es decir, a través de Isin SA Macri (padre) vendía por un lado y compraba por el otro las mismas acciones, sin otra actividad que el negocio accionario», afirmó Olmos.

El perjuicio hasta aquí fue para el Estado nacional por las pérdidas ejecutadas con los seguros de cambio tras las devaluaciones postdictadura y para los otros inversionistas de las empresas del Grupo Macri, a quienes les modifican el precio de las acciones a piacere con las autocompras. La fuga de capitales y presunta evasión o elusión de impuestos llega de la mano de las offshore.

Panamá, ya en 1982

En septiembre de 1982, todavía en dictadura, el Banco del Gotardo transfirió la deuda de Isin SA a Compañía Americana de Obras Civiles SA(Cadocsa), una firma con sede en Panamá, que forma parte del Grupo Impresit Internacional BV.

En paralelo, Isin SA cedió a la empresa Fiat Concord (de los Macri) el crédito a su favor que tenía con Franco Macri por la anterior venta de las acciones de Impresit Sideco, pero al mismo tiempo Fiat se hizo cargo de la deuda que Isin SA tenía con Cadocsa por los 15.300.000 dólares suizos iniciales. De esta manera, Fiat tuvo que afrontar el «activo inexistente de la empresa fantasma (Isin SA), que fue creada deliberadamente para beneficiarse del seguro de cambio que había contratado, cuando tomó el préstamo del Banco del Gotardo», alertó el historiador.

Las pruebas documentales que comprueban la maniobra fueron recolectadas por los auditores del Banco Central, a pedido de Alfonsín y Grispun (destituido por presión empresaria apenas 14 meses después de haber asumido al frente del Palacio de Hacienda), y ya están en poder de la Justicia. Los auditores encontraron que:

-Cadocsa, a través del Grupo Impresit Internacional BV, ofreció a la compañía Fiat Bonos externos un préstamo, sin cobrar intereses, en dos operaciones, por 6.339.101 dólares .

-Cadocsa y otra empresa del grupo Fiat, Marketing and Management Services Corp, compartían el mismo domicilio offshore: Apartado 850, Panamá 1, República de Panamá.

-Fiat Concord tenía el 99% de las acciones de Fiat Diésel.

-Existen vínculos documentales probados entre Isin SA, Fiat Diésel y Fiat Concord.

-Dos directores de Fiat, Pablo María Sabatini y Angela Machi de Afeltra, también eran directores de Isin SA, donde también figuraba Cristiano Ratazzi.

-El síndico de Isin SA, Alfredo Lisdero, era síndico de Fiat y de otras empresas del Grupo Macri.

Melconian lo archivó

A pesar de las advertencias planteadas por los investigadores del Central, sus conclusiones no fueron tenidas en cuenta. En 1986 el exgerente de Investigaciones Económicas de la entidad, Carlos Melconian, firmó el Informe 480/161 donde pedía anular la investigación con seguros de cambio. «Con otra resolución desarticulan el cuerpo de investigadores, dejan sin efecto la investigación y mandan a los peritos a diversos rincones del Banco par que no sigan con esto», dijo Olmos.

Con la decisión del actual titular del Banco Nación se sepultó definitivamente la investigación. «Esta investigación se perdió, pero yo tuve acceso a uno de los peritos, quien me confesó que tenía duplicados de los informes, los llevé a los tribunales, al Juzgado Federal Nº 2. Dos peritos declararon, dijeron lo que sabían, pero la causa la mandaron al archivo ¿por qué? Porque toca a muchos de los grandes empresarios. Voy a intentar reactivarla», alertó Olmos semanas atrás. Y lo hizo, aportando datos que ligan el informe con los candentes Panamá Papers.

Gramufra y Fleg Trading

Gramufra Inversora SA fue creada por los Macri el 3 de julio de 1985. Ese mismo día constituyeron Mainfra inversora SA. Los directorios eran iguales: Franco, Mauricio, Gianfranco, Mariano y Sandra Macri. También aparecían Adolfo Lazara, José Haiek, Justo Solsona, Jorge Blanco Villegas y el síndico Lisdero.

Una década más tarde, el 9 de octubre de 1995, Grumafra y Socma Americana crearon la empresa brasileña Owners do Brasil, con sede en San Pablo. El 99% de la participación accionaria la integró Grumafra, mientras que Socma Americana se quedó con 1% restante. El capital inicial fue de apenas mil reales. Pero tiempo después, Socma Americana elevó el capital de Owen hasta 11.360.000 reales a través de la firma Sielin do Brasil SA.

En mayo de 1996 Grumafra cambia de nombre y pasa a denominarse Socma SA y le otorga un poder especial a Norberto Jannuzzi Raffo, quien a la vez es el apoderado de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd., que salió a la luz con el escándalo de los Panamá Papers.

Los amicus curiae recuerdan en su escrito que Fleg Trading Ltd. fue la que compró acciones de Owners do Brasil por 9.340.000 dólares. «Esto hace suponer que su capacidad económica y sus actividades venían desarrollándose exitosamente (…) Esto vuelve a desmentir la supuesta inacción de Fleg Trading, tal como sostuviera el presidente», expresaron Solanas y Olmos.