Ana Becerra también habló del caso del policía que se filmó masturbándose. Calificó de “gravísimo” el episodio y desechó argumentos basados en su privacidad
El 10 de mayo pasado EL DIARIO reveló que alrededor de 13 efectivos policiales malversaron fondos de la Provincia y hubo quienes cobraron hasta siete mil pesos por mes por un trabajo que no hicieron.
Según pudo saber este matutino, los oficiales manipularon planillas de los servicios adicionales y así cobraron durante un tiempo determinado un “extra” que, en algunos casos, ascendería a siete mil pesos por mes.
En un primer momento los máximos funcionarios no denunciaron los hechos ante la Justicia, pero luego comenzó a actuar de oficio la fiscal Silvia Maldonado.
Ayer, la titular del Tribunal de Conducta de la Policía de la Provincia, Ana Becerra, informó que el secretario de Faltas Gravísimas del órgano ya realizó el informe de cierre. “Esto implica que después de tomar todas las testimoniales, hacer las indagatorias y evaluar todas las pruebas, da su informe a Relatoría, área que ahora lo fundamentará teóricamente y desde allí llegará a nosotros para ver si se condena o se absuelve”, detalló la funcionaria al ser consultada por la prensa.
Especificó que se evaluará cada uno de los casos de manera independiente, de acuerdo al informe de Secretaría General.
“Es probable que la semana que viene llegue a manos del tribunal en pleno (con los dos vocales) para que evaluemos las sanciones que corresponden”, anticipó.
Por otro lado, consultada por el caso del policía que se filmó masturbándose, Becerra sostuvo que se trata de un hecho “gravísimo y es por eso justamente que actúa la Secretaría de Faltas Gravísimas”.
“Falta una sola testimonial y el policía será llamado a indagatoria posiblemente esta semana. Creo que a fin de año llegará la resolución”, expresó la funcionaria, quien explicó que el efectivo involucrado está en situación pasiva.
Cuando EL DIARIO le comentó que el protagonista del episodio habría dicho que fue víctima de un “hackeo”, Becerra lo descartó de plano.
“Hay una cuestión real: se filmó con uniforme haciendo un acto sexual, que, en todo caso, si miramos desde la Constitución Nacional, es un acto privado, pero deja de serlo en el momento en que pasa a las redes sociales y toma estado público. Hay leyes específicas en ese sentido, el uniforme y el arma están provistas por el Estado, por lo que son símbolos de la Policía”, declaró, y añadió que “no hay posibilidad de ‘hackeo’; en algún momento y por determinada razón, lo puso en la red social”.
Se le planteó en qué incide en la causa si se confirma que el uniformado no tuvo intenciones de viralizar la filmación, sino pasársela sólo a una determinada persona. “También es una falta porque se filmó con uniforme y arma, atributos del Estado, y en ese sentido está complicado, siendo una falta gravísima, por eso actúa esa área”, explicó.
“De todas maneras, tiene la debida defensa en juicio y será indagado para que presente las pruebas que dice tener”, agregó.
