En un ámbito de disconformidad por parte de numerosos aficionados a la entidad deportiva, se desarrolló la Asamblea Anual Ordinaria de Playosa Sportivo Club, convocada por los titulares de la Comisión Normalizadora Mauricio Zamudio (presidente) y Gerardo Semenzín (secretario).

En primer término y ante escasa cantidad de asistentes, debido a que la mayoría de los mismos no pudieron ingresar al recinto por carecer de constancia social o no tener la cuota al día lo que motivó su no figuración en el padrón respectivo, se dio lectura al Orden del Día. Es de aclarar que los nombrados expresaron sus quejas previo al inicio de la sesión, sosteniendo que la Secretaría no atendía en horarios determinados, aspecto negado por los mencionados titulares de la comisión.

Posteriormente, el contador Luciano Caballero dio a conocer la situación económica y patrimonial del club, informe que fue aprobado por la totalidad de los asistentes, autorizados en una cantidad de veinticuatro personas habilitadas para participar del cónclave respectivo.

Precisamente, dicho profesional manifestó a EL DIARIO “que su función fue la de llevar adelante un estado de situación patrimonial, que compete a uno de los requisitos que Inspección de Sociedades Jurídicas pide a los efectos de que la Comisión normalizadora pueda conocer la situación real del club”.

Indicó que todo ello está en el informe respectivo, “la documentación está a disposición del club y los interesados pueden requerir la información que deseen”, agregando “que sólo participó de la Asamblea en condición de oyente, pues no tiene ni voz ni voto”. También añadió su opinión “de que estamos de acuerdo para que esto se solucione lo más rápido posible, para poder ver al club funcionar como se debe”. En el análisis cuantitativo, informó que la situación patrimonial arroja un activo superior a un millón setecientos mil pesos.

Luego del análisis administrativo contable, Zamudio dio a conocer las gestiones llevadas a cabo a nivel oficial (ante diversos estamentos) y la posibilidad de acceder a ayuda económica para avanzar en el desarrollo de la entidad, una vez asumida la nueva mesa institucional. También citó una serie de obligaciones (deudas de años anteriores) que el club tiene en instancia judicial y que en tiempo futuro deberá afrontar, previa negociación destinada a conseguir un acuerdo favorable con los demandantes.

“Hicimos todo normalmente”

Con respecto a las exigencias de los seguidores de la entidad decana del pueblo (fundada en 1925), que cuestionan el procedimiento de convocatoria al presente evento societario, Zamudio enfatizó: “Nosotros hicimos todo normalmente para el llamado e informe a los interesados, pero estos demostraron que su verdadera intención era que la Asamblea no se hiciera”.

Nueva Comisión Directiva

De acuerdo al Orden del Día, correspondió en la parte final la elección de la nueva Comisión Directiva, conformada por 19 de las personas habilitadas, y que previa notificación a Sociedades Jurídicas (plazo de diez días), integrarán en fecha próxima la estructura institucional.

Como presidente Miriam Gagnotto, vicepresidente Carina Nicoletti, secretaria Stella Colomino, prosecretaria Jésica Albarracín, tesorera Karen Lescano y protesorero Nelson Galiano. Como vocales titulares asumirán Armando Aranda, Milagros Priotti, Tatiana Albarracín y Omar Tello; en condición de suplentes Emilia Peracchia, Braian Vera, Víctor Gagnotto y Daniel Semenzín. Como revisores de cuentas titulares Luis Vera, Luis Pereyra y Jésica Molina, en cargos suplentes Graciela Barrera y Leticia Miranda.

Participación de escribana

La escribana Mariana Jue (proveniente de Villa María) participó (sin poder ingresar al ámbito de la Asamblea), manifestando que su función fue “dar fe de lo que ocurrió”; afirmando “que vino por requerimiento de distintas personas que quisieron ingresar y tampoco pudieron”, seguramente por las causas invocadas por los convocantes a la reunión.

Cabe mencionar, que la asamblea se desarrolló bajo una discreta vigilancia policial, con personal ubicado en proximidades de la sede social, sin que ocurrieran hechos que motiven su intervención.