NOTA Nº 482, escribe Jesús Chirino

Si los dolorosos sucesos de diciembre de 2001, que llevaron a la renuncia del presidente de la Nación, son entendidos desde el espontaneísmo, nos privamos de la visión del proceso histórico en el cual se produjeron.

Quizás no pueda entenderse cómo se sacó de su cargo a un presidente que, dos años antes, fuera votado por el 48% de la población si no se abordan los cambios producidos en la acción colectiva a partir de la necesidad de resistir un modelo que producía desempleo, pobreza y concentración de la riqueza. Esa resistencia, y la modificación del accionar colectivo en Argentina recorrió toda la década los ´90.

Pero también debe entenderse que por entonces la clase política en el poder estaba capturada por una racionalidad liberal. De los sectores dominantes de la política se sostenía una manera única de entender la realidad social que trascendía la pertenencia a los partidos políticos mayoritarios. Pero estaban otros sectores que con un accionar colectivo novedoso venían planteando la necesidad de modificar el rumbo tomado.

Pretender entender que las jornadas más álgidas de aquel diciembre se dieron por la explosión de una sociedad sin capacidad para expresar su descontento puede provenir tanto de una interpretación errónea como interesada.

Desde este pequeño espacio, con las limitaciones del caso, nos proponemos repasar algunos acontecimientos que se dieron en Villa María durante el último mes de 2001, aunque queda la tarea de estudiar cómo se expresó todo el proceso en la ciudad.

En la nota de la semana anterior repasamos los primeros días de aquel diciembre plagado de reclamos y movilizaciones desarrollados principalmente por organizaciones de trabajadores y el anuncio del desenlace final de la larga crisis que venía desarrollándose.

El por entonces intendente municipal, Eduardo Accastello, realizó declaraciones en oportunidad de cumplir dos años al frente de la administración local. Según sus palabras la ciudad sería «en pocos años más, la primera ciudad del interior de la provincia», evaluó como positiva su gestión y regresó al polémico tema de la unificación de las dos ciudades vecinas diciendo «Villa María y Villa Nueva deben tener una sola administración, sin que esto signifique que resignen ni sus nombres ni sus historias». También manifestó que era una frustración haberse «encontrado con una crisis nacional imprevisible que en realidad nunca pensé que podría ser tan grave como la que estamos atravesando» a la vez que admitió que el problema del tránsito lo había superado y preparaba un proyecto para vincular a los cuatro bulevares a través de ciclovías que permitirían un descongestionamiento. Por otra parte, prometió inaugurar el subnivel en febrero de 2002, para la época del Festival, y anunció que antes de agosto tenía pensado abrir otro subnivel en el bulevar Sarmiento.

Pocos días después, el intendente de Villa Nueva le respondió oponiéndose a la unificación de las ciudades señalando que si el gobernante de este lado del río realmente tenía un proyecto que lo presentara para discutirlo de manera seria. Marcelo Frossasco agregó: «Ya somos grandes y sabemos que persiguen este tipo de especulaciones y Villa Nueva no va a ser el trampolín de las ambiciones desmedidas de nadie».

El mismo día que se publicaban las declaraciones de Frossasco, El Diario hacía conocer que se había rubricado «el acta por la cual los trabajadores… se hicieron cargo de un proyecto editorial creado hace 17 años». También se decía «las deudas salariales y de aportes que mantenía Editorial Talamochita con su personal y con los gremios de prensa y gráfico, quedaron saldadas mediante la cesión definitiva de la maquinaria, incluida la rotativa y la marca registrada». Así, luego de un extenso y duro conflicto con su patronal, los trabajadores de El Diario iniciaban la historia de la cooperativa en el medio gráfico.

Cuando esa noticia salió a la calle, el viernes 14 de diciembre, en Villa María comenzaron los cuatro días de la consulta popular a nivel nacional organizada por el Frente Nacional Contra la Pobreza (Frenapo) constituido por numerosas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles, de productores agropecuarios, cooperativistas y pequeños y medianos empresarios. Entre todas éstas se destacaba la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que llevaba adelante un modelo gremial innovador para nuestro suelo permitiendo la afiliación de trabajadores desocupados, jubilados y la incorporación de organizaciones sociales. Desde sus inicios, el 17 de diciembre de 1991, en el «Grito de Burzaco», esta central de trabajadores se planteó la lucha por la autonomía sindical respecto de los patrones, los partidos políticos y los gobiernos. Todo poniendo en valor la democracia gremial y centrado en la resistencia a un modelo que generaba más pobres profundizando cada vez más la desigualdad social.

En la consulta del Frenapo podían votar todos los ciudadanos mayores de 18 años y decidirían si estaban de acuerdo con que el Congreso Nacional debatiera la implementación del seguro de empleo y formación, aprobando una ley que obligara al Gobierno a su implementación. Se estaba buscando un «shock redistributivo del ingreso». En Villa María algunos de los lugares previstos para el emitir el sufragio eran plaza Centenario, Casa Parroquial, locales sindicales, escuelas, Fábrica Militar, empresas privadas, Palacio Municipal, Universidad Tecnológica y Universidad Nacional.

Entre las organizaciones locales que participaban de la consulta estaban la Asociación de trabajadores del Estado (ATE), CTA, el ARI, Espacio Abierto Frente Grande, Centro de Jubilados de ATE, Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Asuserfi), Federación Agraria (FAA), Círculo Sindical de la Prensa (Cispren), Foro en Defensa de la Seguridad Social, Agrupación de Vecinos Autoconvocados y Cooperativa Luis Rueda.

Un día antes del inicio de la consulta del Frenapo, el jueves 13, se desarrolló un paro convocado por las CGT y CTA. El día posterior El Diario, en la nota de cobertura, tituló «Los estatales protagonizaron el mayor acatamiento al paro». Se refería a los trabajadores municipales, los empleados de la Empresa de Energía (EPEC), los educadores, judiciales, empleados del Hospital Pasteur y Fábrica Militar. Pero también adhirieron a la medida varios comercios del sector céntrico de la ciudad, como así también los trabajadores del transporte de colectivo. En el municipio el paro fue muy generalizado, en tanto que en las reparticiones públicas de nivel nacional como AFIP y PAMI la medida de fuerza tuvo menor impacto.

En el caso de los empleados del Pasteur, convocaron a una asamblea a partir de las 9.30. Alrededor de 50 trabajadores integrantes del equipo de salud se juntaron sobre la calzada de la calle Mendoza, la que volvieron a cortar reclamando por la terrible situación que vivía la salud pública. El dato llamativo fue que ante la protesta de los trabajadores de la salud, los comerciantes de la zona, al igual que los taxistas que habitualmente ocupaban la parada oficial de ese servicio en la zona, se sumaron aplaudiendo a quienes protagonizaban la protesta.

La consulta del Frenapo se desarrolló según lo previsto y fue importante la cantidad de vecinos que votaron a favor de la propuesta de un seguro de empleo y formación de 380 pesos para todos los jefes y jefas de hogar desocupados, una asignación universal de 60 pesos por hijo menor de 18 años para todos los trabajadores y asignación universal de 150 pesos para personas en edad jubilatoria sin cobertura previsional.

El Estado local no escapaba a la crisis y la reacción no era muy diferente, salvando las distancias, que la ensayada en otros niveles.

Durante la primera quincena del mes, el concejal oficialista José Carignano señaló que era “necesario refuncionalizar algunas partidas en función de la crisis” y presentó, en su bloque una propuesta de reducir algunas partidas del presupuesto para 2002, transfiriendo esos fondos a otras. Concretamente, planteó disminuir el tope de gasto previsto para la Auditoría General llevándolo del 0,6% al 0,4%; reducir en un 30% los 97.000 pesos previstos para viáticos y en un 20% los 123.000 pesos destinados al rubro Publicaciones y Publicidad. De esa manera, según las cuentas del concejal, se obtendrían 90.000 pesos que pretendía redistribuir destinando 21.000 pesos a un programa de alimentación para familias carenciadas; 20.000 a un programa de prevención del maltrato infantil para reinstalar la línea telefónica 102 y los cincuenta mil restantes a un plan de empleo para jefas de hogar. Las cuentas del concejal era moderadas, así lo demostró el titular de tapa en la edición del 17 de diciembre de El Diario. Bajo la imagen de la sede de la intendencia, en Mendoza y Sobral, se tituló «Recortan en un millón y medio el presupuesto municipal».

La semana próxima contaremos cómo se desarrolló este punto.