Escriben: Matías Giletta, sociólogo Vanesa Villarreal, politóloga ESPECIAL PARA EL DIARIO
El debate sobre la eventual reducción del mínimo de edad para la imputabilidad penal, presente en los medios de comunicación durante estos días y al parecer fomentado por el Gobierno nacional, es un debate que duele. Y duele porque ocupa el lugar y desplaza a discusiones y problematizaciones que por ser las más importantes y las que se abocan a las dimensiones sociales más estructurales son realmente las que debieran ocupar las agendas mediáticas, la preocupación de los gobiernos y el interés de los ciudadanos y ciudadanas: debiéramos estar debatiendo seriamente sobre la situación de la desigualdad del ingreso en nuestro país, no sólo en la actualidad, sino también en relación con las últimas décadas; sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina, de todos los estratos sociales, pero sobre todo de los más desfavorecidos y vulnerables; de la situación de las posibilidades de empleo, sobre todo de empleo formal, para ese sector juvenil, y de su situación en relación con la educación formal -en nuestro país, las cifras de deserción escolar en el Nivel Medio son alarmantes, y en relación al desempleo el sector juvenil es uno de los más perjudicados-.
Incluso, ya que se alude a la posibilidad de reducir el mínimo de edad desde el cual una persona puede ir presa en nuestro país, deberíamos discutir primero la situación del sistema penitenciario, de las cárceles y, sobre todo, de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en esas instituciones: no es necesario ser especialista en el tema para saber que esas condiciones de existencia son deplorables y que las cárceles en la Argentina actual están muy lejos de funcionar como un marco institucional adecuado para habilitar a su reintegración social a las personas privadas de libertad. De hecho, las tasas de reincidencia delictiva son altas y no tiene por qué suceder otra cosa: muy poco o nada se hace allí adentro, y tampoco afuera, para evitar que las personas que dejan la prisión no vuelvan a cometer un delito. Incluso, esa experiencia hace que a muchas personas que la transitaron se les dificulte conseguir un empleo. En conclusión, sin dejar de reconocer el trabajo que algunos individuos e instituciones realizan en contextos carcelarios, por ejemplo, en relación con la educación, creemos que en general el sistema penitenciario no contribuye a reintegrar socialmente a las personas que estuvieron privadas de libertad.
En fin, la lista de las cosas más importantes que debiéramos estar discutiendo acaloradamente en relación con la situación social en la Argentina, y en particular la de los niños, niñas y adolescentes, está lejos de terminar aquí. Sin embargo, en lugar de ocuparnos de esos temas, discutimos sobre la conveniencia de bajar la edad mínima de imputabilidad penal, de 16 a 14 años.
Considerando el lugar de primera importancia que la denominada ‘inseguridad’ ocupa en la opinión de muchas personas, en los discursos de muchos dirigentes políticos y en la agenda de medios masivos de comunicación (“inseguridad” reducida a las consecuencias de determinado tipo de delito, sobre todo de un tipo de delito que suele ser cometido por personas de determinados estratos socioeconómicos, excluyéndose de este contexto otros delitos socialmente invisibilizados porque suelen ser cometidos por sectores sociales con una buena posición económica y cierta respetabilidad social), lo más probable es que efectivamente prevalezca la postura de reducir la edad de imputabilidad penal.
En sociología hablamos de la ‘profecía autocumplida’ para denominar el proceso mediante el cual ciertas maneras de definir ciertas situaciones generan ciertas prácticas que tienden a confirmar y reproducir esas situaciones: pues bien, creemos que estamos ante un ejemplo de profecía autocumplida, ya que la iniciativa de reducir la edad de imputabilidad penal no habría sido posible si, antes, no se hubiera definido el delito y la “inseguridad” como ha sido y es definida: reducida a ciertos tipos de delitos y a ciertos sectores sociales.
En este contexto es previsible que la reducción de la edad de imputabilidad penal funcione como un dispositivo más que, junto con otros -como los códigos de faltas en las provincias y la construcción mediática que muchos medios hacen de las villas miseria contribuyendo a la estigmatización territorial- contribuya a la criminalización de la pobreza y, dentro de ésta, a los sectores juveniles.
De la teoría social hemos aprendido que no hay comportamientos absolutamente ‘libres’ y exclusivamente dependientes del libre albedrío de las personas, vistas como sujetos racionales cuyas decisiones no están condicionadas por factores externos. Por el contrario, sabemos que en todo comportamiento, en toda disposición subjetiva, en toda motivación, en todo punto de vista, influyen factores externos y objetivos condicionándolos para que tengan una u otra dirección. Desde este punto de vista sociológico, para dar un par de ejemplos, la elección de una carrera universitaria está tan condicionada por factores externos, por ejemplo, la pertenencia a una clase social determinada, como la decisión de recurrir a una actividad tipificada por el Código Penal como delito para conseguir dinero. En ambos casos, hay factores que trascienden al individuo que actúa y a su voluntad para producir su comportamiento, factores que pueden ser materiales -es decir, relativos a cuestiones económicas- pero también de otro tipo, como los referidos al tipo de socialización a través de la cual el sujeto en cuestión aprendió que puede e incluso debe hacer lo que hace.
En fin, la ciencia social nos enseña que, al ser parte de una sociedad específica y de ocupar una posición en ella, nuestras acciones y nuestras disposiciones subjetivas no son totalmente “libres”, sino que siempre están condicionadas por factores externos al individuo, objetivos, que no dependen de su voluntad y que, sin embargo, inciden en sus comportamientos y en sus inclinaciones subjetivas.
En consecuencia, para entender las prácticas de las personas, sean cuales fueren, debemos tener en cuenta que se trata de una tarea mucho más compleja que la de sólo tener en cuenta la elemental noción de que el sujeto hace lo que hace o hizo lo que hizo porque así lo decidió; de esta elemental noción se sigue que el sujeto en cuestión es total y absolutamente responsable de lo que hace o hizo, es el único responsable.
La ciencia social y particularmente la sociología nos enseña que respecto a las conductas de las personas individuales siempre hay más que un único responsable, ya que tienen un sustento relacional (es decir, no pueden entenderse aisladamente ni como manifestaciones de la “naturaleza” o “esencia” de la persona que actúa, sino que deben ubicarse dentro de la trama de relaciones que la persona actuante mantiene con otras personas, grupos e instituciones de su entorno).
En el acto de delinquir, es decir, en la realización de una acción definida como delito por las leyes vigentes en una sociedad específica, el o la persona que delinque no es el único o única responsable, y quizás en ciertos casos no sea siquiera el o la responsable principal. Por el contrario, se trata de hechos complejos que responden a una pluralidad de factores condicionantes, muchos de los cuales son condiciones objetivas que no dependen ni tienen nada que ver con la voluntad y la conciencia de la persona que comete la acción definida como delito. En esta línea de razonamiento, y especialmente si se considera que las personas a las que se refiere la iniciativa en debate son adolescentes, su responsabilidad penal y moral respecto de lo que hacen se vuelve cuanto menos problemática.
Para concluir, alentamos la realización de un debate integral, comprometido y que trascienda en lo posible los intereses cortoplacistas de partidos y dirigentes políticos, que focalice en problemas estructurales de la sociedad y que tenga como propósito el cuestionamiento del Estado y de la dirigencia política en todos sus niveles, un debate que evite la profundización de la estigmatización y criminalización de un sector de la sociedad que ya mismoestá entre los más vulnerabilizados y desfavorecidos de nuestra desigual sociedad.
