Cuando logran vencer los temores y dar el paso para denunciar al violento, deben sortear la burocracia, la falta de recursos o la indiferencia estatal. Hubo varios casos

Escribe: Diego Bengoa
DE NUESTRA REDACCION

Al menos ocurrió con cuatro casos en las dos últimas semanas, según indicaron diversas personas a EL DIARIO: mujeres debieron pasar horas sentadas en la Departamental San Martín de Policía a la espera de que les tomen las denuncias por violencia de género.

Uno de los hechos más paradigmáticos se registró la mañana del martes. Una mujer acudió muy angustiada a la Unidad Judicial (que depende de la Justicia, pero está en sede policial) para denunciar el martirio que atraviesa a causa de su expareja, a quien acusa de haberla golpeado en numerosas ocasiones y de tenerla amenazada.

Decidió exponer su drama, contar el infierno que está sufriendo, buscar ayuda, pero no tuvo la respuesta esperada: permaneció tres horas esperando que la escucharan y le terminaron diciendo que regresara al día siguiente.

El miércoles, ya no quiso hacerlo. Había retornado el temor que el martes había podido vencer. Otra vez los fantasmas de los golpes la alejaron de la búsqueda de ayuda.

Pero hay otros casos. Un hombre que acudió a la Policía porque había sufrido un delito, vio cómo en los pasillos aguardaba una mujer embarazada visiblemente castigada emocionalmente. Ella estaba ahí para denunciar un episodio de violencia machista, en la mayor de las vulnerabilidades: sin contención, a la vista de otros, esperando horas ser atendida.

Este vecino debió retornar a la Departamental jornadas después en el marco de su caso, y allí se encontró con otra mujer que se aprestaba a radicar una denuncia similar, también sorteando horas de espera.

“Encima sale un policía a preguntar delante de todos las razones de las denuncias que se quieren hacer. La víctima queda expuesta a tener que dar los motivos delante de otras personas que aguardan ser atendidas”, razonó el ciudadano.

Un espiral de violencia

A octubre, al Juzgado de Violencia Familiar (que también tiene competencia en Niñez, Juventud y en lo Penal Juvenil) llegaban seis denuncias diarias. De enero a septiembre, habían ingresado 1.382 hechos a esa dependencia, que está a cargo de la jueza Inés Mariel. Desde enero de 2016 a fines de septiembre, las denuncias mensuales nunca fueron menores al centenar, incluso en la mayoría de los meses (seis de nueve) fueron más de 150.

Llamativamente, la magistrada decidió el último bimestre de 2016 dejar de brindar estos datos estadísticos a la prensa, cuyos números grafican un poco la dimensión del drama.

El contexto es por demás desalentador. No hay unidades de constatación de violencia, algo que se cansó de reclamar la exjueza Cecilia Fernández, quien se jubiló el verano pasado. Así, quienes receptan las denuncias nunca pueden evaluar con elementos técnicos la gravedad o la urgencia de los casos.

Y la ciudad continúa teniendo una deuda en lo que hace a albergar a las víctimas, lo que empuja a que muchas mujeres -al no tener adónde ir- continúen en los hogares con los violentos porque no ven otra salida. Precisamente, en este sentido, el municipio está refaccionando una casa del Patronato de la Infancia, algo que viene a paso lento, pese a que fue anunciado hace siete meses, aunque se presume que estará lista pronto.

El Foro de Mujeres Villa María, la Mujer y la Defensa de sus Derechos, se ha transformado en los últimos tiempos en uno de los pocos lugares adonde las víctimas acuden en casos de violencia.

Es una organización sin fines de lucro, integrada por mujeres sensibilizadas por la problemática y su Facebook es “Foro de Mujeres Villa María”.

Además, muchas personas también buscan ayuda en la Auditoría General.