La denuncia por presunta malversación de caudales públicos se basa en un informe de conciliación cuentas bancarias del municipio durante la gestión de Eduardo Accastello. Disparaba presuntas irregularidades a partir de diferimientos por unos 40 millones de pesos
El fiscal René Bosio encara a la puerta. Los periodistas salen al cruce. Se excusa de brindar declaraciones, pero se detiene para agradecer la colaboración de las autoridades municipales. Estuvo reunido con el intendente Martín Gill, a quien le explicó los pasos y los motivos. En el primer piso, el ala norte del ex-Palace está cerrada. Avisan que en el tercero improvisarán una conferencia de prensa.
El presidente del Tribunal de Cuentas pide que lo esperen 10 ó 15 minutos y vuelve al encierro de la oficina 327, donde agentes de la Policía revisan las cajas buscando documentación. La secretaria del funcionario asoma con un vestido azul elegante y se disculpa porque el funcionario no podrá volver a salir a hablar con la prensa.
En la planta baja los pesquisas continúan su tarea. Un grupo de peritos sale a la vereda junto a la secretaria de Economía y se dirigen a un edificio contiguo. Restaurado por fuera y abandonado por dentro. Ni siquiera tiene lámparas. Un cable cuelga del techo de la primera húmeda habitación. Se trata del Archivo. Desde una pieza del fondo sacan cajas hacia un pequeño patio interno. El asesor letrado llegó con la tesorera, observaron, preguntaron, dialogaron en breve con la secretaria y se retiraron.
“No podés estar acá”. La contadora advierte nuestra presencia.
No hicieron falta demasiadas palabras. La predisposición para colaborar se manifestó con claridad. No resultó efectivo tratar de ocultar cierto nerviosismo.
En el ex-Palace
Personal de la Policía de la Provincia llevó a cabo un allanamiento en las oficinas municipales en el marco de una causa que instruye el fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio.
Está relacionado con la denuncia contra la última gestión de Eduardo Accastello (2011-2015), por presuntas irregularidades en conciliaciones bancarias.
El operativo apuntó a la búsqueda de documentación en soporte informático y papel, en Contaduría General (planta baja), la cartera de Economía (primer piso) y la oficina del Tribunal de Cuentas (327 del tercer piso). También a primera hora los pesquisas buscaron las cajas de órdenes de pago de los años 2014 y 2015 en el Archivo municipal, sobre calle Mendoza al 840, adonde regresaron a media mañana.
El fiscal Bosio se reunió con el intendente en una sala del primer piso y al retirarse se excusó de brindar declaraciones, aunque manifestó: “Debo recalcar la total colaboración del intendente y funcionarios para todos los requerimientos que vinimos a buscar en el allanamiento”.
Tras su partida, a pesar de que la comitiva uniformada continuó trabajando, el presidente del Tribunal de Cuentas, Julio César Oyola, dio aviso de que brindaría una conferencia de prensa en el tercer piso, donde se encuentra la oficina de ese órgano, minutos más tarde solicitó que lo aguardaran y luego la secretaria del Tribunal, la abogada Laura Pedernera, lo justificó para suspender esa instancia y volver a la habitación donde además de los pesquisas se encontraba la primera vocal del Tribunal, Mariela Boaglio. No brindaron declaraciones en virtud del secreto de sumario.
La voz oficial
El asesor letrado de la Municipalidad, Eduardo Rodríguez, ofició de vocero para explicar que “la causa es por una denuncia contra la gestión anterior desde un grupo de personas, en la Justicia Federal, en febrero del año pasado. Esa denuncia pasó a la Justicia Provincial porque la Justicia Federal se declaró incompetente y ahora, a partir de algunos testimonios, suponemos, deriva en este allanamiento”, dijo Rodríguez, quien además admitió que “con motivo de las declaraciones del extribuno José Naselli, el fiscal viene a buscar documentación contable en soporte papel y digital”.
Detalló que se llevaron “214 cajas con órdenes de pago, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, además de copias sobre información del manejo de cuentas informáticas”.
“No tenemos acceso a detalles todavía porque rige el secreto de sumario (art. 312 del Código Procesal Penal), pero es todo de la gestión anterior”, sostuvo el abogado.
Dictamen de tribunos
El 9 de diciembre de 2015, último día de gestión, los por entonces tribunos de Cuentas, Andrea Mussa y Naselli, presentaron un dictamen donde aseguran haber encontrado irregularidades en los asientos contables del municipio de tres cuentas bancarias por diferimientos millonarios: unos 40 millones de pesos.
Esa revisión denominada “informe sobre revisión de conciliaciones bancarias” tuvo el asesoramiento y fue suscripto por el contador del Tribunal de Cuentas, Ricardo Faure.
Los extribunos habían solicitado información contable a varias sucursales que operan en la ciudad y luego de sortear algunas trabas evasivas, accedieron a datos en los bancos Nación, Hipotecario y Córdoba.
En la Justicia
Por otra parte, trascendió que entre los testimonios tomados desde la Fiscalía, asistieron actuales funcionarios municipales.
También la Justicia solicitó copia certificada de los decretos de designación del exintendente Accastello, de la exsecretaria de Economía, Verónica Navarro (actual pareja del exmandatario), de Mariela Boaglio en la anterior gestión, además del intendente Gill y la hoy secretaria de Economía, Daniela Lucarelli.
Vale mencionar que por ahora no hay imputaciones y que existen al menos otras dos denuncias que también están en manos de Bosio, que involucran a la gestión anterior y particularmente al exintendente Accastello. Una es por la denuncia penal realizada (el 30 de septiembre de 2016) por Angel Manuel Sosa, Juan Carlos Masiero, Norma Beatriz Sanmartino, José Horacio Domínguez, Mario Leonardo Brusa, Víctor Hugo Scocozza y Ramón Alberto Yáñez, de la Asamblea contra la Corrupción, por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, solicitando cerca de cuarenta medidas de prueba.
Y otra es por presuntos sobreprecios en la obra de la costanera, lo que denunció en 2009 el exlegislador Alejandro Roganti, primero a cargo del exfiscal Daniel Del Vö (ya jubilado) y ahora en el escritorio de Bosio.
EL NUMERO
40 millones de pesos. Ese es el monto estimado que, según lo investigado por los extribunos de la oposición, hacen a la denuncia contra la anterior gestión y llevan a una presunta malversación de caudales públicos. La Justicia ahora busca pruebas en las propias dependencias municipales.
LAS CIFRAS (*)
Banco Nación: 10,6 millones de pesos
Datos del cuarto trimestre de 2014 y primer trimestre de 2015. Denuncian dos alteraciones.
Banco Hipotecario: 8 millones de pesos
Observan diferimientos por créditos y débitos pendientes. Tampoco se pudo comprobar la acreditación de dos plazos fijos.
Banco de Córdoba: 22,6 millones de pesos
Encontraron diferimientos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015, por un total de $22.669.966
(*) Información que consta en el dictamen de los extribunos Naselli y Mussa en relación a la constatación de asientos contables de fondos externos (09/12/2015)
EL DATO
La búsqueda comenzó sin luz en el Archivo. Hasta los propios pesquisas quedaron asombrados cuando al trasponer las puertas del edificio del Archivo, para buscar las órdenes de pago de los años 2014 y 2015, debieron hacerlo con una luz de emergencia, porque no existe iluminación en el lugar. Incluso en la oficina principal de esa dependencia, hace desde el 26 de diciembre que no hay lámpara alguna.
LA FRASE
“Es todo de la gestión anterior” (Eduardo Rodríguez)
