Valeria Cuenca, una estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María, analizó el polémico proyecto que golpea no sólo a la naturaleza

A los integrantes de EL DIARIO:

Desde la Coordinación de Sociología queremos difundir un escrito sobre la reforma de la Ley de Bosques de Córdoba, un texto elaborado por Valeria Cuenca -estudiante de esta carrera que investiga la temática- a partir de nuestra solicitud, a quien agradecemos con sinceridad.

Rogamos difundir este texto, que incluye tanto una referencia explicativa como una toma de posición respecto del conflicto:

“El pasado 2 de marzo la capital provincial presenció una multitudinaria marcha con el objetivo de frenar la reforma de la Ley de Bosques que pretende reducir a la mitad la cantidad de bosque nativo protegido: de los 4 millones de hectáreas que hoy se contemplan se calcula que quedan unas 3,6, de las cuales se quiere dejar sólo 2 millones, de las 13 originales.

El monte no es un conjunto de árboles, es un entramado biológico, social y político, son ecosistemas claves para la regulación hídrica y climática, la protección de la biodiversidad y la subsistencia de comunidades campesinas. Su desaparición implica una disputa de intereses y una relación desigual de fuerzas que definen el uso de nuestro territorio.

La ley cordobesa se sancionó en agosto de 2013, respondiendo a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para los Bosques Nativos 26.331, que disponía a cada provincia argentina a elaborar un mapa de Ordenamiento Territorial que delimitara las zonas de mayor conservación. Este proceso debía realizarse de manera participativa a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), que reuniría a todas las partes interesadas. Este mapa debe actualizarse cada cinco años y el plazo para la provincia venció en 2015.

La COTBN funcionó por dos años con ciudadanos comprometidos en el tema, productores agropecuarios, universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y técnicos especializados, sin embargo, las organizaciones empresario-ruralistas como Cartez, Sociedad Rural y parte de la FAA decidieron, al poco tiempo de conformada, escindirse de la misma argumentando falta de representatividad. Estos últimos dispusieron de sus recursos privilegiados para hacer prevalecer sus necesidades y bajo el argumento que su actividad ganadera se perjudicaría con la restricción de la tala y los cambios en el uso del suelo, lograron por medio de la Secretaría de Ambiente presentar un proyecto diferente al elaborado por la Comisión designada constitucionalmente.

Los recursos económicos que estos aportan al Estado con su renta primó por sobre el cuidado de los bienes comunes, ya que gran parte de la faena se concentra en las zonas del noroeste coincidiendo con la mayor reserva de bosque nativo. Finalmente, la ley aprobada (con respecto a la propuesta por la comisión) reduce el área a proteger en los bordes de ríos y salinas, un cambio en la definición de bosques nativos y la incorporación del “aprovechamiento sustentable” en la categoría roja, que habilita a cambiar el uso del suelo en áreas de bosque protegidas, entre otras modificaciones que vuelcan la balanza a favor de los ganaderos.

Esta ley también favorece a los grandes proyectos inmobiliarios que, principalmente en las Sierras Chicas, depredan los últimos parches de monte remplazándolos por countries y canchas de golf. Estas mismas zonas son las devastadas por las inundaciones de los últimos años, ya que los suelos dejan de contar con la capacidad natural de infiltrar el agua, y ésta corre arrasando con las zonas urbanas pendiente abajo.

Con la modificación de la ley lo único que se permite es que los empresarios continúen atentando y mercantilizando la naturaleza, convirtiéndola en un “recurso” a ser explotado, explorado, dominado y clasificado y, de este modo, insertado en el proceso productivo: la naturaleza ha sido cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico. El territorio es definido por esta porción dominante, dejando fuera a los modos de producción de campesinos e indígenas que viven del (y con) bosque desde mucho antes de que sus tierras fueran valoradas por el mercado. La Ley de Bosques define mucho más que un mapa, decide un modelo de desarrollo excluyente, que expulsa a poblaciones originarias y elimina cultivos de alimentos, cabras y vacas, colmenas, hierbas medicinales, entre otras producciones que hacen a la economía regional de estos pueblos.

La movilización popular muestra otras formas de definir el territorio y es el recurso para visibilizarlo ante un Estado que se muestra indiferente a las mismas. Los sectores que bregan por el cuidado del monte nativo son la fracción dominada en la estructura económica, y el capital social es el dinamizador de esta visión relegada. En el marco del conflicto, la modificación quedó sujeta a revisión y desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se exhortó a la secretaria de Ambiente a realizar audiencias públicas en las que podrá participar la sociedad civil, sin embargo, su realización aún no ha sido confirmada.

La autoridad competente reafirmó la solvencia técnica de la herramienta utilizada en el proyecto de la disputa. La puja está vigente y, como hace seis años atrás, los intereses privados buscan dominar los bienes comunes y, con ello, la vida de sus pueblos”.

Rescata a quienes “estuvieron en las malas”

Jorge F. Ferreyra falleció el 3 de agosto del año pasando dejando un enorme espacio vacío en el corazón de muchos. Fue todo para todos, siempre estuvo presente para acompañar y ayudar a sus amigos.

Tuvo un alma generosa y entregada a sus afectos. Para ellos decía presente, desde para construir una losa hasta para hacer un asado. Fue un canto a la amistad.

En sus últimos momentos no todos se acordaron de él, pero quiero rescatar a quienes sí permanecieron en las malas como habían estado en las buenas: Emilio Trabaglia, José Salusso y Mario Velázquez.

Vilma Sánchez