Hizo hincapié en que deben generar tres cargos, y que esto demanda muchos recursos. También dijo que el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios, pero admitió que “sería deseable” que exista un tribunal para apelar

El presidente del bloque de concejales del oficialismo, Carlos De Falco, coincidió con el planteo de la oposición para que en la ciudad se instrumente un tribunal de Apelaciones para las decisiones de los jueces de Faltas pero advirtió que llevarlo a cabo demandará muchos recursos y puso puntos suspensivos en ese sentido.

Como informó EL DIARIO el miércoles pasado, Juntos por Villa María pidió que se concrete lo que establece la Carta Orgánica (ver recuadro) y entonces se efectivice la posibilidad de apelar lo que determinan los dos jueces de Faltas que tiene la ciudad ante labrado de actas de infracciones. En la actualidad, esto no existe.

Abordado por este diario, De Falco indicó que están “de acuerdo” con el planteo y apuntó que el Ejecutivo “trabaja en la reestructuración o ampliación de la Justicia de Faltas”.

Desde su visión, ésta tiene “dos cuestiones que debemos trabajar: la gran cantidad de causas que tiene, que genera un cuello de botella importante, y la apelación, o sea la famosa Cámara”.

Admitió que “hoy la instancia administrativa se terminó si no estás de acuerdo con la resolución del juez” pero añadió que está la posibilidad de “acudir a la Justicia e impugnarla judicialmente, porque todo acto administrativo siempre es impugnable judicialmente”.

Y subrayó que “la idea de creación de una Cámara representa un gasto ciertamente importante, porque son tres personas las que la integran, con toda la estructura que ello implica, y estamos frente a un Estado municipal que tiene, por las circunstancias económicas y sociales que atraviesa la Argentina, otras prioridades como la asistencia social, de la víctima, de sectores desprotegidos, que en un orden de prioridades tienen mucha influencia”.

“Estamos tratando de encontrar un sistema que nos permita resolver las dos cuestiones que enuncié, hay varias ideas en danza pero tenemos que cerrarlas, no tengo la autoridad para dar una opinión final porque las estamos trabajando, hace largo tiempo que venimos haciéndolo, lo que pasa es que como oficialismo tenemos muchas responsabilidades, no sólo estas”, expresó el también abogado.

Cuando se le preguntó qué ocurre en otras ciudades del tamaño de Villa María, aseguró que “generalmente, salvo capitales de algunas provincias o Capital Federal, las localidades tienen un juzgado de faltas y con eso es suficiente para juzgar administrativamente las faltas”.

“Siempre el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir ante la Justicia e impugnar, sería deseable que tuviéramos una Cámara pero hay una prioridad de recursos. Las municipalidades sólo cobran tasas, contribuciones y multas”, recalcó.

Ante la pregunta sobre qué impacto tiene en el bolsillo del vecino el acudir a los tribunales ordinarios para que se revise una determinación de la Justicia de Faltas – ante la ausencia de una Cámara de Apelaciones- De Falco precisó que de concretarse esta se habilita “la posibilidad de una revisión administrativa de la declaración de infracción e imposición de la multa, lo que obviamente es más económico, mientras que ir a la Justicia ya requiere la contratación de un abogado, salvo que se acuda al letrado de oficio gratuito”.

Según lo que dijo cuando se le interrogó si conoce casos de planteos ante la Justicia provincial por resoluciones de los jueces de Faltas, casi nadie va a los tribunales ordinarios.

“En los dos años y medio que estuve frente la Secretaría del Ejecutivo de la cual dependía tránsito, no hubo casos, como tampoco los vi en los 37 años que llevo como abogado, pero el ciudadano puede ir”, dijo.

Destacó que “por lo general son causas muy simples, que no requieren mucha prueba extraordinaria, son infracciones que generalmente están constatadas y se aplican”.

Sí admitió que “pueden haber distintas interpretaciones legales, a veces los jueces discrepan uno del otro en cuanto interpretan una situación y ahí una cámara ordenaría una jurisprudencia, pero es un costo muy importante por los vecinos”.