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Producirán audiovisuales sobre la dictadura

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Producirán audiovisuales sobre la dictadura
El intendente Gill participó en la firma del convenio que se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Leonardo Favio, previo a la disertación de Trotta

Será con la colaboración del Archivo Histórico y la entidad provincial con la que se firmó un convenio. Estuvo presente el fiscal de la megacausa La Perla, Facundo Trotta, nacido en nuestra ciudad

El intendente Gill participó en la firma del convenio que se llevó a cabo ayer en el Centro Cultural Leonardo Favio, previo a la disertación de Trotta

La Municipalidad de Villa María y el Archivo Provincial de la Memoria (APM) se comprometieron ayer mediante la firma de un convenio a colaborar en la realización de material documental relacionado a las víctimas, familiares y ex presos políticos de la última dictadura cívico-militar.

El intendente Martín Gill encabezó el acto que se llevó a cabo ayer en el Parlamento de los Niños del Centro Cultural Leonardo Favio y que contó con la presencia del fiscal en la megacausa La Perla por delitos de lesa humanidad, Facundo Trotta, nacido en nuestra ciudad.

En representación del APM estuvieron la directora de la institución provincial, María Eleonora Cristina y la responsable del área de comunicación y cultura del organismo, María Laura Villa. A partir del acuerdo coordinarán junto al programa de Historia Oral y Memorias Locales, dirigido por Natalia Magrín, para la producción de audiovisuales.

Trotta egresó del Instituto Rivadavia y a los 18 años se radicó en Córdoba para estudiar Abogacía y adoptó esa ciudad como propia. “Siempre es especial volver a casa”, comentó (ver “No es solamente…”).

La megacausa tuvo su sentencia en agosto de 2016 y condenó a los 45 imputados iniciales, entre los que se encuentra Luciano Benjamín Menéndez.

“Estamos orgullosos de que un hijo de nuestra ciudad haya intervenido en la causa más trascendente de la historia judicial de nuestra provincia y haya culminado ese proceso con un aporte significativo no solo a la memoria y a la verdad, sino a la Justicia”, expresó Gill al iniciar el acto.

María Eleonora Cristina, del Archivo Provincial de la Memoria, aseguró que la situación en ese espacio “está mejorando” desde hace dos años

Una tarea respetuosa

María Eleonora Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria (APM), es licenciada en Comunicación Social y participó en los distintos procesos de entrevistas a ex presos políticos que ayudaron a recrear el lugar donde hoy funciona el organismo en Córdoba capital: la ex-D2 (ubicado en el pasaje Santa Catalina, al lado de la Iglesia Catedral).

“El convenio es específico para trabajar en proyectos bastante concretos y que tienen que ver con recuperar las historias locales, guardar los testimonios, hacerlos más accesibles y elaborar productos que permitan la difusión de esos relatos”, señaló Cristina.

“Ante la magnitud de lo que fue el terrorismo de Estado había más testimonios sobre lo que fue La Perla y La Ribera, en cuanto a dos ex centros clandestinos de detención, que sobre el D2. El primer eje fue reconstruir el uso de los distintos lugares a partir de los testimonios”, comentó la militante por los derechos humanos.

Sobre la tarea que realizarán en conjunto con el Archivo Histórico municipal, detalló: “La metodología tiene que ver con relatos audiovisuales, siempre que las personas estén de acuerdo, que no solamente se compone de una entrevista, sino de varias, a veces vinculados no solo a una historia de vida, sino a una temática como puede ser la identidad sexual, partidaria, etcétera”.

Cristina agregó que “es un lugar custodio, pero de mucho respeto hacia quienes dan esos testimonios”.

 

Sobre el financiamiento

Consultada sobre el financiamiento del APM, creado por el Ejecutivo Provincial en 2007 y desfinanciado durante el último período de De la Sota como gobernador, dijo que el espacio “los últimos dos años fueron mejores que los cuatro años previos”.

“Recién ahora la situación se está mejorando y logramos empezar una obra grande de un edificio para albergar los documentos, porque ya tuvimos dos incendios por motivos eléctricos, están en una situación de mucha vulnerabilidad”, detalló.

El edificio sufrió daños en varias ocasiones producto de hechos de vandalismo que fueron en su momento repudiados por organismos de derechos humanos.