El último de los denunciados, Walter Jara, no se presentó ayer en la Fiscalía, mientras que varios de los denunciados el año pasado designaron abogados defensores. Las autoridades de la Departamental fueron imputadas por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”

La Justicia imputó a una decena de agentes de la Departamental San Martín de la Policía de la Provincia de Córdoba, en el marco de la causa por el cobro irregular de adicionales. Se trata de dos casos, ya que uno fue denunciado un año atrás y el otro en marzo pasado.

En el marco de la causa, la fiscal de Instrucción de Primer Turno, Silvia Maldonado, explicó que hubo “distintas imputaciones”, las que comenzaron el 4 de abril en realidad. Las mismas se vienen notificando y cada uno de los involucrados designando su abogado defensor. Cuatro lo hicieron ayer.

Una de las imputaciones, por el cobro irregular de adicionales que remite a marzo de 2016, tiene a Juvenal González, José Andrada, Neri Medina, Fernando Gaido y Cristian Moyano. Por los presuntos delitos de “incumplimiento de funcionario público”, la situación que les recae a éstos, es que en calidad de autoridades de la fuerza policial departamental, es básicamente un “achaque” por no haber controlado y firmar la autorización de ese cobro.

La otra imputación es “por defraudación agravada” y recae sobre Anahí Alamo, Mauricio Sánchez, Jésica Bollea y Patricia Sabugo. La calificación de “agravado” se sostiene en que se trata de un hecho contra y en perjuicio del Estado. Se aplica aquí el artículo 306, última parte, del Código Procesal Penal (CPP), lo que sería una imputación atenuada, en grado de sospecha.

Los abogados que ya se presentaron en la Fiscalía de Primer Turno para este caso, fueron Eduardo “Tati” Rodríguez, como defensor de Mauricio Sánchez; Oscar Pieckenstainer, para defender a Bollea y Alamo, mientras que Sabugo ya definió que su defensa la ejerza la asesora letrada pública, Silvina Muñoz.

Ausente, más grave

En tanto, el último de estos episodios tiene al policía Walter Jara, quien fue pasado a situación pasiva y ayer debía presentarse en la Fiscalía a cargo de Maldonado. El policía, exjugador de fútbol del Alem de Villa Nueva y otros equipos de la región, no asistió, por lo que será convocado nuevamente. En caso de no hacerlo, la fiscal podría optar hasta por ordenar su detención (siempre que no se presente).

Jara estaría más comprometido en cuanto a la magnitud del delito que se presume haber cometido, el que se califica como “defraudación agravada y falsificación agravada, por la alteración de documento público”, dijo la fiscal, la que apuntó le cabe el artículo 306 del CPP, esta vez, no en grado de sospecha.

Allanaron la sede

Vale recordar que la fiscal ordenó el 28 de marzo pasado el secuestro de la documentación existente en la sede de la Departamental (General Paz 317).

En la oportunidad, secuestraron toda la documentación relacionada al cobro indebido de adicionales, concretamente, “se trata del caso de Walter Jara, quien cumplía funciones en Arroyo Cabral y fue pasado a pasiva y puesto a disposición de la Justicia”, confió entonces el comisario Héctor Luis González, titular de la Departamental San Martín de la Policía, sobre el procedimiento dentro de la misma sede policial.

Dijo también que ni bien se detectó la supuesta irregularidad fue denunciado y su caso puesto “inmediatamente a consideración del Tribunal de Conducta Policial”.

Palabra del jefe

Hay que mencionar que según la acusación, Jara habría falsificado firmas para cobrar adicionales que en realidad no hacía. Se estima que esa situación se mantuvo por nueve meses, hasta que el titular de la Comisaría de esa localidad lo descubrió y lo comunicó a sus superiores. “Dije el primer día que asumí que no toleraré actos de corrupción, así que se dispuso que inmediatamente se radique la denuncia en la unidad judicial y, personalmente, me encargué de comunicarlo al Tribunal de Conducta, que dispuso el pase a pasiva de Jara”, puntualizó González.

“Por supuesto que hicimos las denuncias con todas las pruebas que corresponden”, planteó.

Presunta defraudación agravada del principal Diego Rivarola

Antecedente con pedido de elevación a juicio “en trámite” desde 2011

Esta causa se inició el 26 de junio de 2006, por presunta defraudación agravada, peculado de trabajo y servicio, reiterado, aparentemente, la que transcurrió su investigación y a pesar de que la fiscalía correspondiente reunió material suficiente para solicitar su elevación a juicio, todavía no vio las luces de la Cámara en lo Criminal y lo Correccional de los Tribunales de Villa María.

Ayer, cuando se dieron las imputaciones a los integrantes de la fuerza, en el edificio sede de la Departamental corrió por lo bajo el comentario de que todo podría “quedar en la nada”, apuntando que el “caso Rivarola” no había sido resuelto a pesar del paso de los años.

Sin embargo, en la barandilla de la Cámara, el secretario Guillermo Picco precisó que esa causa se encuentra “en trámite”.

Hay que mencionar que la investigación había estado a cargo de Susana Puente, secretaria del fiscal Francisco Márquez, desde donde el 5 de septiembre se remitió a la Cámara del Crimen, con su respectivo pedido de elevación a juicio. La fiscal Maldonado dijo que “es comprensible, ya que responde a la cantidad y la complejidad de causas que todos tenemos, hay una sola cámara y tres fiscalías, todos elevamos causas. Hay algunas que no tienen detenidos, por lo que pueden esperar y urgen las que sí los tienen”.

“Hay que tener en cuenta que se trabaja con la misma estructura y el crimen además se va modernizando y aparecen hechos más complejos. Lo bueno es que hay denuncia, que no prescribe. Hay que agregar que debe realizarse con jurados populares, lo que lo hace más complejo”, expresó.

En otro ámbito – El caso Hospital 

El cobro indebido de adicionales, se presume que se dio en otros ámbitos dependientes del Estado provincial, tal el caso de la denuncia que presume este accionar irregular en el Hospital Regional Pasteur, como fue denunciado en octubre del año pasado ante la Justicia

El cobro presuntamente indebido de adicionales en el Hospital originó el 21 de octubre de 2016 una denuncia judicial. Ahora, el fiscal de Instrucción de Tercer Turno, René Bosio, investiga lo que expusieron diversos trabajadores del nosocomio a través de una presentación que lleva las firmas del médico Víctor Scoccozza y de la licenciada en Enfermería Susana Bianco.