Escribe Jesús Chirino

Para la dictadura cívico-militar, desaparecedora de personas, iniciada en 1976, lo cultural poseía gran importancia dentro de su proyecto político, a tal punto que se originaron distintas estrategias que no sólo estuvieron dirigidas a censurar expresiones artístico-culturales, sino también a fomentar otras que no representaban conflicto con el pensamiento dictatorial.

Es decir que también existió un plan sistemático relacionado con lo cultural, del cual participaron militares y civiles. Todo lo que se hacía tenía como telón de fondo una concepción determinada de lo cultural que no incluía lo crítico y adhería a un verticalismo que hacía suponer que los sectores dominantes debían determinar qué consumos culturales podían permitirse y cuáles no.

Difusión

En la puesta en funcionamiento de esa visión de lo cultural desde el Estado, participaron quienes integraron los gobiernos de facto en los municipios desarrollando diferentes acciones, algunas incluyeron los libros. En el ámbito municipal se ejecutaron decisiones tomadas en los niveles más altos de la pirámide del poder dictatorial, es así que se controló lo referido a la censura y también se participó de la promoción de las actividades culturales que se veían con buenos ojos por parte del poder.

En esta columna, desde hace diez años, venimos escribiendo acerca de las políticas culturales seguidas desde el municipio de Villa María en esta etapa, destacando los casos de prohibiciones de libros y el retiro de algunas publicaciones de la Biblioteca Popular y Municipal Mariano Moreno. Ahora agregamos datos relacionados a otros eventos que también se dieron en la ciudad y que tuvieron como protagonistas a los libros.

En el marco de lo que denominamos promoción de material bibliográfico de interés de la dictadura, encontramos que el 18 de julio de 1978 se dirigió una nota al comisionado Adolfo Jaca, quien entonces usurpaba el cargo de intendente municipal. Esa misiva fue remitida por el general Arturo A. Corbetta que, en calidad de «delegado ejecutivo» de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), ofrecía la realización de «un convenio a nivel comunal para proveer a las bibliotecas populares, municipales y escolares, de títulos de su stock, que actualicen el patrimonio de aquellas, a niveles culturales y científicos acordes con la hora que se vive».

Como se sabe, Eudeba era la editorial universitaria de la UBA que, luego del golpe de Estado de 1976, fue intervenida por el capitán de navío Francisco Suárez Battan, marino que le entregó a Guillermo Suárez Masson, entonces titular del Primer Cuerpo del Ejército, los libros tildados de «subversivos» que luego serían quemados.

Corbetta llegó a esa editorial luego de haber sido sacado, por luchas internas de la fuerza, de la jefatura de la Policía Federal, cargo en el cual lo había designado su amigo Jorge Rafael Videla. Acerca de este militar, debe señalarse que con el grado de capitán se capacitó en inteligencia en las Escuelas de las Américas, egresando el 6 de mayo de 1961. Su nota a Jaca fue acompañada con una tarjeta personal y, según los escritos agregados a la misma, fue leída por Daniel Pedraza, entonces secretario de Gobierno, quien lo derivó a la Comisión de Cultura «a sus efectos».

Recordemos que en Eudeba se persiguió a su personal, algunos fueron desaparecidos, otros pudieron exiliarse, y se desarrolló una política neoliberal dentro de la empresa a la vez que se organizó la promoción del material cuya difusión le interesaba al régimen. Incluso existía un acuerdo con el Ministerio del Interior para la publicación y difusión de libros que esa repartición señalaba.

En la nota al municipio de Villa María, Corbetta informó que «la programación editorial de esta empresa en su nueva etapa de desenvolvimiento ha puesto un especial énfasis en el cumplimiento de las relaciones culturales y técnicas a todos los niveles del Proceso de la Reorganización Nacional». Luego continúa señalando que «vale recordar que esta editorial universitaria tiene un fondo de casi 1.500 títulos recibidos y reconocidos en toda Hispanoamérica, como de la más alta calidad de su género. Eudeba entiende que es su deber ponerlos al alcance de la Nación argentina, considera que es un convenio con los órganos municipales el medio más idóneo para lograrlo». Claramente Corbetta habla de un plan para la difusión del material bibliográfico que le interesaba a la dictadura. Incluso pasa a referenciar efemérides que la dictadura usaría para realizar actos populosos que mostraría como señales de apoyo a su gobierno. Es así que dice «la circunstancia de conmemorarse este año el centenario del nacimiento del General San Martín y el año próximo los 100 años de la Conquista del Desierto, apoyen ese pensamiento y me mueve a adelantarle, anexos a esta carta, algunos títulos propios de esas materias, junto con otros de interés general». De un total de 1.500 títulos ofrecidos se anexa a la nota un par de páginas con el nombre de doscientos libros. Entre ellos encontramos títulos como «Un soldado argentino», del Cnel. P. Arnold; «El estilo de vida argentina», de Miguel Angel Cárcano; «Sermones patrióticos», del Fray M. Esquiú; «Canto a la Patria Argentina», de J. L. Gallardo; «Ensayos históricos», de J. Irazusta; «Historia de S. Martín», de Bartolomé Mitre; varios títulos de Domingo Faustino Sarmiento; «La música afroamericana», de Ortiz Oderigo; «Genio y figura de Leopoldo Lugones», de J. Irazusta; «Las caballadas en la guerra del indio», del Tte. Cnel. E. E. Ramayón; «La guerra al malón», del Cmte. Prado; «La Australia argentina», de R. J. Payró; «El viento blanco», J. C. Dávalos; «Versos de Carriego», de Evaristo Carriego; «Atahualpa bajo el parral», de Nicolás Granada; «El caudillaje criminal en Sud América», de F. Sánchez; «Un viaje al país de los matreros», de Fray Mocho; «En la sangre», de E. Cambaceres, entre otros tantos.

Retiro de libros de la biblioteca popular

Otro hecho que se dio en tiempo de la dictadura tiene que ver con la decisión que tomaron las autoridades de facto de entonces, junto al Colegio de Abogados de retirar una importante cantidad de libros de la Biblioteca Popular y Municipal Mariano Moreno.

Fue una colección de libros jurídicos que fueron llevados a las dependencias de la institución de los abogados, así queda revelado en los documentos de la época entre los cuales se encuentra una nota fechada el 29 de octubre de 1979, dirigida al comisionado municipal Adolfo Jaca.

Allí la Dirección de Cultura informó que en la Biblioteca existía «una colección de jurisprudencia argentina y de sentencia de la Suprema Corte de la Nación que comprende un total de 175 volúmenes» que había sido adquirida por la Comisión Municipal de Cultura «en el año 1948 y subsiguientes» por lo cual todos esos libros figuraban en el inventario de la biblioteca, el cual estaba registrado en la Dirección Nacional de Bibliotecas Populares.

Esta misiva dirigida a Jaca tuvo origen en el pedido de los libros que hizo la organización que nuclea a los abogados. Solicitud a la que la Dirección municipal se opuso argumentando que no podía cederse esos bienes dado que existía «una reglamentación a la que debe ajustarse el funcionamiento de la Biblioteca como ente adherido a Bibliotecas Populares de la Nación» a lo que agregó que «tampoco se explicaría que dicha sesión fuera con carácter de custodia por cuanto la biblioteca y sus bienes son administrados y vigilados por la Dirección (antes Comisión) de Cultura».

Por último se argumentó que tampoco se justificaba el desplazamiento de los libros, ya que donde estaban eran «accesibles a la consulta de cualquier persona interesada».

Pero todas estas razones no fueron suficientes ante la fuerza del pedido de la referida organización que terminó contando con todo ese material bibliográfico sacado de la Biblioteca Popular y Municipal mediante el dictado del Decreto N° 60 «A» que justificó la acción diciendo que «con motivo del traslado de la Biblioteca Municipal Mariano Moreno…» dejando de lado el carácter de «Popular» de la misma, y por falta de espacio en el nuevo local que ocupaba en la Escuela Superior de Comercio se disponía poner en «custodia» parte de sus libros en otro lugar. En los considerando del decreto aparece que el Colegio de Abogados había ofrecido su local para el depósito de los mismos.

Leyendo la norma legal pareciera que primero surgió la necesidad de buscar un lugar, pero los documentos dicen todo lo contrario, máxime si se tiene en cuenta que el decreto fue firmado por el comisionado en mayo de 1980. Es decir, siete meses después de la recomendación de no despojar a la biblioteca de ese material que formaba parte de su patrimonio.