Una de las entrevistadas postergó tener hijos por no contar con la licencia respectiva. Todos coinciden en la sensación de incertidumbre, presión laboral y en la imposibilidad de planificar su vida por su condición

“Sostener que una persona puede con su trabajo ser objeto de una locación de servicio no es sólo dar muestras de un enorme atraso histórico y social, sino que también es cosificar al ser humano”.

La cita corresponde a Estela Ferreiros, mencionada por el juez de la Cámara de Trabajo de Villa María, Osvaldo Mario Samuel, en uno de los tantos casos en que la Justicia falló a favor de facturantes reconociendo la relación de dependencia como la de un empleado público.

Si bien a ciencia cierta no se conoce el número exacto de facturantes en el municipio local, se estima que unas 500 personas trabajan sin recibo de sueldo y, por ende, sin los derechos reconocidos al empleado estatal. Esta cifra no incluiría a los contratados, mientras que en planta permanente hay aproximadamente unos 300 trabajadores.

Facturas sin derechos

Dos personas, a quien llamaremos E. y O. (las iniciales no son representativas de sus verdaderos nombres) son facturantes hace siete y cuatro años, respectivamente.

E. cobra unos ocho mil pesos al mes, de los que paga 900 del monotributo que exige la Municipalidad, al igual que O., con el agregado que O. le resta dos mil pesos más de la mutual que necesita por una enfermedad que padece.

“Cuando hacía la licenciatura y tenía que rendir, me descontaban la hora si me tenía que ir antes para llegar temprano a la mesa de examen”, comentó E. a EL DIARIO, y aseguró que “no puede faltar” bajo ninguna circunstancia, salvo por enfermedad propia.

Aún con certificado médico, O. expresó que fue solicitada en un anexo de su trabajo en las horas que el médico le había solicitado reposo en el informe.

“Lo mismo pasa con muerte de parientes o para hacer trámites, tenemos que juntar horas extras, que no son pagas, para canjear por esos días”, reclamó O.

“Ellos se encargan de que vos no te animes a reclamar los derechos que te corresponden… Yo no tengo dignidad laboral”, se lamentó E., y dijo que “postergo tener familia por estar en esta condición”.

Siete y cuatro años trabajando sin saber si al mes siguiente el municipio requirirá sus “servicios” y con la expectativa desintegrada de pasar a planta permanente.

“Nos juntamos a estudiar como si fuera un examen final de un doctorado y cuando vas a rendir, ya se saben quiénes son los que van a entrar”, recordaron sobre la única vez que rindieron examen para concursar y pasar a la nómina oficial de empleados estatales.

“Primero te venden que la situación va a mejorar, pero al principio ni preguntás por miedo. Recién ahora me animo a preguntar y se ofenden si decís facturantes, pero es nuestra condición”, relata E.

“A veces no tenés un grano de esperanza de que va a cambiar, pero seguís apostando a Villa María y a la vida que uno lleva acá”, afirmó O., que llegó a la ciudad a estudiar y luego consiguió el trabajo en el municipio.

En tanto, E. resumió: “Mantengo mi trabajo porque generé sentido de pertenencia y porque tengo mi pareja que tiene un ingreso que hace que mi sueldo no sea el único en el hogar”.

“Felices” vacaciones

El personal del área donde trabajan E. y O. tiene por lo general vacaciones desde el 23 de diciembre hasta el primer día de febrero.

“En el caso nuestro, que somos facturantes, tenemos que canjear horas extras, que no nos pagan, para no trabajar esa última semana de diciembre”, detallaron.

Y en enero, además, quedan los últimos quince días a disposición de su jefe o jefa de área para “repartir volantes en la costanera o lo que haga falta”, según su testimonio.

Y más, en épocas de campañas electorales, “repartimos votos y somos fiscales de mesa”. ¿Y si se niegan? Nadie se atrevió todavía, pero basta con conocer la actitud ante la ausencia nada más y nada menos que por enfermedad.

“Ya tenés que abandonar la sala y te empiezan a mirar con mala cara porque parece que tenés que ser inmune y no te puede pasar nada”, indicó O.

Un pacto desigual

A. trabajó nueve años como facturante en una dependencia del Estado municipal y hace dos años logró, al menos, un contrato de trabajo.

Ya pasó el medio siglo de vida y en los últimos años no ha tenido más que 15 días de vacaciones, que antes en el conteo incluían los fines de semana, pero ahora con el contrato corren en los días hábiles.

“Estoy cortando clavos, si me quedo sin trabajo a mi edad, ¿qué hago? Siempre han tomado al «hijo de», a la «prima de», etcétera.

Me prometieron que me iban a pasar a planta cuando entré como facturante. Me hicieron rendir a los dos o tres años de haber entrado y quedé en el tercer orden de mérito, sin embargo, nunca ingresé”, relató al comienzo.

A. asegura que cada vez que se habla de esa posibilidad hay un “estado de nerviosismo” entre sus compañeros precarizados. “Hay maltratos y abusos hacia el personal, pero callamos porque necesitamos el trabajo”, analizó.

En la cláusula 13ª del contrato de trabajo firmado entre A. y el municipio se establece: “La rescisión del contrato por parte de la Municipalidad de Villa María operara de pleno derecho con la sola comunicación dada por escrito al contratante y procederá sin expresión de causas y sin conceder derecho a indemnización alguna a favor del contratado”.

Durante la gestión Gill, que prometió 200 pases a planta, son 40 los trabajadores que pasaron a tener los derechos que le corresponde a todo ciudadano empleado por el Estado.