El reelecto como presidente, Santiago Tovo, destacó la labor que se ha venido haciendo desde la Colegiatura en distintos ámbitos y consideró como positiva la continuidad de proyectos que potencian la labor de los letrados

Durante la noche de ayer, asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de Villa María (CAVM), durante un acto que tuvo lugar anoche en la sede de la entidad que nuclea a los letrados locales.

Cabe recordar que en abril se llevaron a cabo las elecciones en la institución colegiada, en las que se presentó una lista de unidad liderada por el reelecto presidente, Santiago Tovo.

En el marco del encuentro donde los nuevos integrantes del Honorable Directorio asumieron sus cargos, el abogado que conducirá durante un nuevo período de gestión los destinos del CAVM, expresó su mensaje.

“La diversidad de opiniones que puede existir no constituye una diversidad de principios”, apuntó Tovo durante su alocución, destacando el hecho del logro de una lista única para los últimos comicios.

“La defensa del ejercicio profesional se debe hacer a través de varias perspectivas, una de ellas es por medio de la capacitación y la actualización permanente. Por eso el Colegio se ha ocupado en estar muy activo en este aspecto, brindando cursos y actividades académicas”, señaló.

El titular del CAVM además remarcó como positivos a los vínculos establecidos con la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y otras entidades específicas al ámbito jurídico, tal como la Asociación de Abogados Laboralistas.

“La defensa del ejercicio profesional, para tener mayor resonancia en las tareas que se realizan, es importante hacerla junto con organizaciones como la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (Fecacor)”, rescató el referente de las autoridades colegiadas.

Como factor clave pensando a futuro consideró a la formación de los jóvenes, que serán los dirigentes que vendrán y tendrán la responsabilidad de mantener la dinámica institucional.

“Esta oportunidad que tienen los jóvenes de formarse no siempre ha existido y ahora la tienen claramente”, remarcó.

Además de la preocupación constante por los aportes para los profesionales más jóvenes, Tovo consideró como relevantes las acciones que se desarrollan en torno a los jubilados.

“Los que se jubilan no dejan de ser abogados, tal vez se alejan de la profesión y la vida colegial. De todos modos, nosotros ofrecemos un espacio para los abogados jubilados y de esa manera hacer efectivos uno de los motivos que tiene la colegiatura y es ser solidarios con todos los profesionales”, sostuvo.

Por último, Tovo llamó a la “participación” de todos los letrados, “porque creemos en la democracia no solo como una forma de Gobierno, sino de vida”, reflexionó.

“Estamos para tratar de ayudar a todos y juntos encontrar soluciones, no queremos ser solamente receptores de denuncias, sino parte de un esquema que aporte respuestas a las demandas”, acotó.

“Todo el mundo tiene la obligación de proteger a la profesión, no solo aquellos que hoy están en la conducción. Nosotros acompañamos y nos ponemos al frente de los planteos”, aseveró para concluir.

Acta y diplomas

En la ceremonia concretada en la víspera que contó con la presencia de referentes de distintas instituciones de la ciudad, los integrantes de la Junta Electoral entregaron diplomas y solicitaron la firma del acta de asunción a los abogados que acompañarán a Tovo durante el período de gobierno que se inicia.

Las nuevas autoridades son Lorenzatti, Guillermo (vicepresidente); Bertea, Fernanda Gabriela (secretaria); Valenzano, Angelo Horacio (prosecretario) y Scaramuzza, Mariela Alejandra (tesorera).

Como vocales titulares asumieron Perret, Pablo Rubén; Chialvo, Romina del Valle; Aliciardi, Julio César; Demarchi, Amalia Itatí; Hayas, Rodrigo Pablo y Lenarduzzi, Mariela Paola.

En el rol de vocales suplentes se posicionan Zurro, Pablo Andrés; Alvarez, Renata; Ortega, Maximiliano; Zanettini Gómez, Paula; Maccarini, Pablo y Avellini, Eliana Sabrina.

En la Comisión Revisora de Cuentas se desempeñarán Quiroga, Osvaldo; Maciel Medina, Laura Beatriz y Magris, Alejandra (titulares). También tienen su espacio como comisionados suplentes Valazza, María Celeste; Abraham, Emanuel Alejandro y Pavone, Jerónimo.

Opinión sobre el 2×1 – “Ningún poder del Estado puede disminuir las penas en delitos de lesa humanidad”

El 12 de mayo, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que tiene como representante del foro local al letrado Diego Sobrino, emitió un comunicado manifestando el desacuerdo con el fallo conocido como 2×1.

En el mismo sentido, Santiago Tovo, presidente del Colegio de Abogados de Villa María, manifestó su adhesión a esos postulados indicando que “ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada en la causa ‘Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro’, que otorga el beneficio del cómputo doble por cada día de detención preventiva al condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña, nuestro colegio comparte y adhiere a la declaración emitida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en la que expresa la preocupación y desacuerdo con el contenido y resultado de dicha resolución, toda vez que el dictado de una sentencia de alto impacto en el cuerpo social de la Nación requiere de un adecuado análisis de las consecuencias que la misma provocará en la República, cuando la defensa de los derechos humanos se ha constituido en un principio protegido por la sociedad en su conjunto”.

“Esa decisión -agrega la FACA- contrasta y se aparta del principio de progresividad que la sociedad argentina logró alcanzar en materia de Derechos Humanos. Tratándose de delitos de lesa humanidad, resulta preocupante que se apele a la ultraactividad de una ley derogada hace más de 16 años para otorgar un beneficio de reducción de pena, siendo que tal tipo de delitos no admite por ninguna vía esa solución, ya que tanto por la legislación nacional como por la internacional se encuentra prohibida la aplicación de la prescripción, la amnistía, el indulto o mecanismos de cómputo de penas que lleven a su reducción”.

Y concluyen diciendo que “ni la actividad del Poder Legislativo a través de leyes especiales o generales, ni la actividad del Poder Ejecutivo a través de la promulgación de aquellas o indultos, ni la interpretación del Poder Judicial pueden llevar a la disminución de penas en delitos de lesa humanidad. Anhelamos para que en el futuro la Corte Federal, como máximo Tribunal de la República, no recurra a vías de interpretación que generen fisuras en el bloque constitucional y de convencionalidad de protección de los Derechos Humanos”.

De esta manera, los abogados se sumaron a las voces que vienen rechazando desde distintos puntos de vista el polémico fallo dividido de la Corte Suprema.