Barroso indicó que no puede dar datos porque el sumario es secreto. Dijo que la orden del intendente Gill es terminar la investigación “lo más pronto posible”

El asesor letrado del municipio, Oscar Barroso, aseguró que hasta ahora “no hubo reticencia” a colaborar con datos por parte de ninguna de las personas involucradas en la investigación por presuntos maltratos y violencia en el área de Tránsito de la Municipalidad de Villa María.

El funcionario afirmó que se está investigando lo ocurrido y que no puede dar detalles sobre la instrucción del proceso porque el expediente “es secreto”.

Como se conoce, el 29 de marzo pasado el intendente Martín Gill solicitó a Asesoría Letrada del Gobierno iniciar una investigación administrativa, “poniendo a disposición para tal fin toda la estructura municipal y procediendo, en caso de ser pertinente y útil, a la contratación de personal idóneo”, a fin de dilucidar los hechos que se denunciaron en el área de Tránsito. Según la letra oficial, el mandatario actuó tras recibir una carta del secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto, luego de denunciarse públicamente los episodios a través del bloque de concejales de la oposición.

“Sin perjuicio de carecer de pruebas concretas acerca de la existencia de los hechos denunciados -abuso de autoridad, acoso laboral, etcétera- la gravedad innata de los mismos amerita, salvo mejor criterio de su parte, iniciar una investigación sumaria a los fines de comprobar su acaecimiento”, había indicado Sachetto en la carta que le envió a Gill, lo que derivó en la apertura de una causa.

Qué pasó

A dos meses del inicio del sumario, Barroso apuntó ayer que tenía “poco para decir” sobre el tema y aseguró que se sigue investigando.

“Lo único que puedo decir es que se ordenó que se sustancie el sumario. Fui a buscar una serie de documentos al Concejo Deliberante, los cuales para mantener la privacidad de esas personas hemos codificado”, indicó en referencia a una reunión que mantuvo semanas atrás con los ediles de Juntos por Villa María.

“Mayores datos no puedo dar porque es secreto, hasta que no arribemos a la conclusión luego de tramitada toda la prueba”, agregó.

Ante la pregunta sobre el plazo para llegar a una conclusión, el abogado explicó que al mismo “lo va marcando las etapas que se van cumpliendo, no hay un plazo perentorio, pero las instrucciones del intendente son categóricas, de terminar el sumario lo más pronto posible”.

“Se está sustanciando toda la prueba que se disponga para deslindar las responsabilidades”, acotó.

Confirmó que se tomaron testimonios verbales y ante una pregunta aseveró que “hasta ahora no vimos reticencia por ningún lado”.

“Creo que vamos a arribar a una conclusión”, consideró.

La historia

En marzo pasado, el bloque legislativo de la minoría dio a conocer fragmentos de cartas (en las que se preservó la identidad de los trabajadores denunciantes) que reflejan situaciones de maltrato y acoso laboral en la citada dependencia, que depende de la Secretaría de Gobierno y de Vinculación Comunitaria.

Por el caso, días antes de dar a conocer esas cartas, la oposición pidió que Sachetto, el titular de Seguridad Ciudadana, Carlos Vivas, y el coordinador de Educación y Capacitación del área, José Luis Bernabé, concurrieran al Concejo Deliberante ante “situaciones manifiestas de hechos de abuso de autoridad, acoso y maltrato laboral a trabajadores, que en su mayoría por las condiciones de precarización laboral no pueden manifestar, por temor a la pérdida de su empleo”.

Sin embargo, los funcionarios del Gobierno de Martín Gill no asistieron. Sachetto argumentó que está obligado a concurrir al cuerpo parlamentario y “no a un bloque en particular cuando se lo convoque por resolución aprobada por simple mayoría de los miembros presentes en la sesión legislativa”.

Y había dicho que desconocía los hechos que se denunciaron, ya que no receptó (según sus palabras) denuncia alguna, por lo que aquella vez solicitó que se le remitan “a la brevedad” al área a su cargo “los elementos que permitan acreditar, aún de manera indiciaria”, estos graves episodios, para “iniciar las acciones pertinentes por ante los mecanismos administrativos y judiciales que correspondan”.