Pronunciamiento de Mujeres en Movimiento Villa María – Villa Nueva

“Prohibirlo no evita que se siga practicando; legalizarlo convertiría la práctica más óptima para la salud de la mujer”, sostuvieron

“Se trata de que dejen de morir mujeres por intentar decidir sobre su cuerpa (sic). Se trata de poder acceder a esta práctica en los hospitales. Se trata de poder decidir”.

Esta frase es un extracto del pronunciamiento de Mujeres en Movimiento Villa María – Villa Nueva, grupo que entregó un documento a EL DIARIO con su pronunciamiento sobre por qué piden aborto legal para no morir.

El escrito dice lo siguiente…

“Teniendo en cuenta que en estos días la cuestión de la despenalización del aborto, al comenzar su tratamiento en el Congreso, se encuentra en agenda pública y mediática; así como también, el hecho de que distintas personas se sientan con la ¿capacidad? ¿necesidad? de opinar al respecto, decidimos, desde nuestras ideas y nuestras cuerpas, mujeres, informar y también opinar en relación a qué implica debatir sobre la posibilidad de despenalizar el aborto. Contarles por qué exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Y, además, anticipar que esta lucha no solo implica esto, sino que exigimos anticonceptivos gratuitos- para no abortar- y aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral para poder decidir.

Por otra parte, escribimos porque, como mujeres, entendemos que no hay nadie más habilitado que nosotras para opinar sobre una práctica que, en todo caso, se realizaría sobre nuestras cuerpas. Creemos, no obstante, que sería muy productivo que un varón comience a opinar, informar y escribir, sobre vasectomía, por ejemplo.

El hecho de que la despenalización del aborto por fin se convierta en una cuestión de debate público implica dos cosas. Por un lado, que las opiniones individuales que no reconozcan o no quieran realizar una lectura sobre lo que ocurre más allá de su círculo íntimo sobre esta temática carecen del razonamiento que las vuelve válidas. Y, por otro, que lo público no garantiza que sea reciente; el aborto es una práctica que se realiza hace miles de años en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo.

Las mujeres realizamos esta práctica, acompañadas o no por nuestros compañeros o compañeras, y da igual la clase a la que pertenecemos. Se realizan medio millón de abortos por año, es decir, que un 40% de los embarazos no se llevan a término. Las pobres abortan, las ricas también.

Un aborto clandestino cuesta entre $10.000 y $17.000. Si el 80% de las mujeres gana menos de $10.000 y algunas no llegan a ganar $1.600, la diferencia es que son las mujeres pobres las miles que mueren todos los años por realizarse abortos en condiciones para nada óptimas.

En este marco, la práctica no debería ser ilegal. Desde hace 95 años las mujeres tienen derecho a interrumpir legalmente su embarazo bajo ciertas causales. Sin embargo, casi nunca lo pueden ejercer. Aun cuando se encuadra en las situaciones previstas por la ley, son denunciadas policial y judicialmente, poniéndole frenos burocráticos para imposibilitar la decisión. A esto se suma la violencia psicológica y la condena social.

Si se entiende a la salud, desde una visión integral, como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente en lo que refiere a la ausencia de enfermedades o afecciones, no se requiere la constatación de ninguna enfermedad ni de un peligro o riesgo, para poder abortar. La cuestión es que pocas provincias han acatado lo establecido por el Código Penal y en la mayoría de los casos, no se han redactado los protocolos de acción ante estas situaciones.

El 30 de junio de 2016 se presentó (por sexta vez consecutiva) en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se trata de una “amplia y diversa alianza federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país”.   Esta propuesta por la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina cuenta con la firma de más de 40 legisladorxs de todos los arcos políticos.

El proyecto de ley advierte como primeras medidas: en su artículo N° 1, que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional, de acuerdo con el pleno ejercicio de su derecho humano a la salud. El artículo N° 2, que tenemos derecho a acceder a la realización del aborto en los servicios del sistema de salud (en un plazo de cinco días desde su requerimiento).

Así exigimos el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Acompañado de la aplicación total de la Ley de Educación Sexual Integral y la exigencia de anticonceptivos para no abortar. Que el Estado deje de desfinanciar los programas de salud sexual. Y que la Iglesia y los varones dejen de cuestionar nuestras cuerpas y nuestras prácticas.

Es una problemática de salud pública; prohibirlo no evita que se siga practicando, legalizarlo convertiría la práctica más óptima para la salud de la mujer. No se trata de discutir la moral, ética o religión del asunto. Tampoco se trata de discutir si un feto es o no es una vida (de hecho, la ciencia confirmó que no lo es) o si vamos a terminar en el infierno por asesinar o si somos asesinas. Se trata de que dejen de morir mujeres por intentar decidir sobre su cuerpa. Se trata de poder acceder a esta práctica en los hospitales. Se trata, de poder decidir.

Fuentes:
http://economiafeminita.com
http://www.abortolegal.com.ar