Cuando el pueblo no tiene fueros
Señor director:
Julio De Vido se ha convertido en sinónimo de agravio a los argentinos de bien. En nuestra historia moderna, es difícil encontrar a funcionarios con ese nivel de carencia moral que a la vez hayan acumulado tanto poder. En sus doce años como ministro de Planificación Federal, repartió obras para los amigos del kirchnerismo, mientras sus colaboradores más cercanos se revolcaban en el corral de la impunidad.
Desde Diputados, primero se propuso una resolución para autorizar a la Justicia a allanar a De Vido. Para el momento en que se aprobó, ya era demasiado tarde. Hace unos meses planteamos su inhabilidad moral para permanecer en el cargo. Entonces, la moción no prosperó por causa de un turbio entramado de supuestas lealtades -principalmente desde el kirchnerismo- que se confunden con lisa y llana complicidad.
¿A quién le deben su lealtad los funcionarios públicos? No se la deben a un hombre, independientemente de los favores recibidos, de la afinidad partidaria o el poder coercitivo que manifieste. La lealtad, con la que algunos se llenan la boca en octubre, se la deben al pueblo argentino. Muchos de los que impidieron la expulsión de De Vido argumentaron que necesitaban un pedido de la Justicia. Resulta que no hay uno, sino dos jueces, con sus respectivos pedidos, cargados con evidencia suficiente como para reclamar el cese de los fueros, detrás de los cuales se atrincheró De Vido. Y uno de ellos viene con una orden de prisión preventiva. Como muestran los expedientes, Julio De Vido operó a través de una sofisticada ingeniería financiera, utilizando sociedades del Estado para diluir su eventual responsabilidad delictiva, usufructuando el erario y las estructuras de la administración pública para saquear y defraudar al pueblo.
Los legisladores tenemos que garantizar que la Justicia pueda actuar. ¿Qué mejor que resolver el desafuero pedido por los jueces para que toda la investigación pueda ocurrir y pueda hacerse efectiva su prisión preventiva? Esto es lo que los argentinos nos han pedido el domingo pasado en las urnas. Están asqueados de la impunidad y quieren transparencia.
Estamos hablando, además, de una persona con 130 denuncias, inmediato superior de delincuentes presidiarios de la talla de José López, Ricardo Jaime y Roberto Baratta, entre otros que aún permanecen en la oscuridad. Estamos hablando de un hombre con 6 procesamientos, 1 pedido de detención, 21 imputaciones en causas de gravedad extrema. Alguien ponderado como partícipe necesario de un caleidoscopio de estafas al pueblo argentino: “Sueños Compartidos”, sobreprecios en la obra pública “Austral Construcciones”, “Tragedia de Once”, “Compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal”, “Pan American Energy”, “Antonini Wilson”, y otras que también son de público conocimiento.
Ya está imputado por enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad, encubrimiento, cohecho, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, violación a los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Julio De Vido es parte del país que los argentinos estamos dejando atrás. Alguien que debe ser neutralizado y juzgado de manera urgente porque la Justicia en los casos de corrupción es una deuda que el Estado tiene con el pueblo argentino. Es uno de los responsables máximos de la descomposición institucional, moral, económica, federal y cívica que nos dejó el kirchnerismo.
Su desafuero y prisión inmediata ayudarán a recordar a todos que en administración pública, el erario público es sagrado. Es una entrega del pueblo al prójimo, el fruto de su sacrificio, su solidaridad y su manera de construir el país que quieren.
Esos 7.000 millones de pesos en sobreprecios en la compra de gas licuado o los 26 mil millones de desvíos de fondos en el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio no son solo delitos graves. Son insultos al pueblo. Y esa falta de contemplación se convierte, en el corto plazo, en muertos porque los trenes no frenan, en accidentes por rutas destruidas, en inundaciones, en servicios deficientes, en autopistas que no van a ningún lugar, en niños desnutridos, en educación obsoleta. En todo lo malo que nos pasa.
Soplan vientos de cambio. El pueblo lo dejó claro en las urnas. Debemos proteger al pueblo, porque cuando aparece una amenaza de este tipo, el pueblo no tiene fueros.
Diego Mestre diputado nacional por Córdoba UCR – Cambiemos
La defensa del legislador detenido
Señor director:
Por medio de la presente solicitamos espacio para dar a conocer nuestros argumentos, dado que la cerrazón informativa que se cierne sobre el país no permiten hacer llegar al ciudadano común la visión que indica que el tratamiento al diputado nacional Julio De Vido carece de todo sustento legal.
En primer lugar, porque ninguna de las resoluciones judiciales en su contra han adquirido firmeza. Por ello, era absolutamente carente de sentido judicial, inviable e improcedente llevar a cabo un acto de tamaña gravedad institucional como es el desafuero de un diputado nacional.
Era evidente que con solo esperar 15 días aproximadamente para que el propio Sistema de Justicia convalide o corrija las decisiones comentadas, se evitaría un daño descomunal a las instituciones republicanas.
Cada uno de los motivos esgrimidos demuestran la absoluta arbitrariedad en que han incurrido los magistrados que solicitaron el desafuero del diputado De Vido.
Empero resulta oportuno recordar que ha sido la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación -último intérprete de la Constitución Nacional- la que ha determinado que: “…es violatoria de la inmunidad de arresto prevista por el art. 69 de la Constitución Nacional, la decisión que dictó la prisión preventiva de un senador electo -si bien se resolvió no efectivizarla hasta que se produjera el desafuero parlamentario-, ya que se trata de una medida cautelar que restringe la libertad personal y que implica una valoración semiplena de que el procesado es prima facie responsable del hecho…».
La prisión preventiva de uno de los depositarios del poder público es un acto susceptible de producir graves consecuencias políticas, ya que teniendo en cuenta que vulnera la inmunidad de arresto, debe necesariamente supeditarse su procedencia al previo desafuero, pues el criterio contrario implicaría una vulneración a la separación de poderes, al perturbar la actuación del cuerpo legislativo (fallos: 319:3026, ‘Ramos, Carlos Alberto’)».
A los señores legisladores les dijimos que el Sr. De Vido es uno de ellos, es un diputado nacional, elegido democráticamente por el pueblo argentino y que, para decirlo de modo simple, se pretende que les sean quitados los atributos de su rol institucional para el cual fue votado por los ciudadanos y sea detenido en el marco de una causa judicial a la que siempre se sometió y que hasta ahora no fue siquiera indagado.
Lo que pretendemos no es más que evitar el verdadero escándalo jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de este desatino.
Que un juez (Luis Rodríguez) acate de modo vertical una orden de una Cámara revisora, como lo hizo en la causa donde es investigado por supuestas irregularidades en la recuperación del yacimiento minero Río Turbio, y que otro (Claudio Bonadio) denegara una solicitud de excarcelación en el expediente de la compra de Gas Natural Licuado, ya son escándalos jurídicos.
Ya hace tiempo, el señor fiscal federal Carlos Stornelli aún sin haber tomado vista de la totalidad de las actuaciones -tal como lo reseña el magistrado L. Rodríguez- se ha permitido livianamente requerir la convocatoria del Sr. De Vido en los términos del art. 294 -indagatoria- del ordenamiento de forma y, asimismo, su inmediata detención.
Insistimos: hoy es una verdad indiscutible que la decisión de llamar o no a indagatoria es resorte exclusivo del juez de Primera Instancia y, por ello, no apelable.
Agradeceremos la difusión de la presente, que en 24 horas no vio la luz como material periodístico, siendo que fue oportunamente repartida en gacetilla a representantes de los medios acreditados en el Congreso de la Nación, con apenas dos excepciones (entre decenas). Es por ello que tomamos el camino de las cartas de lectores.
Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, abogados defensores del exministro De Vido
