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Ahora, Barotto le envió una carta documento al asesor letrado

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Ahora, Barotto le envió una carta documento al asesor letrado
Cuando Barotto cuestionó por primera vez la falta de rendición de los fondos, Barroso lo intimó mediante carta documento a presentarse en la Asesoría Letrada para tomar conocimiento de la documentación

Centro Estadístico Municipal – Nuevos cruces por el Decreto 832/2017
El presidente de la UCR solicitó información sobre las acciones que llevó a cabo Barroso para defender el patrimonio municipal, ya que es el encargado de hacerlo, como también de asesorar al Ejecutivo por la legalidad de los actos 
El presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, envió una carta documento al asesor letrado de la Municipalidad, Oscar Barroso, exigiéndole que dé una serie de explicaciones sobre la falta de rendición de los fondos entregados a la Secretaría de Economía mediante el Decreto 832/2017, que ascendían a 380 mil pesos.
Puntualmente, en la carta documento le pide a Barroso que informe los motivos por los que no se restituyó o se rindió el dinero ante la Tesorería municipal en el plazo establecido por el decreto, que era de 30 días luego de recibido los 380 mil pesos. También le solicita que explique la razón por la que no se utilizó el procedimiento de compra y contrataciones previsto por la Ordenanza 6.404 para la operatoria del decreto, que era la puesta en funcionamiento del Centro Estadístico Municipal.
Por otra parte, por qué se imputó como gasto en el Presupuesto del año 2017 un “vale” sin conocerse su materialización y, además, cuáles son las sanciones previstas en caso de incumplimiento por parte de un funcionario de la obligación de rendir gastos.
Finalmente, le solicitó que informe si se intimó a la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, y al jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, a cumplir con la rendición de cuentas y si está previsto resarcir al municipio el costo de oportunidad perdido por no disponer del dinero pendiente de rendir o devolver.
La carta documento fue enviada el lunes.
“Creo que al no haber respuesta a los pedidos que se vienen haciendo, por el tiempo transcurrido desde que se retiraron los fondos y como el responsable de velar por la legalidad de los actos de Gobierno y de cuidar el patrimonio de los villamarienses es el asesor letrado, le preguntamos qué acciones ha ejecutado para resguardar el patrimonio del municipio”, explicó Barotto.
“Le enviamos una carta documento porque es la vía que utilizó el asesor letrado para con nosotros, me parece que es el medio de comunicación válido para él, además le imprime un carácter más formal al pedido de información y una mayor obligatoriedad de contestarlo”, señaló.
“A través de los pedidos de informe no hemos tenido resultados. Los concejales tienen innumerables pedidos de informes, sobre distintos temas, y no se los han respondido nunca, y nosotros hemos presentado notas por Mesa de Entradas y jamás nos contestaron una, entonces probamos con otro método para ver si esta vez responden y rinden cuentas de por qué no rindieron cuentas”, remarcó.
“Este es un ejemplo, pero hay muchos casos más, en el año 2017 hay aproximadamente 150 millones de pesos de fondos entregados a funcionarios y a los entes mediante decretos, a eso se lo mencioné en la nota que le dejé al intendente Martín Gill cuando fuimos a la Asesoría Letrada”, indicó.
“Algunos fueron rendidos, otros no, pero el cuestionamiento que le hacemos es que se saquen fondos para funcionarios o los entes por decreto y no por el procedimiento de compras y contrataciones. El decreto es una medida excepcional para casos puntuales y acá lo han hecho un procedimiento habitual, lo que genera hechos poco claros, genera algo reñido justamente con los procedimientos”, consideró Barotto.
“En cuanto al incumplimiento del Decreto 832/2017 creo que hay un perjuicio al erario público, porque si hay que rendir los fondos a los 30 días, o se va con los comprobantes o se devuelve la plata. Cabe recordar que le compete al asesor la defensa del patrimonio municipal, por eso le solicitamos información en función al derecho que tenemos los ciudadanos de acceder a ella”, concluyó.