Los técnicos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) presentaron una propuesta concreta ante la Comisión de Agricultura del Senado para «rescatar» al sector lácteo.

Más allá de las cuestiones coyunturales, como baja de los precios internacionales, lluvias e impacto en los costos de la suba del maíz, la iniciativa apunta a resolver los temas estructurales. Los ejes impulsados son el establecimiento de precios de referencia, la instrumentación de contratos y la puesta en marcha de un fondo anticíclico.

Según datos de FADA, desde 1995 cerraron 19.041 tambos, tres por día. Aun así, la producción de leche creció: 5 mil millones más de litros que una década atrás. Quedan 11.600 tambos y unas 1.000 industrias lácteas. De ellas, 15 concentran el 60% del procesamiento de leche y cuatro representan el 40%. También hay un problema de eficiencia, igual que en el área tambera, ya que un operario procesa mil litros de leche al día, cuando el promedio ideal es de 2.500 a 3.000. Sólo el 25% de la producción se exporta.

«Es claramente un mercado imperfecto en el que los precios que consiguen los productores son menores a los que tendrían en uno menos concentrado», dijo a La Nación David Miazzo, economista de la fundación. Admite que una alternativa sería la organización de los tamberos en cooperativas, pero enfatiza que esa no es una herramienta que pueda aportar el Estado, «es una solución viable que tiene que provenir de los propios productores, debe ser promovida y pueden organizarse no sólo para comercializar, sino para transformar la leche».

Miazzo subrayó otro problema crucial: el lácteo es un mercado no institucionalizado y poco transparente. Prácticamente no existen los contratos y tampoco los precios pizarra o de referencia en tiempo real en la relación entre tambos e industria.

El trabajo -elaborado en base a consultas a productores asociados, las sociedades rurales de Río Cuarto y Adelia María y la Mesa Lechera de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- advierte que el perjuicio a los productores es «alto» al no establecerse las fechas y montos a pagar en el momento lógico.

«Se mueven 10 mil millones de litros al año sin contrato, lo que implica entregar la leche sin saber ni cuándo ni cuánto les van a pagar», alertó Miazzo. En ese contexto, la propuesta es que la compraventa de leche cruda se realice con contratos que garanticen el cumplimiento de las voluntades de las partes.

«Es la forma de dar transparencia, previsibilidad e institucionalidad al mercado», describió y apuntó que se necesita una estandarización de la leche que se puede hacer tomando como referencia una publicación del Ministerio de Agroindustria ya existente.

Claves

Sobre los precios de referencia -una propuesta que las entidades que agrupan a los tamberos impulsan desde hace varios años-, FADA planteó dos sistemas simultáneos. Por un lado, generar un «precio teórico» de la leche de las industrias en base a datos de precios de exportación, de góndola y estructuras de costos.

Por el otro, publicar un precio de referencia o «pizarra» en base al mercado de la leche cruda que debería diferenciarse por cuencas, estándares y condiciones de entrega y pago. La publicación debe ser en tiempo real y de libre acceso.

Para Miazzo, la creación de un fondo anticíclico es crucial. Para la inyección inicial de capital podría haber una combinación de fondos públicos (Nación y provincias tamberas) con financiamiento privado de bancos y una emisión de valores de deuda fiduciaria.

El aporte de los productores se realizaría en función de los vaivenes del precio internacional, el cual se basa en el precio de la leche en polvo y el tambero haría uso en época de crisis. Tiene el fin de aliviar al productor en momentos de rentabilidad negativa, evitar el cierre de tambos y asegurar el suministro de materia prima a las industrias.

La devolución de los fondos aportados proviene de una tasa aplicada a la entrega de leche de los productores y a las ventas de las industrias, en función de la escala de procesamiento. Podría estructurarse como un fideicomiso administrado por representantes del sector productor lechero y del Ministerio de Agroindustria.

Si durante los últimos doce meses se hubiese aplicado una tasa del dos por ciento a la facturación del productor y a la facturación de las industrias, el monto recaudado hubiese sido de U$S172 millones, U$S 1,6 centavos por litro, provistos en un tercio por la producción primaria y el resto por la industrial.