Mediante un comunicado, el gremio apuntó contra el ministro Walter Grahovac, quien durante varios períodos fue su secretario general
Desde la Delegación del Departamento General San Martín de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se manifestaron mediante un comunicado respecto de «la pregunta que el conjunto de los docentes y sectores de la sociedad se formulan todos los años cuando se plantea fijar el salario de los educadores generando conflicto con el Estado provincial»: ¿por qué paran los docentes?
Respecto a esto, aseguran que «en boca del gobernador o de su ministro expresan que la Provincia de Córdoba paga los mejores salarios del país, sin embargo, se reservan en decir que la propuesta está cargada de cifras engañosas que para el común de la gente se presentan como positivas».
Y asimismo, resaltan que «el actual ministro de Educación, Walter Grahovac, fue durante varios períodos secretario general de la UEPC y ante la realidad que se vivía en ese momento, la misma que ahora, él respondía al entonces ministro de Educación: ‘Vamos a imponer por las buenas o por la fuerza una mejora en el básico. Todos esos suplementos como estado docente y adicionales no remunerativos deben pasar al básico; si el gobernador o ese payaso de ministro de Educación que tenemos no entienden, vamos a cortar las rutas los docentes de todo el interior’. Otro dicho fue que ‘la educación que importa es la cualitativa y no la cuantitativa. No importa la cantidad de días de clases, lo que importa son las condiciones dignas del trabajador y su salario”.
Lo que no se dice
Desde el gremio sostienen que «lo importante a considerar es que no se dice que parte del porcentaje ofrecido está integrado por el Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID), cuyos fondos son enviados por el Estado nacional, y tampoco que dicho porcentaje está integrado por cifras no remunerativas, que perjudican el cálculo del salario del docente en actividad y de los jubilados, al no hacerse extensivo el aporte a la Caja».
Y también apuntan a la aplicación de la Ley 10.333, impulsada en diciembre por el Gobierno provincial, que «implica hacerles pagar a los jubilados un aporte del 11% como si estuvieran en actividad. Convirtiéndose esta situación en una aberración jurídica e inconstitucional, violando un derecho consagrado por la misma norma». Además de esto, el gremio de educadores agrega: «No se dice que la tarea docente significa la formación antropológica y técnica de los alumnos, procurando garantizar un Estado eficiente, que propone un futuro de prosperidad en recursos y valores, avalando el bienestar de la sociedad. A cambio se pretende colocarlos en situación de violencia con los educandos y la sociedad, intentando hacerlos responsables (a los docentes) de que el 29 no se inicien las actividades».
Todos estos aspectos que «no se dicen», desde el gremio resaltan que «propician estados de confrontación y distracción para desviar la atención de la sociedad, generan conflictos para crear reacciones adversas con el otro y luego aparecer con las soluciones argumentando que era lo que ellos habían prometido, producen mentiras y engaños, propiciando convertir a la sociedad en su conjunto a ser indulgentes con la mediocridad, sin una educación de calidad, que impida producir un análisis crítico de los conflictos».
Ante esto, concluyen: «Estamos dispuestos a seguir por este camino, porque nuestra dignidad se asienta en la calidad educativa, que podemos brindar a nuestros alumnos en condiciones laborales que garanticen la profundidad de la misma. También nos disponemos a trabajar en la construcción de una nueva realidad con su problemática y al mismo tiempo encontraremos las soluciones adecuadas y a impulsar toda actividad que nos permita encontrarnos y descubrir que juntos podemos modificar sustancialmente situaciones de crisis, de caos, de violencia, especialmente en los sectores más vulnerables».
