
El legislador provincial sostuvo que no es cierta la interna que desde el peronismo “pretenden instalar”. Afirmó que “protegen sus intereses”. Dijo que confía en la investigación judicial

El legislador y vicepresidente del PRO a nivel provincial Darío Capitani sostuvo que la demora del intendente Martín Gill en su calidad de presidente del Eninder en permitir la auditoría externa del ente “no es por desinteligencia sino en consecuencia de la complicidad a la gestión de Eduardo Accastello”, y evaluó que no existe ninguna interna en el peronismo local, sino por lo contrario “actúan protegiendo sus intereses”.
Capitani dijo tener expectativas positivas en torno a la investigación judicial que lleva adelante el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral en la causa en la que está imputado el exjefe del Ejecutivo villamariense.
Precisó que vio tres señales claras de que se está dando curso a lo denunciado: “La vocación de investigar”, la imputación de los denunciados y el operativo policial registrado el martes en la sede del Eninder y en el estudio jurídico de su director Edgar Bernaus.
“Son claras señales de que la Justicia no sólo demuestra interés en analizar la denuncia sino en profundizar una investigación que durante tantos años hemos reclamado”, señaló el legislador.
Comparó esto con lo ocurrido durante el accastellismo, “cuando distintos actores encontrábamos obstruidos diversos caminos, no sólo en lo legislativo y en los órganos de control sino en las acciones judiciales que hubo en aquel tiempo”.
“Poder observar en estos tiempos una Justicia activa procurando esclarecer hechos denunciados satisface la expectativa de que se llegue a una resolución, en donde esperamos la condena jurídica de lo que se ha denunciado”, manifestó.
Cuando se le preguntó si esto no debiera incluir a Javier Pretto, hombre del PRO y diputado nacional que en su momento fue vicepresidente del cuestionado Eninder, dijo que la Justicia tiene libertad para investigar a todos pero hizo salvedades sobre la actuación del dirigente de su partido. “La denuncia formulada a través de (Juan) Zazzetti es sobre quienes han tenido responsabilidad administrativa en el manejo concreto de los fondos”, subrayó y corrió a Pretto de esa responsabilidad.
“Igual somos respetuosos y decimos que cualquier integrante del organismo que ha tenido relaciones con los convenios firmados debe dar explicación en el ámbito de la Justicia. No es que le damos protección a Javier. No vamos a anteponer la cosa partidaria sobre la cosa pública”, declaró.
“Manejo diferente”
“Sí hacemos una diferenciación respecto al manejo de fondos y en ese sentido Javier ha sido, en su calidad de intendente de La Carlota, diferente en lo que fue el manejo de organismos, pasaban los recursos por el Tribunal de Cuentas, se discutían en el ámbito del deliberativo, tuvo procedimientos administrativos distintos a Villa María”, enunció y añadió que “la Justicia tiene que tener la libertad absoluta de investigar a fondo y será la que defina las responsabilidades”.
Consultado sobre la demora de Gill en llevar a cabo el informe externo sobre el ente, afirmó que “su acción lenta no es por desinteligencia sino en consecuencia de la complicidad a la gestión del exintendente”. “Martín ha procurado ser políticamente correcto en términos públicos pero muy imprudente en términos administrativos a la hora de dar claridad sobre lo que la Justicia está analizando, pero está a tiempo de poder brindar la información administrativa que el municipio deberá tener para dar mayor claridad”.
Finalmente, se le pidió su mirada sobre lo ocurrido en la sesión del Concejo Deliberante del jueves, en el que el doble voto de la concejala Verónica Navarro (pareja de Accastello, también imputada por la Justicia) logró evitar la comparecencia de Gill en el órgano parlamentario. “La interna que por ahí pretenden instalar sobre el peronismo no es tal y a la hora de protegerse demuestran esta realidad por sobre la jurídica. Justamente Navarro con su doble voto no sólo protege la imagen del intendente sino la posibilidad de que no se auditen cosas. La interna no es tal sino que se presenta una protección a sus intereses”, señaló Capitani.