El juez federal Miguel Vaca Narvaja confirmó ayer que se trabó un embargo de 1.600 millones de pesos en el “caso CBI” y dijo que el monto surge de una estimación de los movimientos ilegales que habría realizado la financiera y el valor de una posible multa por ese delito.

Vaca Narvaja señaló que se estima en 1.000 millones de pesos las maniobras financiera que podrían ser ilegales y el resto corresponde a una hipotética multa.

El embargo pesa sobre los 37 imputados, entre los que se encuentran los empresarios villamarienses Darío Onofre y Darío José Ramonda (padre e hijo), y además se ordenó a la AFIP que clausure el CUIT de seis empresas “fantasmas”, que se habrían utilizado para operaciones de lavado de dinero.

Aunque la situación del conocido empresario cordobés Euclides Bugliotti no cambió y sigue imputado, este embargo no avanza sobre su grupo económico: “El fiscal (Enrique) Senestrari solicitó medidas en ese sentido, pero no les di curso porque se podrían haber afectado fuentes laborales”, explicó Vaca Narvaja.

El embargo se integrará con inmuebles y depósitos. El juez no es partidario de detener a los imputados, siempre y cuando estos no intenten interferir en la investigación judicial.

El magistrado adelantó, además, que se impuso un plazo de dos años para cerrar la investigación: “No habrá una megacausa, sino que el criterio será caso por caso; se cierra la investigación sobre uno de los procesados y se eleva a juicio”, graficó.

Ocurre que de los 37 imputados, algunos están “claramente complicados”, dijo el fiscal, sin brindar detalles de cuál es la situación de cada uno.