En uno de los casos se argumenta la falta de la aprobación estatal y, en el otro, la necesidad de presentar la declaración de impacto ambiental. Es similar a lo que ocurre en Bárker con la empresa MSU, que construye la planta en Villa María
El pasado viernes, un grupo de vecinos de la ciudad de Pilar (Buenos Aires) presentó una nota al intendente Nicolás Ducoté con el fin de que tenga a consideración las irregularidades que persisten en dos proyectos de centrales termoeléctricas que se construyen en ese partido bonaerense.
Las plantas, que son similares a las que se instala en Villa María, están a cargo de las empresas APR Energy y Araucaria Energy SA.
En el primero de los casos, el establecimiento se construye sin que la firma haya presentado la declaración de impacto ambiental necesaria para todo emprendimiento de este tipo, estando este paso en trámite.
Lo que sucede con el proyecto de Araucaria, en cambio, es aún más grave: no obtuvo el certificado de aptitud ambiental ni tampoco fue categorizada.
Estos detalles se desprenden de la nota presentada por un grupo de vecinos “autoconvocados contra la contaminación en Pilar”. En la misma, informan al titular del Ejecutivo sobre el pedido que realizaron ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia para que se decrete el cese de las obras en ambos predios.
También solicitaron ante ese órgano que “de forma inmediata y urgente se arbitren los medios de fiscalización”.
En el marco del plan energético que se ejecuta en el país -que incluye una central termoeléctrica en Villa María- Pilar alojará cuatro establecimientos de este tipo. Uno ya funciona en el Parque Industrial de ese partido bonaerense; los otros dos son los cuestionados en la nota y el restante aún no tiene lugar de emplazamiento confirmado.
En total, en todo el país serán 29 centrales que aportarán al Sistema Interconectado Nacional, utilizando un tipo de energía no renovable que necesita de un elemento importado -gas- para funcionar y que es fuertemente cuestionada por la cantidad de agua que precisa para enfriamiento, sumado a los altos niveles de contaminación del aire.
“El municipio a su cargo, y usted como representante máximo, tiene la responsabilidad irrenunciable e indelegable de proteger y preservar el ambiente, como así también de velar por el cumplimiento del principio de legalidad en todo lo concerniente a los hechos que acontezcan en el partido de Pilar”, manifestaron los vecinos en la nota presentada.
El fin último de la misiva es que el municipio no expida las habilitaciones que le corresponden mientras que persistan las irregularidades planteadas.
El mismo modus operandi
En la edición de EL DIARIO del martes 5 de septiembre, informábamos sobre una denuncia que efectuaron vecinos de Bárker, un pueblito cercano a Tandil, en Buenos Aires, contra el OPDS por haber emitido el certificado de aptitud ambiental a un proyecto similar de MSU Energy, sin que cumpla con la totalidad de los requisitos.
Esta firma, que es la misma que tiene a cargo la construcción de la central termoeléctrica en Villa María, parece seguir con la lógica que siguen los empresarios de este rubro.
Primero, avanzan, y luego se adecuan a las normas (o no), según el rechazo que genere en la ciudadanía de cada localidad.
