El autor del artículo cita el caso de Villa María, entre otros, como los de La Calera y Alta Gracia

Escribe: Angel Mario Elettore (*)

ESPECIAL PARA INFOBAE Y EL DIARIO

En 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ya daba cuenta de la problemática situación ambiental a la que el mundo se enfrentaría en los años venideros. El texto, ratificado por 197 países, reconoce que el cambio climático y sus efectos adversos son una preocupación común para toda la humanidad, por lo que se requiere una cooperación lo más amplia posible entre todos los países para responder de forma efectiva y apropiada.

Así, a través del Protocolo de Kyoto y sucesivos acuerdos, diversos países, entre ellos Argentina, asumieron el compromiso de limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando la eficiencia energética, la gestión de los desechos y el tratamiento de aguas residuales.

En paralelo al sombrío panorama ambiental, numerosos organismos nacionales e internacionales han llamado la atención sobre los grandes niveles de pobreza existentes en el mundo. Según un informe de desarrollo humano de Naciones Unidas (2015), aunque entre 1990 y 2015 la pobreza económica en los países en desarrollo disminuyó, el número de personas en situación de pobreza extrema continuaba siendo alto: 836 millones de personas en todo el mundo. A nivel nacional, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA analizó la situación socioeconómica del país durante el período 2010-2016 y alertó acerca de un aumento en los niveles de pobreza.

Corrupción en el mundo

Por otra parte, se destaca que los casos de corrupción se han multiplicado en diversas administraciones públicas del mundo. El trasfondo de esto es una administración inadecuada de los recursos públicos, que impide el correcto funcionamiento del Estado y supone una asignación de prioridades incompleta. Además, estos sucesos contribuyen al descrédito social hacia las instituciones del Estado y afectan la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo local. En el caso argentino, la percepción social de la corrupción ubica a nuestro país en una posición marginal en el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) que mide Transparencia Internacional, con la nota cero para la percepción de altos niveles de corrupción en el Estado y cien para los muy bajos. En la medición de enero de 2017, la Argentina obtuvo un puntaje de 36 y quedó en la posición 95 sobre 176 países. Si bien hubo una leve mejoría en la percepción de la ciudadanía, no es suficiente, ya que la Argentina sigue ubicada en los puestos más bajos del ranking.

Asimismo, tal como destaca el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), el Banco Mundial estima que la práctica del soborno representa más de un trillón de dólares por año, lo que erosiona la estabilidad política y aumenta los costos de los negocios y la pobreza. Esta problemática condiciona el comercio nacional, reduce el crecimiento, desalienta la inversión, limita las ayudas económicas y además, internamente, produce efectos negativos sobre la moral de los empleados.

En este contexto, se observa una creciente demanda, por parte de la ciudadanía y de las organizaciones de investigación y desarrollo, de transparencia y rendición de cuentas por parte de los organismos estatales; una demanda centrada en conocer cómo y en qué gasta el Estado en vistas a asegurar una asignación de los recursos adecuada, transparente y equitativa.

Acciones a seguir en los Estados subnacionales

A nivel de las administraciones municipales, y aquí se puede incluir también a numerosas provincias, observamos diversas vulnerabilidades y falencias. Se han quedado en el tiempo con los sistemas informáticos, que no les brindan información adecuada para la toma de decisiones o para seguir a los evasores con políticas eficaces de recaudación. Cuentan con ordenanzas sobre administración financiera que no tienen en cuenta la aplicación del devengado para la correcta toma de decisiones. Tampoco plantean la difusión de sus cuentas en formatos amigables y accesibles como los utilizados por algunas provincias más avanzadas en el tema o por el propio Gobierno federal. No generan datos que provean de manera automática un portal de transparencia para informar al ciudadano de forma precisa y oportuna. No ofrecen plataformas virtuales que posibiliten al Estado comprar a través de sistemas de subasta electrónica que a nivel internacional es hoy uno de los métodos que más transparencia genera, ya que la ciudadanía puede seguir cada compra desde su propio hogar. Todo esto unido a la falta de sistemas de compras con catálogos de bienes y precios de referencias de compras anteriores que ofrezcan más eficiencia.

Estas son algunas de las deficiencias que a todas luces muestran que las citadas administraciones van a contrapelo de lo que hoy pide la ciudadanía y de lo que el mundo avanzado está aplicando. Las soluciones, creo, nacen de un sistema informático integrado que le dé seguridad al ciudadano y que posibilite que tanto la ejecución presupuestaria como los demás datos económico-financieros estén a su alcance.

A lo anterior, que sería el primer paso, se le debe agregar la férrea decisión de aplicar buenas prácticas que contribuyan a optimizar los servicios ofrecidos, la utilización de recursos al interior de las instituciones y la generación de impactos positivos en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Todo ello redundará en el bienestar de la ciudadanía, ya que un organismo gubernamental que considera las buenas prácticas en la toma de decisiones impactará directamente en su entorno. Entre estas prácticas se destaca la validación de reportes de sustentabilidad ante organismos internacionales, la generación de políticas anticorrupción que permitan transitar hacia la aplicación de las nuevas normas internacionales ISO 37001, la reformulación de procesos para eliminar trámites inútiles y el uso innecesario de papel, y la digitalización en la prestación de servicios para tender hacia una presencia cada vez menor del ciudadano en las oficinas públicas.

Casos concretos: Villa María…

Como ejemplos de aplicación de buenas prácticas en Argentina podemos citar a la Municipalidad de Villa María, primer municipio en validar un reporte GRI en América Latina. Le siguió la Municipalidad de La Calera y luego la de Alta Gracia, todas de la provincia de Córdoba.

También es inédito que hoy el municipio de La Calera esté realizando el grueso de sus operaciones de compras a través de la subasta electrónica con catálogo de bienes, precios testigos y con control vía web por el ciudadano.

En estos días además estará colgando a su página web el portal de transparencia donde se podrá ver toda su gestión presupuestaria, económica y financiera; el ciudadano podrá consultar el documento contable de cada operación, incluyendo los recibos de sueldo digitales. En este mismo camino se encuentra el municipio de la ciudad de Unquillo, en Sierras Chicas.

Aunque son solo unos pocos ejemplos, no me cabe duda de que estos cambios llegaron para quedarse y que nadie en un futuro cercano podrá prescindir de las buenas prácticas en la administración, porque las nuevas generaciones tendrán esto como una exigencia innegociable hacia su clase dirigente.

*Exministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba (2003-2015)