Angel “Pollo” Serenelli recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser declarado culpable de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Además, deberá pagar una multa de 112.500 pesos. Podría salir antes de fin de año

Un comerciante villamariense, propietario de una conocida carnicería local, fue condenado ayer en la Cámara del Crimen de esta ciudad luego de que admitiera tener en su domicilio más de 170 gramos de cocaína y un par de dosis de LSD, aunque negó haber realizado venta alguna.

Se trata de Angel Federico Serenelli (31), alias “Pollo”, quien fue declarado culpable de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 112.500 pesos.

Cocaína y LSD

Serenelli, también conocido por el apodo de “Carnicero”, justamente por el oficio que desarrolla, se encuentra detenido desde el 9 de noviembre de 2016, cuando la Policía irrumpió en su departamento de Bruno Ceballos 473, entre La Rioja y Salta, donde secuestró cuatro envoltorios plásticos que contenían poco más de 177 gramos de clorhidrato de cocaína, dos trozos de cartón con ácido lisérgico (LSD), dos balanzas de precisión y medicamentos varios que presuntamente eran utilizados para “estirar” la droga.

En rigor de verdad, los investigadores policiales llegaron al domicilio de barrio Güemes buscando artículos electrónicos malhabidos, pero sorpresivamente en el dormitorio encontraron tres envoltorios de nailon que contenían un total de 23,8 gramos de cocaína y otra bolsa plástica con otros 153,4 gramos de la misma droga, mientras que sobre la mesa del comedor hallaron los dos cartoncitos embebidos con ácido lisérgico.

“No vendió nada”

El abogado Eduardo Luis Rodríguez, quien estuvo a cargo de la Defensa de Serenelli, destacó puntualmente que su cliente “no llegó a comercializar ninguna de las drogas que tenía, circunstancia que posibilitó que pudiera pedir la inconstitucionalidad del mínimo de la pena” previsto por el artículo 5º, inciso C, de la Ley Federal de Estupefacientes Nº 23.737.

Al respecto, cabe señalar que dicha norma legal establece que “será reprimido con prisión de cuatro a 15 años y multa (…) el que, sin autorización o con destino ilegítimo, c) comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o las tenga con fines de comercialización o las distribuya o las dé en pago o las almacene o transporte”.

Sin embargo, en octubre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia declaró “inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes” y sostuvo que el mínimo de cuatro años viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley.

Al resolver un recurso de casación en la causa “Loyola, Sergio Alejandro, por supuesto autor de comercialización de estupefacientes”, el TSJ cordobés sentó jurisprudencia en la materia y cada vez que una persona es juzgada por ese delito, la Defensa invoca ese fallo y solicita que la condena sea de tres años, con lo cual el acusado queda a las puertas de la “libertad condicional”.

Rodríguez invocó ese fallo para solicitar la inconstitucionalidad de la norma antes descripta y justamente pidió una pena de tres años para Serenelli, por lo que con buena conducta y una pericia psicológica favorable podrá recuperar la libertad antes de que concluya el año.

En efecto, como se trata de un convicto primario que, incluso, lleva más de un año entre rejas, quedó a un paso de abandonar el penal de Bouwer, donde actualmente se encuentra alojado. El propio defensor adelantó a EL DIARIO que hoy mismo, a primera hora, solicitará dicho beneficio excarcelatorio.

Otros detalles

Angel Serenelli nació en Villa María el 11 febrero de 1986 y es propietario de la carnicería “El Fogón”, ubicada en Santa Fe 401, esquina bulevar Italia.

El juicio fue presidido por el camarista Félix Martínez y contó con la participación del fiscal Horacio Vázquez (en su alegato pidió una pena de cuatro años para el comerciante) y de la secretaria Gabriela Sanz.