Se trata de Leonardo Córdoba y de María Alejandra Oliva, quienes confesaron haber realizado la actividad ilegal en una vivienda de barrio Florida, donde tenían una rotisería. La mujer mantuvo la libertad porque la sentencia no está firme

Un hombre y su concubina fueron condenados ayer en la Cámara del Crimen de Villa María, luego de admitir que habían vendido cocaína en su domicilio particular, en barrio Florida de la vecina ciudad.

Leonardo Adrián Córdoba (42) y María Alejandra Oliva (30) fueron declarados coautores de “comercialización de estupefacientes” y recibieron penas de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque la mujer mantuvo la libertad ya que la sentencia todavía no está firme.

La pareja fue detenida en diciembre de 2015, durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Intendente Paviotti 9, en el sector sur de Villa Nueva, donde además tenía una rotisería.

En el operativo, la Policía secuestró ocho envoltorios que contenían un total de 20 gramos de clorhidrato de cocaína, según consta en la acusación, que ambos convictos primarios corroboraron con sus respectivas confesiones.

Oliva, madre de tres hijos menores, fue excarcelada poco después (su defensor interpuso un recupero de libertad), pero su compañero y padre de las criaturas se encuentra en la cárcel desde entonces.

Durante la audiencia realizada en el quinto piso de los Tribunales locales pudo saberse que, al menos en dos oportunidades, la pareja le había vendido drogas a un mismo “cliente”, cuyo testimonio complicó la situación procesal de ambos acusados.

De todos modos, tanto Córdoba como Oliva reconocieron su responsabilidad penal en los hechos y posibilitaron que el debate se abreviara, ya que no se receptaron pruebas testimoniales en la sala y se pasó directamente a los alegatos.

Sin embargo, al emitir sus conclusiones, el fiscal Francisco Márquez y el abogado Antonio Alarcos difirieron en los montos de las penas requeridas. El acusador público pidió cuatro años de prisión efectiva para los dos, mientras que el defensor solicitó tres años de cárcel para ambos, pero en el caso de Oliva, que la pena sea de ejecución condicional, es decir en suspenso.

A la hora de dictar sentencia, el juez René Gandarillas optó por condenar a la pareja a cuatro años de prisión efectiva, pero mantuvo la libertad de la mujer mientras el fallo no esté firme. Obviamente que la condición de madre de tres hijos menores también tuvo relevancia en esa cuestión.

Si bien la Defensa había planteado la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, Gandarillas rechazó el pedido e impuso la condena requerida por el fiscal de Cámara.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia declaró “inconstitucional la escala penal para el último eslabón del comercio de estupefacientes” y sostuvo que el mínimo de cuatro años viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley.

Al resolver un recurso de casación en la causa “Loyola, Sergio Alejandro, por supuesto autor de comercialización de estupefacientes”, el TSJ sentó jurisprudencia en la materia y cada vez que una persona es juzgada por ese delito, la Defensa invoca ese fallo y solicita que la condena sea de tres años, con lo cual el acusado queda a las puertas de la “libertad condicional”.

En la Cámara del Crimen villamariense los jueces Félix Martínez y Gandarillas tienen posturas diferentes, ya que el primero hace lugar al pedido de inconstitucionalidad (tal como sucedió la semana pasada en el juicio a Luis Alberto Robledo) y su par no. Así lo resolvió ayer en el juicio a Córdoba y Oliva y resolvió de igual manera el lunes, en la audiencia en la que le impuso cuatro años de cárcel al exfutbolista Leandro “Cachula” Márquez, quien también fue condenado por vender drogas.

En su alegato de la víspera, Alarcos hizo reserva de casación para el caso de que se rechazara el pedido de inconstitucionalidad (lo que finalmente ocurrió), motivo por el cual será el TSJ quien resolverá la cuestión una vez que se conozcan los fundamentos del veredicto. Algo similar había hecho el lunes el abogado Eduardo Rodríguez, defensor de “Cachula” Márquez.

Si prosperan ambos recursos (algo que es muy probable), Córdoba, Oliva y el exfutbolista podrían recuperar la libertad a fin de mes o durante los primeros días de septiembre.