En dos juicios orales y públicos – Absolvieron a la expareja de uno de los acusados

Los hermanos Fabricio y Gonzalo Carranza, junto a Federico Bárcena, recibieron penas de tres años de prisión efectiva por un tiroteo en barrio Botta, mientras que a Andrés Miranda se le impuso una sanción unificada de cuatro años por llevar un arma de guerra por el San Nicolás

Cuatro jóvenes domiciliados en Villa María fueron condenados ayer en dos juicios realizados en la Cámara del Crimen local, mientras que la expareja de uno de ellos fue absuelta y mantuvo la libertad.

La sanción más alta recayó en Andrés Ezequiel Miranda (22), un muchacho nacido en San Francisco, pero domiciliado en esta ciudad, quien recibió una pena unificada de cuatro años de prisión, mientras que Fabricio Ariel Carranza (22), su hermano Gonzalo Martín Carranza (20) y Federico Andrés Bárcena (24) fueron castigados con tres años de cárcel, en todos los casos de cumplimiento efectivo.

En tanto, la expareja del sanfracisqueño, Yamila Ayelén Quiñones (24), compareció en libertad y conservó ese estado, ya que la absolvieron de culpa y cargo.

Las dos audiencias de debate fueron presididas por el camarista Félix Martínez y contaron con la intervención del fiscal Francisco Márquez y de la secretaria Gabriela Sanz. En tanto, el abogado Sebastián Elía asistió a Miranda, la asesora letrada Silvina Muñoz representó a Quiñones y el letrado villanovense Jorge Bustos ejerció la Defensa de los hermanos Carranza y de Bárcena.

Otro aspecto coincidente en ambos procesos fue el empleo de armas de fuego, aunque bajo diferentes circunstancias: Miranda llevaba entre sus ropas un revólver calibre 38 largo por “razones de seguridad” -según argumentó-, mientras que los otros tres individuos usaron una pistola durante un intercambio de disparos con una banda con la que mantenía un enfrentamiento.

Primer juicio

A media mañana, en la primera audiencia de la jornada, Bárcena y los Carranza se sentaron en el banquillo de los acusados, imputados como presuntos coautores de “robo calificado por uso de arma de fuego, agravado por la participación de un menor”, un grave delito que tiene una pena mínima que ronda los nueve años de prisión.

Sin embargo, al momento de formular sus alegatos, tanto el fiscal Márquez como el defensor Bustos coincidieron en plantear que el incidente que había protagonizado el trío no encuadraba en esa calificación legal, sino que se trataba de un hecho de “lesiones leves calificadas” y “abuso de arma”, y solicitaron penas de tres años de cárcel para cada uno.

En efecto, los Carranza y Bárcena, acompañados por un menor, se tirotearon con otro grupo, que también estaba armado, en las inmediaciones de Salta e Intendente Urtubey, en barrio Felipe Botta.

Los tres jóvenes, albañiles de oficio y residentes en ese sector de la ciudad, mantenían diferencias irreconciliables con sus “rivales” por deudas pendientes y alguno que otro hecho de violencia urbana, lo que derivó en un enfrentamiento que incluyó disparos al aire, golpes de puño y un par de culatazos en la cabeza de uno de sus adversarios.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre del año pasado, entre las 12.30 y las 13.30, y poco después la Policía detuvo a los tres agresores.

Tanto los hermanos Carranza como Bárcena son convictos primarios, motivo por el cual podrían solicitar la “libertad condicional” porque llevan 10 meses entre rejas, dos más que los requeridos por la legislación vigente para otorgar dicho beneficio excarcelatorio.

Con buena conducta y una pericia psicológica favorable, dejarán la cárcel de barrio Belgrano en los próximos días.

Segundo juicio

Pasado el mediodía, los que se sentaron en el banquillo fueron Miranda (llegó privado de la libertad) y Quiñones (estaba libre, pero tuvieron que llevarla a Tribunales por la fuerza pública ya que no compareció por sus propios medios), implicados en un hecho ocurrido en  horas de la noche del 10 de marzo de 2017 en la esquina de Buenos Aires e Intendente Reyno, en barrio San Nicolás de Villa María.

A raíz de un llamado telefónico anónimo, efectivos policiales interceptaron a la pareja que iba caminando con sus pequeños hijos (uno lo cargaba la mamá y otro lo llevaban en un cochecito), y en poder de Miranda secuestraron un revólver calibre 38 largo, motivo por el cual fue detenido y quedó imputado por “portación ilegal de arma de fuego de guerra, de uso civil condicionado”.

El joven se defendió diciendo que llevaba el arma “por seguridad”, ya que poco antes de salir de su casa había escuchado tiros y estaba atemorizado de que algo les pudiera suceder cuando ingresaran al San Nicolás.

Como Miranda registraba una condena anterior (tres años de cárcel) por un “robo simple” y un “robo en grado de tentativa”, al momento de dictarse la sentencia tuvieron que unificarse las dos penas.

En su alegato, Márquez pidió una única condena de cuatro años y seis meses, mientras que Elía solicitó dos años y cuatro meses. Finalmente, el juez Martínez le impuso a Miranda una única sanción de cuatro años y absolvió a Quiñones (estaba acusada de entorpecer la acción policial), tal como lo habían requerido el fiscal y la defensora oficial.