El programa ATAJO tiene unas 20 agencias en el país. Una está en Villa María y por eso dos fiscales federales destacaron la labor que realiza el Ministerio Público Fiscal en esos espacios

En el marco del “Villa María Vive y Siente”, estuvieron disertando ayer en el Parlamento de los Niños, Carlos Gonella y Facundo Trotta. Ambos son fiscales federales y tienen su historia personal ligada a esta ciudad. En la charla, Trotta comenzó señalando que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no está integrado solo por “funcionarios judiciales que acusan”, sino que también, tiene, entre sus objetivos, velar “por la vigencia de la Constitución, los tratados de derechos humanos y procurar el acceso a la Justicia”.

Es en ese ámbito, que el MPF creó la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) que “procura eliminar obstáculos que impiden a muchos vecinos, especialmente los más pobres y vulnerables, acceder a la protección de la Justicia”.

“De hecho, al hacer un programa específico, estamos reconociendo que no todos tienen acceso. Parece una obviedad, pero es una realidad”, planteó Trotta.

Una de esas barreras es el lenguaje: “Los funcionarios judiciales deberíamos utilizar un lenguaje más claro”, planteó. “Y el otro, que parece algo mínimo, pero no lo es, es el hecho de que es indispensable un trato amable. Hay operadores judiciales a los que les falta sensibilidad para tratar a las personas”, indicó.

Las oficinas de ATAJO “procuran llevar la atención judicial de pleno centro, lo que le queda muy cómodo a los que viven cerca o tienen movilidad, a los barrios”, destacando el caso de Villa María que tiene una oficina en el barrio Botta. Con eso, pretenden eliminar las barreras geográficas, discursivas y económicas que impiden un verdadero acceso a la Justicia, planteó.

A su turno, Carlos Gonella señaló que realizan distintas actividades con los equipos de esas agencias. “En Villa María, como en Río Cuarto, trabajamos junto a la Municipalidad y a sectores de la Iglesia”, planteó.

Mostró, como ejemplo del trabajo que realizan, un informe sobre préstamos para el consumo realizados por “financieras informales” que prestan dinero a sectores empobrecidos a una tasa un 156% mayor que la de un banco oficial.

En el informe se dio a conocer un caso en Buenos Aires, donde le prestaron 5.000 pesos a un hombre al que luego, le exigían más de 30 mil de devolución.

En estos casos, la Justicia actúa como un engranaje más del sistema que “deja más pobres a esos sectores”, indicando que esas financieras inician juicios ejecutivos en los que el juez no tiene que analizar el origen de la deuda, sino verificar que el pagaré esté correcto y ejecutar los bienes o embargar los magros salarios de los que solicitaron esos préstamos.

“Son muchas las situaciones en las que la gente no sabe cómo acceder a la Justicia. Tienen que saber que ese acceso es un derecho humano”, concluyó.