Se llevó a cabo ayer un plenario de defensores del Pueblo del que participó la auditora de Villa María, Alicia Peressutti. Avalaron un comunicado que cuestiona las políticas de aumentos de tarifas y los despidos

 “Las cuentas fiscales cierran cuando primero cierran las cuentas sociales”, dice el comunicado del defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, al que ayer adhirieron los defensores de distintas ciudades de la provincia de Córdoba, entre ellas, Villa María.

Fue precisamente la auditora de la ciudad, Alicia Peressutti, quien dio a conocer el documento en tono crítico con las medidas del Gobierno nacional “que impactan directo en la capacidad de compra de todas las personas”. Y agregan: “Frente a estas medidas se requiere ahora de otras más profundas, pero de absoluto sentido social”.

En relación a las tarifas piden que se amplíe el espectro de personas que pueden beneficiarse con políticas especiales. En lo que hace al costo del transporte, recomiendan “trabajar en una tarifa integrada, que establezca ahorros y reducciones proporcionales para quien toma más de un medio de transporte (colectivo tren o subte)”.

“El alza de precios no se resuelve con el control de precios, pero tampoco con el mercado cartelizado que determina precios indiscriminadamente, por ejemplo, la leche, las tarjetas de crédito, etcétera.

La concentración cartelizada debe ser combatida por el Estado y el alza injustificada de toda la cadena de comercialización debe abordarse con precios que se acuerden como referencia en conjunto con las organizaciones de consumidores.

A los abusos y a la falta de responsabilidad social empresaria y comercial, hay que responderles con todas las herramientas con las que contamos: los medios, las redes sociales y la organización de boicot de compras dirigido con nombre y apellido a los inescrupulosos”, indican.

Proponen además a los estados que organicen ferias con precios más bajos que los que impone el mercado.

Sobre la política social del Gobierno nacional indicaron que aún con la ampliación de beneficiarios de Asignación Universal por Hijo a un millón de personas más “Unicef Argentina entiende que aun así no se alcanzaría la universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social infantil. Esta medida no puede demorarse”.

Desocupación

“No hay peor grieta que la que se construye con la desocupación, y sólo se cierra con trabajo”, dijeron los defensores en su comunicado.

“Hay personas que se han quedado sin empleo en el sector público, pero también en el sector privado.

Nadie puede defender a un ‘ñoqui’, a quien cobra y no trabaja, porque constituye una afrenta a quien si lo hace y cumple con sus obligaciones.

Pero tampoco se puede permitir que quien trabaja, sea en el sector público o en el sector privado, se quede sin empleo para que cierren las cuentas fiscales en el caso del Estado o las cuentas de los balances en el sector privado.

Si las cuentas sociales no cierran, las cuentas del Estado y de los privados tampoco.

No es posible resolverlo a través de planes sociales, que pueden servir de manera circunstancial, pero jamás como herramienta permanente.

La ayuda social sin trabajo primero ayuda, pero después aísla, degrada a quien queda sometido a la ayuda y no lo integra socialmente. Lo único que integra socialmente y ratifica la condición humana es el trabajo digno”, indicaron en el documento avalado en el plenario de ayer.