Cupo en las escuelas de Nivel Inicial – Un problema que se agrava

La escasez de plazas disponibles en las escuelas en general y en el Nivel Inicial en particular dan lugar a situaciones rayanas con lo tragicómico

La falta de cupo para poder ingresar en los jardines de infantes de la ciudad, primer peldaño de la escalera de la escolaridad a la que todos los niños tienen derecho por el mero hecho de existir, se ha convertido en un verdadero problema al que las escuelas, tanto públicas como privadas, no alcanzan a dar respuesta y no saben cómo enfrentar, por más que lo intenten. Y esto ha generado una suerte de psicosis colectiva que alguien sintetizó con la siguiente humorada: no falta mucho para que las futuras madres vengan con la ecografía a anotar a sus bebés.

La gracia, de amargo sabor para muchos, pone en evidencia un serio problema social: el déficit de una política educativa seria que se ha profundizado en estos últimos años en los que no solo no se están construyendo escuelas, sino que se están cerrando en varios puntos del país.

Y Villa María no escapa a las generales de la ley.

Lo cierto es que, si bien lo de la ecografía es metafórico y supuestamente jocoso, muchas madres han acudido embarazadas o con sus hijos apenas nacido a buscar cupo en  escuelas públicas y privadas de la ciudad.

Graciela Carreras, directora del Jardín de Infantes Antonio Sobral manifestó, en diálogo con EL DIARIO que: “Nosotros, como escuela pública, no podemos anotar a niños en la sala de tres, cuando no han cumplido esa edad todavía; no podemos hacerlo por una disposición del Ministerio de Educación. Aunque sí es verdad que muchas madres embarazadas han querido inscribir a sus futuros hijos, o madres con niñitos muy pequeñitos. A todas les explicamos lo mismo; que nosotros no podemos inscribirlos, que deben ir a los Centros de Promoción Familiar, que están bajo la órbita municipal y que se ocupan de contener, con un muy buen trabajo profesional, a los niños que no pueden aún ingresar al jardín y cuyas madres necesitan trabajar”.

En el mismo sentido, Silvia Vercelli, directora del Jardín de Infantes del colegio  Mariano Moreno, señaló que: “Muchas embarazadas vienen con la idea de anotar en el jardín a sus futuros hijos. De allí que comenzó a circular en los ámbitos de la educación pública del Nivel Inicial que en cualquier momento iban a empezar a venir con la ecografía a buscar una plaza. Nosotros, lo  más que podemos hacer es explicarles que, un año antes de que al niño le toque comenzar, es decir, cuando tiene dos añitos, lo podemos anotar en una lista de espera. Pero no damos garantías  de que haya una plaza disponible, no podemos asegurarlo, no sería responsable ni serio de nuestra parte”, señaló.

El sistema de lista de espera no se agota en los jardines, sino que también en los Centros de Promoción Familiar, donde sí se han registrado casos de mujeres que acudieron embarazadas a inscribir a sus futuros hijos, en algunos casos con la ecografía como documento e incluso con un test de embarazo positivo. Y en este caso, no se trata de una humorada.

Es que en los centros educativos del ámbito privado concurren futuros padres a inscribir a sus hijos y al parecer, en algunos casos, con éxito.

El problema es serio y debería encender las alarmas que despierten a quienes tienen la responsabilidad de solucionarlo.

Un derecho consagrado que a veces no encuentra sillita

“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. Lo dice la Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 2º señala que es de aplicación obligatoria.