El concejal Bustamante dijo que hay un reparto discrecional que favorece a vínculos de la secretaria de Economía

Es en referencia a la actuación de procuradores en causas municipales. Uno de los beneficiados es el hijo de la pareja de la contadora. Los datos surgen de un informe del Tribunal de Cuentas firmado por su presidente

El concejal radical Gustavo Bustamante aseguró que de 17 procuradores con los que trabaja el municipio, tres se llevaron casi la mitad de los montos en danza durante 2017 y son quienes están vinculados a la secretaria de Economía y Finanzas del municipio, Daniela Lucarelli.

El edil pidió informes tanto al Tribunal de Cuentas como a la Secretaría de Economía, solicitando detalle de honorarios percibidos por los procuradores, nombres de los mismos y el director de Procuración. Estos son los que intervienen en causas judiciales, deudas tributarias que pasan a una instancia judicial y causas derivadas de las multas de tránsito.

La respuesta llegó por parte del órgano de control, no así del área que conduce precisamente la contadora Lucarelli.

“El presidente del tribunal me respondió con los números que percibió cada procurador, conceptos y pagos. Allí detectamos que de 17 procuradores, tres se lleva prácticamente el 50% de lo que recaudó la procuración. Fue direccionado de manera intencional a alguien que tiene un parentesco con la secretaria de Economía”, denunció el legislador local al dialogar con EL DIARIO ayer, en su oficina del primer piso del Concejo Deliberante.

“Se debe terminar esta conducta de generar beneficios a amigos y parientes. Nos viene preocupando porque esto no sólo se ve en el área de Procuración, sino además en otros sectores en donde se utiliza también toda la infraestructura del Estado, como pasa, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Villa María”, disparó.

El radical sostuvo que hay funcionarios de esa casa de altos estudios que también lo son en el municipio.

“Hay una vocación de poder exageradamente ambiciosa y sigue predominando el vamos por todo”, consideró.

El caso de Lucarelli

Puntualmente respecto a lo que reflejó el pedido de informes, Bustamante dijo que los mayores beneficiados en procuración “son, entre otros, el hijo de su pareja”. “Es del mismo estudio que recibe la mayor cantidad de causas”, apuntó.

Consideró que “el detalle que surge del informe respondido revela que se privilegia la amistad”.

Puntualizó que en 2017, Maximiliano Micelli, hijo de la pareja de la funcionaria, percibió 1.148.333 pesos. El concejal hizo especial referencia a los siguientes casos, a los que emparentó con la secretaria del Ejecutivo: Franco Aliscioni, por 385 mil pesos; Federico Gutiérrez (N. de la R.: pareja de la secretaria privada del jefe de Gabinete, Héctor Muñoz), por 509 mil pesos; Esteban Favalli, por 431 mil pesos, y Danilo Baiocchi (N. de la R.: funcionario del Instituto Municipal de Inversión), por 522 mil pesos. Todo representa un total de casi tres millones de pesos, “una cifra millonaria que se distribuyó discrecionalmente”.

“Esto no está prohibido, pero evidencia que no todos los abogados tienen las mismas posibilidades en Villa María”, recalcó el entrevistado, quien agregó que “los montos que maneja el resto de los procuradores son mucho más bajos”.

En este contexto, afirmó que además se sumó al Estado local a “mucha gente que no sabe ni para qué está” y dijo que se engrosó el plantel de empleados.

Consultora privilegiada

El explosivo antecedente del Profam

En 2013, Daniela Lucarelli estuvo envuelta en una explosiva polémica cuando se conoció que a través de la Fundación de la Universidad Nacional de Villa María su estudio había facturado seis millones en 18 meses a los municipios de Marcos Juárez y Villa Nueva.

Por entonces la casa de altos estudios defendió la implementación del Programa de Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal (Profam) como una actividad de “extensión académica, capacitación y transferencia de conocimientos” hacia las comunas que tienen “serios problemas” de cobro de impuestos. El Profam se implementó en la vecina localidad pese al fuerte rechazo del radicalismo.

Por entonces, quien era vicerrectora, Cecilia Conci, reconoció que de la comisión cobrada por mayor recaudación obtenida en cada municipio, sólo un 10% quedaba para la Fundación de la UNVM. El resto lo facturaba una consultora privada que pertenece a Lucarelli, quien también fue parte del accastellismo. Esto había tenido el visto bueno del hoy intendente Martín Gill y la consultora había sido elegida arbitrariamente.

Lo que se conoce ahora respecto a la aparentemente inequitativa y discrecional distribución de las causas a procuradores vuelve a comprometer la figura de la contadora y del hoy mandatario en tiempos en que pregonan la transparencia y la igualdad.

Diego Bengoa