Escribe: Andrés Ruggeri
Desde Barcelona*

Después de un mes intenso en que el Gobierno central español y la Generalitat de Catalunya (el gobierno autonómico catalán) protagonizaron una pulseada alrededor de la declaración de independencia, el bloque independentista finalmente decidió dar el paso con el que soñaban desde hace años, la proclamación de la República Catalana. Miles de personas, envueltas en banderas “esteladas” -la bandera catalana con la estrella en fondo azul que identifica a los partidarios de una Cataluña independiente- y al grito de “libertad”, se congregaron en los alredores del Parlament para celebrar la declaración.

Días antes, el 7 de octubre, se había dado una situación similar, pero el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había decepcionado a la multitud al suspender la declaración a la espera de una negociación con Madrid. La respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del resto de los partidos nacionales con la excepción de Podemos, fue subir la apuesta y amenazar con el uso del artículo 155 de la Constitución española de 1978, que selló la transición entre la dictadura franquista y la monarquía constitucional que rige actualmente al Estado español. Ese artículo, sucintamente, da poderes de intervención al Gobierno central sobre las regiones autónomas y es una suerte de garrote nunca antes usado contra las pretensiones de separación de cualquiera de las nacionalidades que conforman España.

El 27 de octubre había un entusiasmo moderado entre los partidarios de la independencia, que salieron a celebrar a las calles, pero sabiendo que lo único que habían hecho era cerrar una etapa, el llamado Procés, para empezar otra, la de enfrentar la reacción del Estado español, que tiene recursos más que suficientes para reprimir por la fuerza el movimiento. A pesar de la represión desplegada en el cuestionado referéndum del 1 de octubre y cuyas escenas dieron la vuelta al mundo, y al no existir de parte de los catalanes indicios de intención o posibilidades de generar un levantamiento armado, la pulseada entre el bloque independentista y el Gobierno español es exclusivamente política y se juega dentro y fuera de Cataluña.

Dentro de Cataluña, las fuerzas que abogan por la independencia están lejos de ser homogéneas. Los partidos de la coalición de Gobierno, Junts x el Sí, el Partido Democrático de Catalunya y la Esquerra Republicana, son partidos tradicionales que compiten entre sí y que han gobernado la Generalitat por décadas. El PDeCat, en especial, es un partido de derecha neoliberal que está salpicado por graves actos de corrupción y que, hasta el momento, siempre había usado la amenaza de la independencia para negociar mayores cuotas de poder con los partidos de gobierno de España. Su apuesta parece haber sido escalar el conflicto para conseguir mayores niveles de autonomía y, principalmente, una cuota mayor de los recursos fiscales que genera la región. El otro socio de la coalición, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), es una organización de izquierda radical que apuesta a la independencia desde una perspectiva anticapitalista. Para la CUP, no se trata solo de independencia, sino de República. Y en la península ibérica, República significa recuperar los ideales y las luchas del bando perdedor de la Guerra Civil. La CUP es la que mueve la calle y cuenta con esa arma para presionar a Puigdemont a acelerar el paso.

Pero además, no todos los catalanes están dispuestos a ir tan lejos: el apoyo a este bloque no logró superar el 50% en las últimas elecciones, aunque consiguió la mayoría en el Parlamento. Incluso, el avance hacia la independencia hizo aflorar un españolismo hasta ahora oculto en el contexto catalán, con banderas españolas, incluso franquistas, en las ventanas compitiendo con las esteladas, y movilizaciones de ultraderechistas violentos.

Ese panorama de reacción es aún mayor en el resto del Estado español. Los ultranacionalistas y franquistas se están haciendo notar en las calles de Madrid y otras ciudades, el Gobierno del PP, que a duras penas consiguió mantenerse en el poder en los últimos años, se muestra fortalecido por el desafío catalán, y la nueva izquierda de Podemos ha quedado en el lugar más incómodo, el de defender el derecho a decidir de los catalanes, pero en contra de su independencia. También la monarquía ha salido a defender la unidad de España y la legalidad, con el rey Felipe VI abandonando el tono mediador de su antecesor y atacando por televisión a los independentistas.

La República catalana tiene pocas posibilidades de sobrevivir a la intervención y lo saben. En cuestión de horas o días el Gobierno de Rajoy tomará control de las instituciones en Barcelona y poco podrán hacer los independentistas para evitarlo. Pero pensar que eso resuelve el problema es prematuro. Los partidarios de la independencia dieron un paso sin vuelta atrás. Si consiguen ampliar su base de apoyo en la propia Catalunya pueden poner en crisis el régimen español en su conjunto. El Gobierno central junto con la intervención llamó a elecciones para el 21 de diciembre, que los independentistas pueden boicotear y devolver la jugada del referéndum o participar e intentar ganarlas. Mientras, la CUP y otras organizaciones de base están armando los Comités de Defensa de la República, al estilo de los CDR cubanos. La Unión Europea, a la que también piden ayuda los catalanes para abrir algún tipo de negociación, se ha mostrado hasta el momento firme en el apoyo al Estado central, pero eso puede cambiar si Rajoy se decanta por la represión violenta. La incertidumbre es grande y se verá en los próximos momentos si la República catalana tiene posibilidades de sobrevivir.

• Lic. en Antropología UBA.
• Co-organizador de los Encuentros Internacionales “La Economía de los Trabajadores y Trabajadoras”
• Escribió diversos libros sobre el Mov. Nac.de Empresas Recuperadas Argentinas