POZO DEL MOLLE – Reniegan de lo que consideran “una injusticia”

Por un lado, la Justicia ordinaria hizo ejecutar la medida, mientras desde el Ejecutivo provincial ya habrían decretado que quien fuera adjudicataria de la vivienda deja de ser su propietaria por falta de pago y otros ítems atenuantes

Así lo aseguró la abogada María Teodora Perassi a un cronista de EL DIARIO, cuando se concretó el desalojo que habían advertido meses atrás.

Precisamente el 18 de marzo pasado publicamos en nuestras páginas la acción inminente de la Justicia, a pesar de la extraña situación de adjudicación y patrimonial de la vivienda en cuestión.

El juez de Paz de Carrilobo, Miguel Angel Figueredo, quien subroga en la localidad de Pozo del Molle (en remplazo de Mariana Dellacasa), pasó en la tarde de ayer a hacer cumplir la orden del juez de Cuarta Nominación de los Tribunales de Villa María, Sebastián Mojo, para desalojar a la inquilina Marcela Amaya y un hijo de una casa de barrio construida a través de los plantes del ex-Instituto Provincial de la Vivienda (ex-IPV). En esta vivienda Marcela paga un alquiler desde hace 12 años, aseguró.

Perassi expuso que “la Justicia provincial y el Ejecutivo contraponen estas definiciones. Reniegan “de devolver una casa a quien ya no es su dueña”. Es ese aspecto, apuntó que quien aparece como presunta propietaria, Leonilda Albina Barrale, “fue desadjudicada en 2015”.

“Nos parece injusto que tengamos que devolverle este bien que es del Estado a alguien que nunca cumplió y que, evidentemente, nunca lo necesitó”, insistió la letrada.

Sin respuestas

En la tarde de ayer, Amaya pudo entrevistarse con el intendente Carlos Salvático, pero no obtuvo una respuesta al menos satisfactoria que evitara el desenlace.

También la abogada de Amaya recordó que “hace 12 años, Marcela estaba desesperada, con tres hijos menores de edad, sin trabajo estable y sin un lugar donde vivir. Le ofrecieron esta casa y aceptó”.

“Hoy, frente al desalojo, Marcela vive solo con un hijo varón, que ya es mayor de edad, pero se le suma que su subsistencia depende de estar allá, porque trabaja en un local comercial de Pozo del Molle y no puede quedar en la calle así nomás”, añadió Perassi.

De palabra

En su relato, Amaya dejó en claro que llegó a esta casa “con tres hijos menores, necesitaba un lugar donde vivir y este alquiler resultaba accesible”. Repasó que lo podía pagar y que cada seis meses aumentaba el costo, que fue algo “siempre de palabra que duró mucho tiempo” y que “hace casi 12 años” que está allí, habiendo llegado cuando “no tenía trabajo fijo, limpiaba casas, trabajaba de moza los fines de semana”, según describió la mujer, de 45 años.

Todo comenzó cuando “una vez me pidieron la casa y una persona me recomendó averiguar si habían pagado lo que tenían que pagar por ella”, la cuota al ex-IPV, claro. Esa revelación ayer se convirtió en el calvario del desalojo. Indicó que se encontró con que “desde el propio Ministerio me confirmaron que nunca habían pagado y que estaban incurriendo en una falta y hasta me recomendaron que hiciera una nota de pedido por la casa contando mi situación”.

“Se presentó todo. Me dijeron que solo quedaba esperar. Ellos se enteraron y empezaron la demanda para sacarme”, planteó.

Al mismo tiempo, la adjudicataria de la vivienda de este plan social, Leonilda Albina Barrale, en marzo de 2013 le inició una demanda por desalojo, “resuelta casi cuatro años después a favor de la demandante”, apuntó Perassi. Pero resulta que “en el medio del proceso, la demandante fue desadjudicada”.

Perassi afirmó que “el 27 de agosto de 2015 se le notifica que el Ministerio de Infraestructura la desadjudica y le aclara los motivos, entre ellos, que no había hecho la escritura, que debía dinero, etcétera, todo con el proceso judicial vigente”.

El representante de Marcela renunció sin que ella se enterara y quedó atrasada su defensa, “quien podría haber deslegitimado este proceso por no ser propietaria (la demandante)”, esbozó Perassi.

“Hay que exponer que no solo no vivió, no pagó, no cumplió, sino que encima cobraba un alquiler y esto la Justicia lo denota porque hay comprobantes del pago de ese alquiler”, reclamó la asesora.

Todo presentado

La abogada de Amaya aseguró que está todo presentado ante la Dirección de Viviendas en Córdoba para que su representada se pueda convertir en adjudicataria, de esta o de otra unidad habitacional en similares situaciones que puedan aparecer en la localidad.

Por último, Perassi reflexionó: “Esto es injusto para el pueblo. Eso es el caso de Marcela, porque queda con las cosas tiradas en la vereda o en un espacio prestado, con la necesidad de vivienda que tiene ella y que hay en general”.

Anoche la casa quedó vacía.

IDIAZABAL – Capacitación para el agro

La Municipalidad de Idiazábal abrió las inscripciones para un curso sobre “Costos y márgenes agropecuarios”, que se dictará a partir del 13 de junio.

Se trata de una capacitación que tendrá una duración de dos meses, dividida en ocho clases y el lugar donde se desarrollará será en el Salón de Usos Múltiples del municipio.

Respecto a lo que marcaron como “inversión”, las autoridades municipales apuntaron que el costo para los estudiantes es de una cuota de $1.000 o dos cuotas de $600; los adultos, en tanto, deberán abonar una cuota de $1.200 o dos cuotas de $750, lo que en ambos casos incluye material teórico y software de costos.

Explicaron que está destinado a productores, profesionales y administrativos del agro, además de estudiantes de los últimos dos años del secundario.

Para informes, los interesados se pueden contactar vía correo electrónico a yanina_colagrossi@hotmail.com o al teléfono 3537-15601155. Adhiere la Municipalidad de Idiazábal.