Este mes se pone en marcha la Central, luego de un proceso de instalación irregular. Desde la asamblea de vecinos difundieron una imagen que contradice lo expresado por el mandatario en una nota publicada por EL DIARIO. Había asegurado que “no hubo un solo ladrillo colocado previo a la Audiencia Pública”, cuando en realidad se trabajó durante casi cinco meses hasta que se obtuvo la licencia ambiental

Este mes se pondrá en marcha la Central Termoeléctrica que se instaló en uno de los anexos del Parque Industrial de nuestra ciudad mediante un proceso irregular, en el cual la empresa MSU Energy salteó distintos pasos legales para empezar su construcción y contó con el aval de Nación, Provincia y municipio.

Las irregularidades en la radicación de la industria que generará energía para distribuir al resto del país -es decir, que el recurso no se quedará en la ciudad- motivaron la creación de la Asamblea No a la Termoeléctrica, conformada por un diverso grupo de vecinos.

Hace unos días, desde ese espacio desmintieron lo dicho por el intendente Martín Gill a EL DIARIO, en una nota publicada el 2 de diciembre de 2017.

El medio digital La Ventolera entrevistó a integrantes del colectivo quienes se encargaron de cuestionar a Gill.

En su momento el titular del Ejecutivo, consultado sobre las errores cometidos en los distintos pasos legales, aseguró que “lo que realizó MSU en su momento fue comprar el predio y solo hubo alguna intervención en materia de amojonamiento y de movimiento de suelos, pero no hubo un solo ladrillo colocado previo a la Audiencia Pública. Nos queda una enorme tarea en materia de control concurrentemente a organismos nacionales y provinciales”.

Según lo dicho por los vecinos a La Ventolera, se trata de puras “mentiras” , afirmación que justificaron con una imagen.

Se trata de una captura de pantalla de un informe del canal universitario Uniteve, en la cual se observa un cartel que declara el 20 de marzo como el día de inicio de obras (la foto fue tomada el 15 de julio).

“Es inconcebible que en cuatro meses, con casi 300 obreros trabajando no se haya colocado ni un ladrillo, como dice el intendente”, cuestionaron.

Cuatro meses fueron los que transcurrieron entre el comienzo de la construcción y la obtención de la licencia ambiental que otorga la Provincia, paso que debería respetarse para iniciar cualquier tarea.

Gill, en sus palabras, toma la Audiencia Pública como requisito para emprender la construcción, pero en realidad hasta no obtener licencia ambiental no se puede avanzar sobre el terreno.

En la misma nota se cita la ley   10.208 de Política Ambiental, que establece respecto a las audiencias públicas en su capítulo V: “Se establece a la Audiencia Pública como procedimiento obligatorio para los proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley. La Autoridad de Aplicación debe institucionalizar las audiencias públicas y establecer los otros mecanismos de consulta para los demás proyectos que no están sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto Ambiental. Las audiencias públicas y demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.” (artículo 35).

En el texto publicado por La Ventolera se advierte, además, que “en el relevamiento del marco legal se nota la ausencia de la contemplación de la Resolución N°105/17 de la Provincia de Córdoba con el Anexo de las Tablas que establecen los parámetros de calidad de aire (aprobada en 2016 y publicadas sus tablas en 2017); clave para regular y controlar la calidad de aire de la empresa teniendo en cuenta las consecuencias particulares que trae aparejada en cuanto a este tema”.

El informe resalta que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por MSU “refiere en su marco legal a la Ley Calidad de Aire de Buenos Aires. Ley 5.965- Dec. Reg. 3395/96, pero se desentiende de la normativa provincial. Es decir, toma los parámetros de la ley de Buenos Aires y los compara con los datos arrojados en el EIA de la Central que se desarrollará en Villa María- Córdoba; de esta forma, no hay referencia a los parámetros de calidad de aire estipulados para la provincia cordobesa. En este caso, los estudios de calidad de aire se realizaron en febrero de 2016, también antes de la Audiencia Pública y, paradójicamente, antes de las habilitaciones. Esto quiere decir que la empresa ya tenía relevado el terreno sin previa consulta”.