La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Eduardo Daniel Rodrigo, presidente de la financiera CBI Cordubensis SA, y dictó la “falta de mérito” del empresario villamariense Darío José Ramonda, director de la concesionaria Centro Motor de la capital provincial.

Rodrigo está imputado como supuesto autor de “intermediación financiera no autorizada agravada”, “partícipe necesario de lavado de activos agravado”, “partícipe necesario de evasión tributaria agravada” y supuesto autor del delito de “defraudación por administración fraudulenta”, destaca el fallo judicial que se dio a conocer en la víspera.

La resolución judicial continúa detallando las acusaciones contra el titular de CBI como supuesto “partícipe necesario de lavado de activos agravado”, presunto autor de “defraudación por retención indebida”, supuesto autor de “evasión tributaria agravada” y “asociación ilícita en calidad de jefe u organizador”.

Sin embargo, se confirmó la continuidad del proceso para el resto de los socios de CBI: Julio César Ahumada, Aldo Hugo Ramírez, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera, todos como presuntos miembros de esa “asociación ilícita”.

Sobre los Ramonda

Además, por unanimidad, la Cámara dictó la “falta de mérito” de Darío José Ramonda, quien está acusado por los delitos de “intermediación financiera no autorizada agravada” y “asociación ilícita”, y revocó una resolución que disponía el embargo de bienes y la inhibición de la libre disposición de los mismos, aunque su padre, el también empresario villamariense Darío Onofre Ramonda, sigue acusado de formar parte de la “asociación ilícita” liderada por Rodrigo, pero en calidad de “aportante de fondos”.

En efecto, el conocido expiloto local está imputado como presunto “partícipe necesario de intermediación financiera no autorizada agravada” y autor de “defraudación por retención indebida” luego de que se rechazara un planteo de nulidad por exclusión probatoria formulado por la Defensa.

El tribunal de la Sala B de la Cámara Federal se constituyó con Liliana Navarro (presidenta), Graciela Montesi y Eduardo Avalos y numerosos puntos de la resolución fueron definidos por mayoría, lo que indica la discrepancia de uno de los camaristas.

Uno de los puntos que salieron por mayoría es el atinente a la “exclusión de la prueba”, que algunos defensores habían discutido y fue rechazado por la Cámara, con disidencia de uno de los vocales. Esto tiene que ver con la inclusión de pruebas aportadas por testigos anónimos, sin conocimiento del juez.

De la extensa resolución, de más de 570 fojas, también surge que se mantienen los embargos de numerosos imputados, particularmente los socios de CBI. En cambio, otros involucrados que ven más aliviada su situación pueden disponer de esos bienes, como el caso de Darío Ramonda (h).

Con respecto al fallecido Jorge Suau, vicepresidente de CBI, la Cámara rechazó el decomiso de sus bienes.