La 15 de Mayo seguirá prestando el servicio de agua, cloacas, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales

Todos los concejales aprobaron extender la concesión a la entidad que presta el servicio desde 1992. El expresidente de la Cooperativa quedó en la mira

Lo que hasta semanas atrás era casi impensado, ayer se concretó: todos los concejales aprobaron el nuevo contrato de servicio de agua potable y cloacas extendiéndole así la concesión por una década a Aguas de Villa María, el nombre de fantasía de la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo, la que maneja el esencial servicio desde 1992.

Para que exista el aval de los doce concejales fue clave la ampliación de los integrantes del ente de control, entre otros puntos que son los que se mencionaron en nuestras últimas ediciones. Pero también incidió la salida de Mario Valenti de la Presidencia de esta entidad de la economía social, lo que quedó sobre la superficie con los discursos de Karina Bruno, del PRO, y Nora Landart, del radicalismo. Y fue muy llamativo que los duros pronunciamientos de las ediles opositoras resultaran aplaudidos por los trabajadores cooperativistas, que ayer colmaron la casona de calle Mitre.

Bruno sostuvo que “el servicio es bueno, eficiente, se presta correctamente” y valoró el hecho de que los miembros de la citada empresa conozcan “cada caño, cada canilla de la ciudad”. También consideró que la tarifa es correcta y concluyó en que “es bueno el servicio, a buen precio y con buenos trabajadores”. Ahí fue que apuntó hacia Valenti. “Era otro el motivo” de los cuestionamientos, disparó.

“La eventual conducción erró los caminos”, interpretó la legisladora local y agregó una crítica al intendente Martín Gill sin mencionarlo, cuando expresó que “primó en mucho tiempo una escondida improvisación del Ejecutivo sobre lo que iba a hacer” al finalizar el contrato original.

Ilustró que en este marco se dio “una interna del justicialismo”, una “pelea de fondo” entre Gill y su antecesor Eduardo Accastello. Repasó que el actual jefe comunal aventuró con una posible estatización del servicio mientras el exmandatario hablaba de un eventual negocio si eso se concretaba. “Se perdió un año y medio en esa discusión”, criticó Bruno.

Según la edil, su bloque siempre consideró que el esquema de la economía social tenía que estar presente.

“Hubo errores que tienen nombre y apellido”, manifestó como preámbulo para atacar a Valenti, de quien dijo que “se olvidó de que estaba conduciendo un espacio que prestaba un servicio público” y sumó que “no tiene derecho a poner en riesgo a muchas familias” por algo “personal”. Allí recordó que el expresidente de la Cooperativa fue candidado a concejal por el accastellismo y sostuvo que el exintendente “utilizó a la Cooperativa con fines políticos”.

Anexó el hecho de que “la Municipalidad renunció a todos los controles”, advirtiendo que el contrato anterior ya contaba con elementos de control y que no se efectivizaron. “Y esto no es responsabilidad de la Cooperativa, más allá de la conducción”, acotó.

Tras esto, elogió a los trabajadores y nombró a personas puntuales por su predisposición, solvencia técnica y esfuerzo. En ese contexto dijo que Pablo Longo, abogado miembro de la Cooperativa, “no buscaba el octavo voto (en alusión a que sí o sí la extensión de la concesión necesitaba al menos un aval opositor) sino que se entendiera lo que hacía la entidad”.

Bruno también hizo referencia a toda la polémica en torno a la planta depuradora de líquidos cloacales, acusando que la gestión accastellista  tuvo una “demora injustificable” en certificar los avances de obra ante el Estado nacional (que fue el que giró los fondos) lo que “hizo que se perdiera un tiempo tan valioso hasta finalizarse el contrato”. Apuntó que el Gobierno nacional, luego -ya con Mauricio Macri- decidió un parate en la obra “hasta tanto hubiera una definición jurídica” sobre cómo continuaría el servicio.

Ahora ya con la decisión, propuso que “ya desde este lunes” se puede hablar con integrantes de Enohsa para la reactivación.

“Por el desprestigio…”

También en similar sentido habló Nora Landart, quien subrayó el dato de que “por el desprestigio por la vinculación con el poder político de turno” por parte de Valenti, la entidad modificó su razón social. Lo expresó en alusión a que para cambiarle la cara a la Cooperativa, con la salida de Valenti del cargo principal también pasó a llamarse “Aguas de Villa María”. Luego resaltó las bondades de la economía social, que “resuelve los problemas que el capitalismo neoliberal” no deja de generar.

Por expresiones de la oposición, Carlos De Falco, cuestionó el índole político de los discursos. “La decisión de que la cooperativa continúe es de este gobierno”, recalcó y recordó que desde la minoría se quería una Cooperativa de usuarios. Y disparó hacia el radical Ramón Mestre, intendente cordobés: “No puso un caño”, destacó, subrayando que en esa ciudad solo el 30% tiene estos servicios.

Con foco en la cobertura total

La concejala accastellista Verónica Navarro destacó que la Cooperativa tiene la tarifa “más baja de la provincia” e hizo hincapié en el hecho de que la localidad cuenta con cobertura de agua potable y cloacas en el 100% de su superficie.

Recordó que en 1992 el intendente radical Miguel Veglia decidió otorgar la concesión del servicio a la 15 de Mayo y que luego “un gobierno de gran transformación” avaló su continuidad. “Tal vez es la política de salud pública más importante”, manifestó en referencia a lo que sanitariamente significó la cobertura de un servicio esencial para la población.

“Villa María es la única ciudad de más de 50 mil habitantes que cumple con el 100% de cobertura”, recalcó.

En tanto, De Falco explicó que con esta renovación de la concesión “se reitera el compromiso con la economía social” y el servicio queda en manos de ciudadanos villamarienses, “beneficio que hace al PBI de la localidad”.

Graficó que si hubiese sido otorgado a una empresa foránea “se llevaría la utilidad y seguramente traería gente de afuera”. Además recalcó que si existen pérdidas, no se trasladan a la tarifa ni al municipio sino que sus trabajadores tendrán retornos menores. “No es el Estado el que debe hacerse cargo”, dijo.