La madre y el hermano de un joven reflejaron que el Estado busca no internar a una persona, pero tampoco brinda otras herramientas

Escribe Diego Bengoa
DE NUESTRA REDACCION

La madre y el hermano de un joven de 30 años que presenta una enfermedad mental contaron a EL DIARIO las peripecias que debieron afrontar para lograr su internación. Todo lo narrado devela la falta de contención estatal para la persona que sufre y también para todo su entorno familiar.

El hombre tiene esquizofrenia paranoide, según el certificado médico expedido esta semana por un psiquiatra y que mostraron a este matutino. La misma es una enfermedad mental cuya principal característica es que “afecta a la personalidad del individuo, así como a áreas de su psicología”.

El joven ya está internado, a pesar de que, en base a la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) promulgada en 2010, los distintos estamentos estatales buscaron evitar la institucionalización. La gravedad del cuadro ameritó su hospitalización permanente al menos por unas semanas, algo que la familia precisamente pretendía.

Es que, de acuerdo a todo lo expuesto por la madre y uno de los hermanos del chico, la situación se había convertido en un grave riesgo para el paciente y para terceros.

Estos últimos días fueron muy dolorosos para el joven y su entorno. La internación en el Hospital Vidal Abal de Oliva se produjo el miércoles a la tarde, luego de un largo recorrido de familiares por diversas oficinas.

El lunes habían apurado las gestiones a tal fin, con los papeles que dan cuenta que el hombre ya había sido internado en un neuropsiquiátrico en dos ocasiones, tiene dos órdenes de restricción hacia su exnovia y presente un consumo problemático de drogas

La mamá concurrió a Tribunales durante la mañana, donde “en la Asesoría” le explicaron los pasos a seguir. “Me informaron que debía llevar la orden de un psiquiatra. Con eso me dijeron que podían actuar”, indicó la mujer.

Desde allí junto a uno de sus hijos se dirigió al Hospital Regional Pasteur para ser atendidos por un médico especialista. “Fue cerca del mediodía. Nos dijeron que había psiquiatras, pero que estaban atendiendo a quienes ya tenían turno hace tiempo. No había uno de urgencia y nos pidieron que volviéramos a las 15 para hablar con el médico que conoce a mi hermano”, detalló uno de los familiares directos del joven.

En ese marco se encontraron con el subdirector del nosocomio, Javier Rojo, al que le plantearon la necesidad de obtener este certificado.

“Rojo nos dijo que el médico iba a estar a las 15, pero le comentamos que iba a ser tarde porque Tribunales cerraba a las 13. Entonces hizo dos llamados telefónicos y nos aseguró que Asesoría, en planta baja (del Palacio de Justicia) está abierta todo el tiempo”, narró el entrevistado.

Ante esto, retornaron a las 15 al centro asistencial público de avenida Larrabure, donde dialogaron con el psiquiatra Garelo. “Recordó la historia clínica de mi hermano, pero nos aclaró que hacía un año que no lo veía y que sin verlo no podía dar una orden de internación. Es lógico su planteo, pero también es lógico que un paciente que tiene dos internaciones previas y que hace un año dejó la medicación, esté nuevamente en una situación de gravedad”, consideró quien habló con este medio.

Posteriormente, madre y hermano del paciente volvieron a Tribunales. “No había nadie. En Asesoría recibían hasta las 13, como nosotros pensábamos”, contó. Entonces acudieron a la sede de la Departamental San Martín de Policía. “Allí nos mandaron a hablar con la ayudante fiscal Roxana Medina, quien nos atendió en un pasillo y en medio de la gente tuvimos que empezar a contarle el caso. Nos dijo que había dos vías. Una civil, donde se reclama el derecho a la salud, en el que la internación viene a ser la asistencia que da el Estado. Para ello es necesario un pedido de un psiquiatra, algo que nosotros no podíamos conseguir porque (el paciente) no tenía voluntad de asistir a ningún lado, huye de los médicos y no toma las pastillas porque no se reconoce enfermo. Entonces nos respondió que no había nada por hacer porque por la nueva ley se busca la desinstitucionalización y respetar la voluntad de la persona. Le explicamos todo el cuadro, compuesto por dos internaciones, días de violencia, amenazas de muerte, entonces habló de la segunda vía, la penal. Había que denunciarlo y al judicializarse, es la Justicia la que se hace cargo de cómo se seguía”, relató el entrevistado.

“Nos aclaró que ese camino es más complejo y que muchas veces las familias se arrepienten. Le explicamos que la cuestión ya no daba para más, que necesitábamos no solo pensar en él, sino en nosotros y en los demás porque las circunstancias eran violentas y peligrosas”, dijo acongojado.

Tras esto, todos pasaron la noche del lunes con angustia, incertidumbre y temor. La mañana siguiente la familia consiguió un certificado expedido por otro psiquiatra, el que fue presentado en Tribunales y que derivó en la orden de internación. Al atardecer, la Policía buscó al joven en su casa (ya lo había hecho a la siesta, pero no estaba) y lo llevó al Pasteur, donde pasó la noche internado en la Guardia (no había camas en el internado, algo que confirmaron otras fuentes) y el mediodía del miércoles fue trasladado al Vidal Abal.

“Medina nos admitió que el sistema no funciona como corresponde. Nosotros como familia no tenemos las herramientas para contenerlo y lo saben en el municipio y en la Provincia porque en los procesos previos a las anteriores internaciones conocieron el caso y nos ayudaron poco. Esto va más allá de nosotros, es una cuestión social porque estamos hablando de un chico que no es contenido por ninguna institución y que pone en riesgo a otras personas”, manifestó su hermano.

“No es que no nos daban una solución a nosotros, sino a la comunidad. Es fácil decir que el sistema no funciona, pero ellos son los responsables de hacerlo marchar. Mientras tanto no se aborda a las personas con problemas psiquiátricos, no hay contención ni alternativas”, advirtió.