En tanto, los defensores de Abraham Ferreyra y Roxana Muga solicitaron la absolución de ambos por considerar que el procedimiento en el que se secuestraron los objetos robados “es nulo” por no haberse realizado con orden judicial de allanamiento

El fiscal de la Cámara del Crimen de Villa María, Francisco Márquez, pidió ayer penas de 13 años de prisión para Abraham Lucas Esteban Ferreyra (36) y Roxana Micaela Muga (21), acusados de haber perpetrado nada menos que nueve arrebatos callejeros con la modalidad “motochorro”.

En tanto, la asesora letrada Silvina Muñoz y el abogado Juan Rusconi solicitaron la absolución de sus defendidos por entender que el procedimiento policial en el que fueron secuestrados los objetos robados “es nulo de nulidad absoluta” por haberse realizado sin la correspondiente orden judicial de allanamiento.

Luego de escuchar los alegatos de las partes, el camarista René Gandarillas dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes al mediodía para la instancia final del juicio oral y público. En la oportunidad, les concederá a Ferreyra y Muga “la última palabra” e inmediatamente después se reunirá con la secretaria Gabriela Sanz para arribar a un veredicto.

En principio, la sentencia se iba a dictar ayer mismo, pero de manera sorpresiva el presidente del tribunal resolvió posponer la definición del proceso, seguramente para estudiar con mayor detenimiento el planteo de nulidad formulado por los defensores.

Seguidilla de asaltos

De todos modos, a lo largo de las dos horas y media que demandaron las conclusiones, quedó en claro que la pareja cometió los asaltos que se les atribuyen y que damnificaron a 12 mujeres de distintas edades entre las 11.50 del viernes 15 de noviembre de 2013 y las 2.30 de la madrugada del domingo 17 del mismo mes y año, es decir en apenas 38 horas y 40 minutos.

Sin embargo, el cuestionamiento efectuado por Muñoz y Rusconi pareció dejar en un segundo plano el accionar delictivo de Ferreyra y Muga. Y en el caso de que el juez Gandarillas haga lugar a la nulidad planteada, ambos serán absueltos y el primero de ellos recuperará la libertad luego de casi dos años.

En cambio, si el magistrado considera que no hubo irregularidad en el procedimiento policial y declara la culpabilidad de los acusados, les impondrá penas de entre seis años y ocho meses (el mínimo previsto por el Código Penal para el “robo calificado por uso de arma de fuego”) y 13 años (la pena requerida por el fiscal Márquez), por lo que deberá ordenar la inmediata detención de Muga, quien comparece en libertad.

“Está todo probado”

En su alegato, el titular del Ministerio Público consideró “totalmente probado” que la pareja cometió la seguidilla de asaltos y abonó sus dichos con toda la prueba colectada en el expediente, que incluye los reconocimientos efectuados por algunas de las víctimas.

En efecto, varias de las mujeres que resultaron damnificadas por el proceder de los “motochorros” identificaron a uno o a los dos sospechosos, e incluso la mayoría de los objetos sustraídos fueron encontrados en la casa donde viven dos medio hermanas de Muga, debajo de un tacho, donde la joven los había escondido.

Al describir uno por uno los nueve asaltos, el fiscal dio algunas precisiones sobre el proceder tanto de Muga -quien siempre conducía la moto- como de Ferreyra -quien se encargaba de arrebatar las carteras- y sostuvo que en la mayoría de los atracos el hombre empuñaba un revólver, aunque en una ocasión fue la joven quien amenazó con el arma a la víctima de turno.

También recordó que en uno de los hechos una mujer mayor sufrió una fractura en uno de sus dedos, producto de la violencia ejercida por Ferreyra al arrebatarle la cartera y arrastrarla por el piso, mientras que en otro de los episodios efectuó tres disparos que, sólo por milagro, no dieron en el blanco.

Márquez describió a los acusados como “dos personas peligrosas”, que “no respetaron el derecho de la gente a vivir con seguridad”.

Sobre el final de su alegato, que duró 70 minutos, sostuvo que había pruebas más que suficientes como para declarar a Ferreyra y a Muga como coautores de “robo calificado por uso de arma de fuego reiterado” (cuatro hechos), “robo calificado por lesiones graves”, “robo simple reiterado” (cuatro hechos) y “abuso de arma”.

Ante ello, solicitó penas de 13 años de prisión para cada uno y que se disponga la inmediata detención de Muga.

Pedidos de nulidad

Seguidamente alegó la defensora oficial Muñoz, quien realizó un planteo de nulidad respecto del procedimiento policial en el que se recuperó la mayoría de los elementos robados, entre ellos cinco teléfonos celulares, varias carteras, tarjetas de crédito y una netbook.

“La prueba se obtuvo de manera ilegal, ya que los objetos fueron secuestrados sin orden judicial”, destacó la defensora de Ferreyra, y añadió que “se violentaron garantías y derechos constitucionales”.

Muñoz argumentó que debía declararse la “nulidad absoluta” de todo lo actuado y que “si esa prueba es nula, todo lo demás también lo es”, tras lo cual solicitó la absolución de su defendido.

Sobre el final de sus conclusiones (expresadas a lo largo de 55 minutos) y ante la posibilidad de que el juez Gandarillas entienda que el procedimiento de la Policía no fue ilegal, la defensora oficial pidió subsidiariamente una condena de siete años y cuatro meses de prisión para Ferreyra, planteando como atenuante que no registra antecedentes de ningún tipo.

Por último, el defensor de Muga coincidió con el planteo efectuado por Muñoz y reclamó la absolución de su clienta tras enfatizar que “todo el proceso es nulo de nulidad absoluta”.

Durante los 25 minutos que duró su alegato, Rusconi cargó duro y parejo contra la Policía, con expresiones tales como “hacen lo que quieren y no les importa”, o “hacen y deshacen a gusto y paladar”.

Sobre el final, dijo que no se iba a referir a la prueba, porque “acá se vulneraron derechos y garantías, y es lo que verdaderamente importa”.

Concluidos los alegatos, el juez Gandarillas le corrió vista al fiscal ante el planteo de nulidad formulado por ambos defensores, a lo que Márquez respondió que, a su entender, no se había tratado de un allanamiento, sino de una requisa en un domicilio que no era el de los imputados, motivo por el cual “no se violaron los derechos de ambos” ni las garantías consagradas por la Constitución Nacional.