La deuda “flotante” a diciembre pasado

Lo refleja uno de los dictámenes del Tribunal de Cuentas. La mayoría son procesos de larga data

Escribe: Diego Bengoa
DE NUESTRA REDACCION

A fin de 2017 el municipio villamariense tenía una deuda “flotante” por juicios de 104 millones de pesos, 15 millones más que un año antes, un crecimiento muy leve pero que al mismo tiempo refleja que permanece la posibilidad de afrontar pagos en alrededor de esa cifra.

El dato surge del dictamen realizado por la tribuno de la oposición, Patricia Gómez, quien no encontró irregularidades ni ilegalidades en el balance anual oficial.

En el ítem en que hace mención a la deuda flotante o al pasivo  circulante, la integrante del PRO  precisó  que se incluyó allí “el estado de juicios y actuaciones administrativas por un total de $ 104.757.618,42”.

“Se trataría de un pasivo contingente, debido a que los importes no son ciertos, ya que pueden sufrir modificaciones o, en algunos casos, la Municipalidad puede no ser condenada”, aclaró, y destacó que en el monto se incluyen los juicios contra la comuna en concepto del “impuesto a la valija”.

De acuerdo al dictamen de esta funcionaria un año atrás, al finalizar 2016 el Gobierno había estimado dentro de su “deuda flotante” (deuda a corto plazo que se renueva constantemente) $89.000.770,28 por juicios. De esta cifra, $18.313.766,46 correspondían a lo vinculado al denominado “impuesto a la valija”, el nombre que se le dio a la, técnicamente, “Contribución a empresas de extraña jurisdicción”, destinada a cobrar a las firmas que comercializan productos en la ciudad aunque no tengan sede aquí. El Estado villamariense lo había cobrado durante ocho años (basado en fallos en que el Tribunal Superior de Justicia -TSJ- de la provincia lo consideraba legal) hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró inconstitucional su cobro.

En el dictamen 2017 sobre las cuentas 2016, Gómez dilucidó que todas estas cifras corresponden al monto histórico, es decir, al monto de la demanda sin intereses ni costas.

Cabe recordar que, en este contexto, la secretaria de Economía y Finanzas Daniela Lucarelli reveló el año pasado que la comuna tenía que pagar entre 80 y 100 millones de pesos por juicios en contra ante los cuales “ya nada hay por hacer” porque tienen sentencia firme o no caben recursos.

De acuerdo a lo que pudo conocer EL DIARIO, comprende casos de expropiación vinculados al Plan 400 Viviendas, hoy barrio Malvinas Argentinas, por $54.422.145. Son de cuatro juicios que se suscitaron porque el municipio pagó por las tierras donde se levantó el programa habitacional un monto mucho menor a lo que correspondía.

Entre los procesos particulares todavía está el del caso de José Amaya, quien en enero de 2000, cuando era un adolescente de 16 años, realizó una pirueta en el Salón de los Deportes y se lesionó la columna. El hombre todavía espera que el Estado (condenado en diversas instancias) le pague lo que le debe.

Cabe resaltar que en el Presupuesto 2018 (vigente), la Asesoría Letrada del Gobierno, a cargo de los abogados Oscar Barroso y Eduardo Rodríguez, tiene previsto sólo $16.450.000 para “impuestos, derechos, tasas y juicios”, un valor muy por debajo de lo que sigue apareciendo como deuda flotante.