Son tres de los 12 trabajadores que fueron despedidos de la metalúrgica local el lunes pasado. Lo hicieron acompañados por los letrados Maximiliano Ortega, Jorge Olmedo y Eduardo Rodríguez, quienes ya están trabajando en la causa
“No vamos a esperar de brazos cruzados”, se le oyó decir a uno de los empleados de la empresa Planeta Aberturas, que ayer concurrió a Tribunales por su situación laboral.
Como es de público conocimiento, la metalúrgica local cerró sus puertas el pasado lunes, con un pedido de quiebra ante la Justicia local.
“Ese lunes llegamos todos los empleados como lo hacíamos siempre y uno de los dueños, el señor Pablo Roggia, nos reunió en la oficina, nos pagó la última quincena y nos dijo que a partir de ese momento no volviéramos porque la empresa estaba en quiebra. Quedamos todos helados”, dijo otro de los trabajadores.
Ese mismo lunes por la mañana, el rumor de la quiebra de Planeta Aberturas corrió por las redes sociales como reguero de pólvora y comenzó a congregarse gente en la puerta del local que, a esa altura de la jornada, ya contaba con custodia policial por temor a represalias con los dueños de la empresa y el edificio de la fábrica.
La procesión de gente continuó a lo largo de la semana en la esquina de avenida Presidente Perón y Paraguay, sede de la fábrica de aberturas de aluminio y portones levadizos, donde se pudieron escuchar numerosos reclamos de clientes que había encargado y pagado sus aberturas y se encontraron con las puertas cerradas de la empresa.
Gentilmente, alguien colgó un “cartelito” que mandaba a los interesados a presentarse en el Juzgado donde está radicado el pedido de quiebra.
Los trabajadores, con la intervención del gremio (UOM), intentaron una reunión con los empresarios el día jueves a las 16 horas, pero éstos brillaron por su ausencia. Ya a esta altura, varios de los trabajadores desempleados comenzaron a preocuparse, porque el grueso de los rumores que circulaban en distintos medios no reflejaban la información que ellos mismos tenían después de estar varios años dentro de la empresa.
Fueron a Tribunales
Ante la incertidumbre de no conocer la verdad de lo que trascendía por las redes sociales, tres de los 12 empleados de la firma, patrocinados por los abogados Maximiliano Ortega, Jorge Olmedo y Eduardo Rodríguez, se presentaron a primera hora de ayer en el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia de Segunda Nominación, a cargo de Fernando Flores, donde comenzó a tramitarse la quiebra.
En su presentación, los trabajadores le pidieron al magistrado que les dé participación en la causa porque quieren saber cuáles son los motivos del cierre de la fábrica y, por otra parte, siendo conocedores de lo que había en la firma, quieren asegurarse de que el inventario declarado sea verídico, ya que (si la empresa se cierra) de allí saldrán sus indemnizaciones.
“Actuamos de esta manera con los trabajadores ante la falta de información oficial”, dijo el abogado Maximiliano Ortega al ser consultado por EL DIARIO. Y agregó: “No sólo cerraron la empresa, sino también todo tipo de comunicación. Sin información real es muy difícil asesorar a la gente que va en busca de una respuesta; por eso decidimos acudir al juez que posee jurisdicción en la causa”.
La sorpresa fue mayúscula cuando se tomó conocimiento de que el expediente aún no tenía trámite porque no se había pagado la tasa de justicia. Este matutino pudo confirmar que, en el transcurso de la mañana de la víspera, el letrado local Jacobo Trad, identificado como asesor legal de la empresa metalúrgica, acompañó los comprobantes de pago de la tasa de justicia.
Así definió la situación una empleada de la firma que no quiso revelar su nombre. “Esto es la ‘Caja de Pandora’. En el Facebook de la empresa, el 5 de febrero se ofrecían aberturas en 12 cuotas sin interés, con todas las tarjetas o con siete cheques, y 24 días más tarde se presentan en quiebra”.
Consultado al respecto, el abogado Jorge Olmedo manifestó: “Nos deja perplejos la improlijidad con la que se habría manejado la razón social, cuando en el mes de febrero ofrece servicios con pagos hasta en 12 meses y a 24 días de la oferta cierra sus puertas perjudicando no sólo a los trabajadores, sino a numerosos ciudadanos”.
“Recibimos reclamos de damnificados que han pagado una suma superior a los $200.000 sin que se les entregue ni siquiera una puerta”, agregó Olmedo.
Cabe aclarar que la Ley 24.552 establece que para que una persona física o jurídica se encuentre en quiebra, así lo debe decidir un juez competente en la materia. Esto significa que Planeta Aberturas SA hoy sólo ha cerrado sus puertas, pero aún no se encuentra en quiebra.
Esta circunstancia alienta a que algunos de los damnificados mantengan la esperanza de juntarse con el mobiliario que les permitirá terminar sus viviendas.
Sin embargo, un grupo de ellos se ha inclinado por no ser tan confiados y han manifestado que concurrirían a la Justicia Penal porque se sienten “estafados”.
“Con respecto a la posible comisión de un hecho delictivo, estamos estudiando la viabilidad de la procedencia de una acción penal”, señaló el abogado Eduardo Rodríguez.
“A la fecha -continuó- no contamos con información proveniente de la empresa como para determinar que haya existido mala fe y, por ello, que hayan incurrido en una conducta fraudulenta”.
Finalmente, Rodríguez advirtió: “No queremos perjudicar a nadie si no contamos con pruebas concretas, pero estamos avocados a la investigación del caso con el material que nos han proporcionado nuestros clientes”.