Desde que el capitalismo es tal, se ha dado la oposición de intereses entre, por una parte, quienes desean mejores condiciones para desarrollarse como personas a partir de su trabajo, los trabajadores, y por otra parte, aquellos sectores que persiguen la maximización de ganancias despreocupándose del cuidado de los otros. En diferentes momentos históricos, en pos de conseguir mejores condiciones para los trabajadores, se ha logrado poner en debate cuestiones naturalizadas de manera que entren en crisis a fin de aportar en la construcción efectiva de derechos. Algunos debates que en un momento parecieron saldados por legislaciones que reconocieron derechos retornan a la luz del ingenio que ponen aquellos, cuya preocupación central no es la construcción de la dignidad en las relaciones laborales. Así vemos resurgir como problemática la cantidad de horas que efectivamente trabajan los empleados (con pagos extras o sin ellos), como también la estabilidad en el empleo público.
La Esperanza
Iniciaba la última quincena de noviembre de 1937, año en el cual se desarrollaron las elecciones nacionales que consagraron presidente de la Nación a Roberto Ortiz. Entonces Villa María estaba atravesada por debates relacionados tanto al empleo en el sector privado como en el público. Por esos días, en el diario local Heraldo, un artículo denunciaba duramente ciertas violaciones de las normas laborales por parte del dueño de un conocido local gastronómico de la ciudad. La nota periodística, titulada «Viola leyes del trabajo el dueño de La Esperanza», hacía referencia al local comercial que funcionaba en la tradicional esquina formada por intersección de las calles Buenos Aires y General Paz, frente a plaza Centenario. Por entonces ese comercio era una confitería muy concurrida en la cual, de manera habitual, se ofrecían espectáculos musicales en vivo. Allí, donde se violaban normas laborales, era bastante común poder apreciar actuaciones tanto de artistas locales como de orquestas y solistas que, provenientes de Buenos Aires, se instalaban por unos días en la ciudad y por varias jornadas repetían sus actuaciones en la confitería La Esperanza.
Según el periodista del Heraldo, en la nota referida, el dueño del lugar era «un comerciante… caracterizado siempre por su posición abiertamente refractaria al cumplimiento de todas las legislaciones que lastimen su ambición de hacer dinero».
Para hacernos una composición de la época, podemos recordar que por entonces se vivía lo que en nuestra historia es conocido como la «década infame». Tiempo en que el fraude se enseñoreaba en la vida política del país, cuestión que también se puso de manifiesto en la mencionada elección presidencial de septiembre. Desde el mundo del trabajo también debe destacarse que fue una época de grandes resistencias y luchas contra el sistema que oprimía. En la provincia de Córdoba el clima era algo distinto, pues ejercía la gobernación Amadeo Sabattini, quien había logrado ganar las elecciones en el comicio de 1935, limpio e insospechado de fraude. El villamariense, al frente del Poder Ejecutivo provincial desarrolló políticas generadoras de empleo, a la vez que incentivó la formación de sindicatos y su constitución como actores políticos importantes en la resolución del conflicto social.
Jornadas de 14 horas de trabajo
Regresando a la denuncia del Heraldo, la nota del 18 de noviembre describe el caso diciendo: «Hace casi tres meses, el 28 de agosto del corriente año, el mozo José Ricca, quien como todos los que trabajan en La Esperanza debe desarrollar jornadas agobiantes de 14 o 16 horas diarias, sintió su salud quebrantada y se sometió a la revisación médica respectiva. El dueño del establecimiento, Enrique Marcatilli, se negó en forma terminante a pagar la indemnización reglamentaria, pese a que Ricca la reclamó reiteradamente munido del certificado médico respectivo. De nada le valió al empleado reclamante la serie de argumentos que esgrimió en su favor. Su patrón no le reconoce ni un centavo de la suma aproximada de 600 pesos que, de acuerdo a lo que prescriben las leyes, debería cobrar después de cuatro años de bárbara expoliación. Que es lo que (sic) indudablemente ha determinado la grave enfermedad que ha contraído».
Para entonces había tomado cartas en el asunto el Departamento de Trabajo y el periodista del Heraldo confiaba en que se haría justicia en la dura realidad «de un trabajador explotado y enfermo, haciéndose necesario, por otra parte, escarmentar a los patrones abusadores, que como Enrique Marcatilli hacen tabla rasa de todas las legislaciones».
Estabilidad y empleo público
La puesta en evidencia del patrón que explotaba a los empleados haciéndoles trabajar tantas horas por día no era una excepción, situaciones parecidas se repetían. Eran tiempos duros para los trabajadores a nivel nacional. Si bien el radicalismo había puesto en marcha políticas de justicia en Córdoba, la situación del conjunto de los trabajadores en la provincia continuaba siendo difícil. En lo avisos clasificados de la prensa escrita podían leerse muchos anuncios en los cuales se ofertaba mano de obra. En algunos la oferta decía «hombre joven sin pretensiones para dependiente o chauffeur», también se ofrecía más de una mujer para ser «ama de leche». El año que nos ocupa, 1937, fue un año en el cual se produjeron 200 huelgas en la provincia, cifra mayor a las del año anterior. En realidad, desde 1934 el número de huelgas se venía incrementando, pero en el 37 hubo un salto significativo. La conflictiva social que expresaba esa cifra era producto de las necesidades que se arrastraban desde la crisis del 30. La apertura a la vida gremial y el reconocimiento a las entidades sindicales, permitían una clara expresión de la conflictividad basada en las necesidades y el poco respeto a la legislación laboral vigente en ese momento.
Dicha conflictividad también se expresaba en el sector público. Así tenemos que por esos días, luego de largos reclamos de parte de los trabajadores, el Directorio del Banco de Córdoba resolvió devolverles a los trabajadores de esa entidad descuentos de haberes que les había realizado en 1932.
Dentro de los derechos de los trabajadores que eran parte del debate de entonces se encontraba la estabilidad del empleo público. El Heraldo también se hizo eco de esa discusión, en uno de sus títulos señaló «Sin ley de inamovilidad, nunca se evitará que el voto sea mercantilizado». El gobierno anterior había dictado una ley de estabilidad en el empleo público, pero la misma era cuestionada en el ámbito político y legal denunciando que el Partido Demócrata la había generado para obstaculizar el accionar del nuevo gobierno. Desde la prensa local se señalaba que aprobada una nueva ley de estabilidad para el empleado público, desaparecerían «…para siempre las bajas maniobras politiqueras y se depurará la educación cívica del votante, atraído hoy a los atrios de los comicios por el señuelo del puesto público». Claramente se planteaba el uso del empleo en el Estado para la constitución de grupos de militantes que se sumaban a una parcialidad política para conseguir empleo y luego debían obedecer políticamente a quien tenía la facultad de terminar con esa relación laboral. En otras palabras se hablaba del uso del empleo estatal para el armado de «aparatos políticos» afines a quienes gobernaban, una práctica con mucha historia en nuestro país que, gracias a estrategias como la precarización laboral, se renovó a pesar de que la estabilidad en el empleo público figura en la Constitución Nacional.
El periodista decía: «Mientras subsista el criterio sustentado por el Ejecutivo cordobés, no tendremos ley de estabilidad y la podredumbre moral de los políticos profesionales mantendrá su primacía en todos los actos de gobierno, pervirtiendo más aún las conciencias ciudadanas y desnaturalizando la función de los servidores del Estado». Aún se defendía que los gobernantes tenían el derecho de designar a quien querían para ocupar los empleos públicos. Es decir que más allá de la conflictividad en el sector privado, estaba esta otra discusión en lo público. En relación a la estabilidad laboral del empleado del Estado fue resuelta, a nivel nacional, mediante la reforma constitucional de 1957. Aunque, como ya señalamos, la inventiva de ciertos sectores dirigenciales parece que siempre encuentra manera de que siga vigente la inestabilidad en el empleo público y debamos regresar a discusiones que se creían saldadas hace décadas.
