Alrededor de 13 efectivos malversaron fondos de la Provincia y hubo quienes cobraron hasta siete mil pesos por mes por un trabajo que no hicieron. La sanción sólo fue el traslado a otras dependencias
Unos 13 efectivos policiales fueron apenas “trasladados” o mandados “a caminar la calle” en las últimas horas, desde la Unidad Departamental General San Martín, en medio de un escándalo de grandes proporciones donde todavía no actúa la Justicia y en el que se registraron delitos contra el erario público.
Según pudo saber ayer EL DIARIO, los oficiales manipularon planillas de los servicios adicionales y con ello, cobraron durante un tiempo determinado un “extra” que, en algunos casos, ascendería a siete mil pesos por mes.
El hecho salpica a las altas esferas de la Departamental, cuyos funcionarios no realizaron la denuncia ante la Justicia y sólo atinaron a trasladar a los involucrados, a pesar de que tomó estado público durante el mediodía de la víspera.
Entre los policías que figuran en esta serie de delitos surgieron los nombres del cabo Mauricio Sánchez, la agente Yésica Bollea, la sargento Anahí Alamo, el principal Palacini y la sargento Patricia Sabugo, quienes fueron eyectados de sus lugares normales de trabajo, aunque se espera que durante las próximas horas aparezcan más involucrados en el hecho. Además, las autoridades encargadas de llevar adelante el control de las planillas y que certificaron las mismas quedaron envueltas en el hecho.
La maniobra
Mientras existe hermetismo y crece el escándalo dentro de la Departamental, para muchos es vox populi la maniobra que realizaban los involucrados.
Según parece, en las planillas se anotaban efectivos que nunca realizaban adicionales y algunos de los cuales se encargaban, precisamente, de cargar los datos, como el caso de Sánchez.
También se supo que algunos hacían expedientes inventando patrullajes y controles.
Cerca de 13 “añadidos” por los informáticos se beneficiaban del dinero que la Provincia envía por el pago de adicionales y hubo quienes llegaron a cobrar hasta siete mil pesos por mes.
Ese dinero “extra” forma parte de un fondo denominado Alfa, servicio categoría E, que debe repartirse entre los policías que suman horas de adicionales por servicios de seguridad en espacios públicos.
Es por ello que los efectivos que acuden a la cancha, al Hospital o a alguna que otra repartición como “seguridad urbana”, estallaron de bronca cuando se enteraron de que algunos compañeros la “pasaban mejor” de manera ilegal.
La situación irregular no era corregida hasta que, el último mes, alguien se percató de que figuraban en la planilla los que se encontraban de licencia.
Una de las que apareció con esa irregularidad es la sargento Bolea -recientemente ascendida-, quien al parecer cobró cinco mil pesos de más.
Una fuente extraoficial de la Policía confirmó ayer que “había un grupo que se ocupaba de cargar los datos de los adicionales y a veces hasta ponía nombres falsos en las planillas”, que debían ser controladas y firmadas por un superior antes de ser remitidas al Gobierno provincial para efectuar los pagos.
En ese contexto, los jefes no realizaron las denuncias correspondientes porque algunos certificaron esos papeles adulterados y entraron en complicidad, por acción u omisión.
La fuente ligada a este medio reveló que “muchas veces los jefes no tienen tiempo de observar todos los nombres de esa planilla y confían en el subordinado, entonces firman sin mirar y eso es negligencia, lo que no quita que alguno sea cómplice”. Es por ello que los altos mandos prefirieron trasladar a los subordinados involucrados y “tapar el escándalo” antes de que la Provincia tome cartas en el asunto.
Lo concreto es que, esta vez, ante la ausencia de quienes habitualmente realizaban la maniobra ilegal, se detectaron las irregularidades y uno a uno se fueron enterando los demás miembros de la Departamental que, en la mayoría de los casos, no pueden quejarse ni reaccionar; el sistema los vuelve mudos y la Justicia se queda sin intervenir.
¿Y ahora?
Como este hecho comienza a tomar estado público, se espera que un fiscal se ocupe de oficio en las próximas horas, ante la falta de denuncias por parte de los jefes, ya que podrían existir delitos como malversación de fondos, falsedad ideológica o mal desempeño de funcionario público, lo que debería provocar una cesantía.
El tiempo no es un dato menor: los trasladados a otras dependencias, como el caso de Sánchez, que fue a Ticino, reciben ese “castigo” por 90 días y luego vuelven. Casi nadie es cesanteado.
Sucedió en otros hechos donde se cometieron delitos, tales como robo.
Días atrás, EL DIARIO dio cuenta de un efectivo que se quedó con una rueda de colectivo, se la llevó a su casa y sólo fue suspendido, pero están aquellos que incursionaron en otros menesteres. A saber:
– Tiempo atrás, un oficial de apellido Jerónimo quedó en “pasiva” porque, estando en el destacamento de Etruria, tomó una moto de competición que se encontraba en el predio judicial, se vino a Villa María, entregó el rodado como parte de pago y se sacó una nueva.
Asuntos Internos de la Policía actuó en consecuencia, siguiendo la pista de la moto de competición, entonces debió sancionar al efectivo involucrado, pero este cumplió los 90 días y ahora se encuentra en Río Segundo.
– Otro efectivo, de apellido Ramos, tomó una moto enduro que se encontraba secuestrada por la Policía en el “potrero” judicial y se la llevó a Laguna Larga, a la casa de un pariente. Cuando fue detectado, recibió una sanción y ahora está por volver.
Dentro de la Departamental San Martín los que no pueden hablar porque temen no ascender nunca sólo dicen por lo bajo: “Los policías buenos estamos cansados”.
El fondo Alfa
Los cambios en pagos a los adicionales, a nivel provincial, datan de diciembre de 2013, poco después del recordado conflicto policial que causó saqueos y robos en todo el territorio cordobés.
Ante la queja policial, el Gobierno de la Provincia resolvió armar el fondo Alfa, categoría E, para todos aquellos que brindan seguridad en dependencias públicas.
Hasta fines de marzo se abonaban 300 pesos por ocho horas de recargo en ese adicional, pero desde el 1 de abril, la cifra ascendió a los 587 pesos.
Vale recordar que, en la misma sintonía que la del fondo Alfa, el Gobierno provincial había resuelto ayudar a los clubes con el pago de adicionales en las canchas de fútbol después de un proyecto que por entonces presentó el ahora exlegislador Darío Ranco.
Las entidades deportivas contaban con inconvenientes para recaudar el dinero para la seguridad en los estadios, entonces el Gobierno se comprometió a pagar un porcentaje.
En el caso de la Liga Villamariense, por ejemplo, los clubes sólo pagan dos adicionales por cancha y el resto de los efectivos que acuden al estadio cobra del dinero público.
Por las calles
De manera increíble, los que están involucrados en los delitos contra el erario público no sólo que no fueron cesanteados o suspendidos, sino que algunos ahora circulan las calles de Villa María tratando de “cumplir con la ley” y cuidando a los vecinos.
EL DIARIO confirmó ayer, extraoficialmente, que Mauricio Sánchez fue trasladado a la localidad de Ticino. Allí permanecerá por un tiempo.
En tanto, hay quienes fueron enviados a caminar la calle y otros, a custodiar la comisaría.
Sin fecha de inicio
Las maniobras ilegales fueron detectadas en los últimos días, pero diferentes fuentes consultadas por este medio remarcan que las irregularidades son de larga data.
La Justicia deberá investigar si finalmente la situación comenzó hace un par de años o sólo en los últimos meses.
Sin novedad
Tras el escándalo que salió a la luz ayer al mediodía, los comentarios dentro de la Departamental tronaron como nunca.
Horas después, en su habitual parte de prensa, la Policía sólo avisó: “Buenas tardes; hoy no hay hechos para informar. Saludos”.
Complicado
Quizás no conocía la maniobra o tal vez era consciente. Lo cierto es que el jefe de la Departamental, Héctor Moyano, queda complicado en este problema, sobre todo, luego de no tomar decisiones más duras.
No es la primera vez que Moyano debe lidiar ante el ojo de la sospecha.
Antes de venir a Villa María, en abril de 2014, fue removido de la Unidad Departamental Juárez Celman tras un operativo antitrata en un bar de La Carlota donde se promovía la prostitución.
Con el tiempo, Moyano salió de “pasiva” y volvió.
El dato
Mauricio Sánchez, quien fue trasladado a Ticino luego de ser señalado como uno de los informáticos que cargaba los datos “erróneos”, es pariente de Patricia Sosa, cercana al excomisario Daniel Ferreyra.
El número
Los efectivos policiales apuntalados por las maniobras contra el erario público. Desde la Departamental todavía no hubo un parte que informara el hecho y habrá que ver la situación en las próximas horas.
La frase
“Policía que delinque, policía que va preso”. La frase le pertenece al excomisario local Julio César Suárez, apenas llegó a Villa María en 2014. La premisa no se cumplió.
