El asesinato de la mujer en la celda 3 del pabellón 2 ocurrido en la cárcel de barrio Belgrano disparó un debate sobre la visita a los presos condenados por femicidio

La coordinadora del colectivo de mujeres Mumalá de Córdoba, Bettiana Cabrera Fassolis, sostuvo que la ausencia de formación en violencia y perspectiva de género en los funcionarios del Servicio Penitenciario es evidente, tras el femicidio y posterior suicidio perpetrado durante la tarde del domingo pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Villa María. 

Por su parte, requerido por EL DIARIO, el titular de la Pastoral Penitenciaria, padre José Miguel Marengo, calificó lo sucedido como “una situación difícil” y sostuvo que “hay que dejar que actúe la Justicia”, a la vez que adhirió a lo expresado por el fiscal Francisco Márquez en relación al régimen de visitas “porque así lo dice la ley y las personas tienen derechos”.

El domingo último, en ocasión del horario de visitas previsto, el interno Franco Arsenio Benítez (35) mató por asfixia a su pareja, María Luján Aguilera (34), y luego se quitó la vida, aunque aún no se conoce la causa eficiente que provocó su muerte.

Cabrera Fassolis

La representante cordobesa del colectivo de mujeres dijo que “estamos exigiendo algunas cuestiones particulares, como el apartamiento e investigación de los funcionarios del Servicio Penitenciario y de quienes actuaron en Villa María. Este es el tercer caso que ocurre en un lapso de dos meses”, dijo, en referencia a dos episodios similares ocurridos a principios de este mes en una cárcel de Salta, y el 21 de diciembre pasado en una penitenciaría de Tucumán.

Los integrantes de Mumalá de Córdoba, que promueven conciencia sobre la violencia de género, pidieron investigar al Servicio Penitenciario de la Provincia y exigen que se aplique un protocolo de acción con peritajes para este tipo de reclusos, ya que tienen un alto nivel de reincidencia sobre ese tipo de crímenes.

“Es fundamental que se valore cada caso en particular, si están en condiciones o no de tener acceso al derecho de la visita personal” indicó Cabrera Fassolis, quien también manifestó que “cuando incorporan la temática de cómo prevenir la violencia de género o cómo se comienza a tomar conciencia hablan de que desde cada lugar que ocupamos es necesario formarse para trabajar en ello”.

Los femicidios, para Cabrera Fassolis, responden a patrones comunes que se pueden prevenir y si no se actúa sobre cada causa, los hechos se repiten, tal es el caso de los casos de los reclusos.

La coordinadora sostuvo que la ausencia de formación en violencia y perspectiva de género en los funcionarios del servicio penitenciario es evidente porque a un femicida que cumple condena por haber asesinado a su pareja e hija previamente se le concede una “visita íntima” con su nueva mujer sin ningún tipo de previsiones ni recaudos en pos de proteger a esa mujer.

Padre Marengo

En tanto, quien tiene a su cargo la Pastoral Penitenciaria dentro de la Diócesis de Villa María, el padre Marengo, sostuvo que “no podemos hacer otra cosa que remitirnos a la Justicia. Ya lo dijo el doctor (Francisco) Márquez y no hay otra cosa que decir”. “El régimen de visitas está comprendido en la Ley 24.660 y hay que ser objetivo: hay que cumplir lo que dice la ley”, afirmó el sacerdote.

Ante tantos reclamos que realiza la gente sobre el tema, Marengo dijo que “no puede ser que por lo que haya hecho una persona se tiene que prohibir la visita a todos los demás, cuando se trata de un derecho”.

El presbítero encuadró la situación como “difícil”, aunque reiteró ante la consulta de EL DIARIO que “la persona tiene derecho y así lo dice la ley”.

Respecto a si conocía particularmente a Benítez, un preso que cumplía condena de prisión perpetua desde 2006 por haber asesinado a otra pareja y a la pequeña hija de ambos en Villa General Belgrano, el padre dijo que “era un preso más, a quien veía en los pasillos”.

Es preciso recordar que, en la edición de ayer, EL DIARIO publicó declaraciones realizadas por el fiscal Márquez en torno a las visitas a los internos de la cárcel.

“Lo anormal sería que a un preso se le prohibiera de por vida recibir a la familia. Nuestro sistema penal pretende la resocialización, por lo que no se lo puede reinsertar si se lo mantiene aislado. La ley propugna que tener visitas familiares forma parte de la resocialización del preso”, expresó en esa oportunidad el funcionario judicial.