El último mes de 2001 quedó marcado, de manera trágica, en la historia de nuestro país a partir del pináculo de la mayor crisis social-política y económica desde el 83 hasta el presente. Fue el desenlace de lo gestado por más de una década mediante la aplicación de políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo político. Las mismas que eran dictadas por organismos internacionales, en calidad de gestores de la supremacía de los denominados países centrales. La aplicación de éstas en Sudamérica se dio desde los años 70, en el caso argentino fueron morigeradas durante el primer gobierno democrático luego de la dictadura cívico-militar, pero tomadas con fuerza durante el gobierno del peronista Carlos Saúl Menem y continuadas por el radical Fernando de la Rúa. Este último ganó la elección de 1999 prometiendo la continuidad de la denominada convertibilidad económica.
Esta era la fijación del tipo de cambio por tiempo indeterminado, establecida por ley del Congreso en 1991, durante el Gobierno de Menem y la gestión del ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien también fue candidato a presidente del país en esa elección y en algún momento dijo que había que salir de la convertibilidad porque el peso estaba sobrevaluado. Luego se arrepintió y continuó jactándose de ser el autor de esa política que produjo el cierre de fábricas y la multiplicación de los índices de desocupación y de pobreza.
Todo esto, más las limitaciones del presidente del momento, llevaría a la crisis de 2001 que produjo muerte, dolor y caos. En Villa María también se vivió el proceso y aquí recordamos algunos acontecimientos de ese último mes de 2001, tan difícil de olvidar.
Con la crisis económica y social en pleno desarrollo, el segundo día de ese diciembre visitó la ciudad la diputada Elisa Carrió. La política habló en una mesa del Club Almagro, acompañada por la también diputada nacional Graciela Ocaña, Hugo Storani y Raquel Rodríguez referente local del Movimiento Argentinos por una República de Iguales (ARI), conformado por un sector que disentía con la coalición oficialista Alianza que apoyaba al presidente de la Nación. Carrió primero escuchó el reclamo de los productores lecheros para luego señalar que nos encontrábamos “en un momento de colapso del régimen económico, social y político. Estamos en momentos sumamente difíciles, de estallido final del régimen, se están llevando todo…”.
No era la única que anunciaba un difícil desenlace de la crisis, algo parecido denunciaban los sectores del trabajo en la ciudad. El jueves 6 de diciembre el Foro en Defensa de la Seguridad Social, los Tamberos Autoconvocados, el Centro de Integración al Discapacitado (CID), la Pastoral Social, municipales y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otras entidades, públicamente convocaron a una marcha para el lunes 10. Preveían ir desde la plaza Centenario al Palacio Municipal manifestándose en defensa “de la educación y salud pública”; “por un modelo único de salud pública y privada”; “por la normalización del PAMI y su devolución a sus verdaderos dueños: los jubilados y pensionados”, entre otras consignas.
Meses antes, otra manifestación también había tenido lugar ante la sede del Gobierno local reclamando soluciones a diferentes problemáticas sectoriales. En aquel momento empleados del PAMI, ANSES, centros de jubilados, Federación de Centros Unidos del Interior (Fecudi) y el Círculo de la Prensa (Cispren) entregaron un petitorio al secretario de gobierno municipal Julio Ferro poniéndolo en conocimiento de las consecuencias que traería aparejadas el proceso de ajuste. El documento de estos sectores señalaba que “la durísima realidad nos indica el colapso de lo económico, social y político, con el país al borde de la cesación de pagos, los organismos de todo el Estado sin partidas presupuestarias, el pago de salarios en bonos, la recesión de los últimos cuatro años, 14 millones de pobres, desempleo récord, jubilados ajustados, reducción de salarios, obras sociales sin servicios, riesgo país a más de 3.000 puntos, el PAMI en quiebra, fábricas y comercios cerrados son sobrados motivos para expresar nuestra disconformidad”. Pero no se quedaron en la denuncia y propusieron que “para enfrentar esta situación debemos articular sectores representativos, armar redes para reconstruir la República deponiendo lo sectorial para aportar alternativas”. Incluso reclamaron cuestiones puntuales de la ciudad como ser la continuidad del “funcionamiento del Centro de Integración del Discapacitado”.
Entre las expresiones de la crisis también encontramos al municipio local informando que la Asistencia Pública había pasado de atender cien recetas a 180 ó 200 por día, cuestión que se adjudicaba al corte de obras sociales y la agudización de la crisis. La situación en el sector de la salud pública era grave, a nivel nacional el PAMI había cortado sus servicios y en la provincia el pago de los sueldos del sector era irregular. Es así que el viernes 7 de diciembre, los médicos del Pasteur salieron a cortar la calle Mendoza, frente a la antigua sede del nosocomio, reclamaban porque sólo habían cobrado, en bonos Lecop-Córdoba, el 60% de sus sueldos y aún no tenían noticias del aguinaldo. Pero el reclamo de los trabajadores trascendía lo salarial, también les preocupaba la intención del Gobierno provincial en obligar a jubilarse a un alto número de agentes de salud cuestión que, manifestaban, “resentiría sobremanera la atención a la población”.
El mismo día que trabajadores del Hospital Pasteur se manifestaron en la ciudad, en la capital provincial la Policía reprimió a trabajadores estatales con chorros de agua, gases lacrimógenos y balas de goma. Entre los protestantes se encontraban becarios de la propia Policía, pues 1.037 de ellos habían sido desafectados, algunos trabajaban en Villa María. En un momento, la represión en la ciudad de Córdoba adquirió un aspecto insospechado cuando los agentes cargaron contra quienes hasta pocos días antes habían sido compañeros de trabajo. Es así que bastones, lanzagases, escudos y demás pertrechos de la represión fueron usados contra los becarios policiales.
El domingo 9, los medios publicaron un documento emitido por la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Villa María, donde se censuraban las medidas del Gobierno nacional a la vez que acusó a la clase política argentina de “no tener cojones suficientes” para enfrentar al poder financiero internacional. Esta organización sindical, junto a la Central de Trabajadores Argentinos preveían un paro nacional para el jueves 13.
Otra que se expresó contra la crisis fue la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que el Día Internacional de los Derechos Humanos hizo público un documento en el cual habló del deterioro de la situación social y entre otros conceptos señaló que apoyaba “a todos los movimientos sociales, sindicales, barriales, que estén orientados a defender, reconquistar y consolidar los derechos que como personas e instituciones corresponden”. Para la Asamblea “el sistema en su conjunto” estaba “quebrado y también sus partes desarticuladas, entre ellas los partidos políticos, las organizaciones gremiales y empresariales, instituciones milenarias que están perdidas en sus propias desventuras e incertidumbres, y por ello no pueden articular un mensaje homogéneo y coherente” aunque mantenía la confianza pues veía la ampliación de espacios de participación popular.
Otros trabajadores que manifestaron la conflictividad en su sector fueron los bancarios, que para esa fecha aún no habían cobrado su sueldo. Declararon el estado de alerta y desde la Asociación Bancaria denunciaban la cesantía de compañeros en los bancos privados, también se oponían al “descuentos salarial ilegalmente impuesto a la Administración Pública Nacional y a los jubilados nacionales, además de la confiscación de los salarios y depósito de los trabajadores”. Por otra parte pedían se aclarara la situación del Banco de Córdoba que podía ser transferido al Banco General de Negocios, único oferente en la licitación realizada meses antes por el gobernador José Manuel de la Sota para privatizar la entidad estatal.
Ese mismo lunes 10, también tuvo lugar la marcha prevista que terminó ante la sede del Poder Ejecutivo Municipal donde se entregó un documento a dos secretarios del gobierno local, Otto Wester y Julio Ferro. El manifiesto fue leído públicamente y entre otras expresiones se dijo: “No es verdad que exista un solo camino. Estamos aquí para defender el derecho de reconstruir para nosotros y las futuras generaciones de argentinos, un futuro mejor, donde vuelva a imperar la justicia social y el bien común”. Luego se remarcó: “Estamos aquí para afirmar que en la Nación, en la Provincia o en nuestra realidad local, la exclusión, el desempleo, la pobreza y el abandono de la salud y la educación son una enfermedad mortal para toda la sociedad”. Como puede notarse no fueron pocas las organizaciones que resistieron el ajuste aquel diciembre. La semana próxima continuaremos desgranando los acontecimientos locales del último mes de 2001.
