Continuando con la crónica del convulsionado diciembre de 2001, recordamos que el 20 también fue otro día agitado. Al anochecer la Policía detuvo a vecinos de la ciudad que eran parte de un grupo de ciudadanos que pretendían solicitar alimentos en un gran supermercado ubicado en la esquina de los bulevares Italia y Vélez Sarsfield. Aún no habían llegado los módulos de comida que repartía el Estado desde la capital provincial
Según publicó EL DIARIO, alrededor de las 19, un grupo de personas comenzaron a caminar desde el barrio Las Acacias hacia la esquina de Vélez Sarsfield e Italia, pretendían ingresar al Disco Shop. Tal como dijimos antes, los sectores de los grandes mercados locales estaban custodiados por la Policía. Los uniformados trataron de detener a los vecinos e impedirle que llegaran a pedir comida. El saldo fueron cuatro vecinos detenidos. Según el parte policial publicado por los medios al frente del operativo estuvo el comisario inspector Domingo Edgar Guzmán y su accionar respondió a órdenes emanadas de la Fiscalía de turno en cuanto a «que ninguna persona que demande alimentos pueda acceder al local comercial Disco Shop y que en caso de hacerlo los protagonistas fueran detenidos».
Los medios informaron que en realidad el conflicto se había iniciado cerca de las 15 cuando unos 80 vecinos se pusieron en marcha desde Las Acacias hacia el mencionado comercio, para pedir alimentos. Funcionarios del municipio se llegaron a dialogar con los necesitados y unos 40 minutos después de parlamentar llegó un camión con bolsones. Pero el reparto de comida no alcanzó para todos, de allí que luego se formó un grupo más pequeño para concretar la solicitud de alimentos al referido comercio. Cuando estaban llegando la Policía forcejeó con algunos de ellos y terminó deteniendo a Nancy Zabala, Sergio García, Ariel García y Ana Maldonado.
La imagen de aquel episodio fue tristísima. Por una parte se vio a policías con armas largas haciendo guardia, por otra la necesidad materializada en vecinos que pretendían comida.
Era una clara expresión del momento más álgido de la crisis que tenía su historia en los años de políticas neoliberales. De posiciones políticas que desmerecían las consecuencias de la concentración económica y el agigantamiento de la inequidad. Pero no fue ese el único episodio, según testimonio de policías, en un comercio ubicado en calle Buenos Aires al 1200 se produjo otro incidente menor que no tuvo como saldo ningún detenido. Por la noche en el centro de la ciudad se desarrolló una pequeña concentración de vecinos reclamando por la terrible situación en la cual se encontraba inmerso el país todo.
El 21 de diciembre EL DIARIO trajo la triste noticia de que el día anterior también había muerto electrocutado un joven en Villa Nueva. El artículo textualmente dice «la muerte sorprendió ayer tarde a un joven que colaboraba en la asistencia a las familias más necesitadas, al recibir una letal descarga eléctrica». Se trataba del joven veinteañero Gabriel Chalita, quien «recibió la descarga eléctrica en el preciso momento en que manipulaba las cajas y bolsones que eran bajados de un camión a través de una cinta transportadora, herramienta que se habría encontrado mojada al momento de ser accionada». En el mismo artículo se dejó asentado que Chalita «era miembro de la Juventud Peronista, razón por la cual se encontraba brindando su apoyo en contribución del programa de asistencia social previsto para Villa Nueva».
La CGT y la CTA habían decretado un paro nacional para ese día 21. El municipio, inmerso en la crisis con los empleados, por su intento de realizar un fuerte ajuste, declaró asueto. El paro tuvo muy bajo acatamiento en Villa María. Ese día el municipio de la vecina Villa Nueva, a cargo de Marcelo Frossasco, mediante un comunicado deslindó responsabilidades en relación al lamentable episodio en el que había perdido la vida Chalita. El escrito textualmente decía «esta tarea no correspondía ni había sido encargada por esta Municipalidad, como así tampoco fue ejecutada desde dependencias municipales». Por su parte la Juventud Peronista adhirió al duelo y rescató que murió cumpliendo una tarea solidaria.
Mientras, en Villa María, continuaba el reparto de alimentos. El Consejo Asesor Municipal sugirió modificaciones al proyecto del Presupuesto 2002. Desde ese organismo se cuestionaron partidas de «gastos de servicio» que incluían, entre otros puntos, homenajes y cortesías, gastos de imprenta, publicidad, honorarios a profesionales y viáticos. Rosa Cámpora, titular de la CAM, declaró «teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa nuestro país y de la que nuestra ciudad no está excluida, solicitamos reducir al máximo los gastos», pidiendo que le dieran prioridad a las necesidades de la gente, cuestión que no parecía estar reflejada en el criticado Presupuesto. También desde la Iglesia Católica aparecieron críticas en cuanto a la manera en que el municipio repartió los bolsones de alimentos. EL DARIO del 27 de diciembre reprodujo palabras del sacerdote Pedro Lucchese quien hizo referencia al permanente trabajo de su iglesia con los más necesitados, también se manifestó de acuerdo con generar un padrón único de beneficiarios. En su crítica al municipio dijo «creo que el Estado municipal distribuyó alimentos a la marchanta, a granel, había que… por las dudas, dar alimentos, no fue… me parece, una cosa organizada porque escuché que en algunos barrios varias familias recibieron no sé cuántos bolsones… La manera que utilizó la Municipalidad para otorgar alimentos será respetable pero, a mi entender, no tendría que haber sido así».
Por su parte el intendente aparecía en una nota del diario La Voz del Interior respaldando incondicionalmente a De la Sota en esta etapa política, luego que el gobernador diera a conocer sus aspiraciones a presidir el país. A la vez Accastello aprovechaba para dejar correr su aspiración a suceder en la gobernación provincial al propio De la Sota.
Los empleados municipales continuaban resistiendo el ajuste propuesto desde el Poder Ejecutivo local. Armaron una Asamblea General Extraordinaria y continuaban con las asambleas en cada lugar de trabajo. Camilo Rodríguez y Roberto Pathenay se reunieron con el secretario de gobierno, Julio Ferro, y el secretario Legal y técnico, Pilar Monesterolo, demandando que el Poder Ejecutivo pusiera por escrito hasta dónde pensaba avanzar con el ajuste. La respuesta fue que lo consultarían al intendente cuando éste regresara de Córdoba, donde estaba gestionando dinero para pagar el medio aguinaldo. Los gremialistas estaban seguros de que el poder político tomaba nota de la dureza de la posición de los trabajadores, a la vez pensaban que desde el Gobierno provincial pedían recortes para entregar la plata para los sueldos.
En la Asamblea Extraordinaria, con la participación de más de 140 municipales, rechazaron el ajuste, y aprobaron solicitar a los concejales que se abstuvieran de aprobar cualquier ordenanza que recortada derechos. Los trabajadores contaban a su favor con el cambio de las condiciones institucionales del país, De la Rúa había renunciado y se había reintegrado el 13% recortado a los jubilados nacionales. También se hablaba de recuperar el país y no de ajuste. El Poder Ejecutivo también leía la realidad. Julio Ferro y Pilar Monesterolo firmaron una nota diciendo que el Gobierno local no tenía previsto, «por el momento», implementar ninguna medida concreta. Pero el día posterior a la Asamblea, es decir el viernes 29, hubo otro round en la pelea. Lo reflejó EL DIARIO bajo el título «se enojó el intendente y retrasó pago de salarios», ante la versión de que los trabajadores cortarían toda negociación, el jefe comunal habría mandado a retener el pago del sueldo, mientras los empleados ya estaban ante el Banco de Córdoba esperando se les liquidaran sus haberes. Todo se destrabó luego de una reunión entre Rodríguez y Ferro.
El último día del año el Concejo Deliberante aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo que obligó a jubilarse a todos los empleados municipales varones de 62 años y las mujeres de 59, con 30 años de aportes. Esto era, según la Intendencia, por «la profundización de la crisis generalizada». De esta manera se producía una rebaja en el monto global de sueldos que pagaba el municipio. Ese diciembre terminaba, pero no concluía la pelea para resistir el ajuste municipal, en el último día del año EL DIARIO reprodujo manifestaciones de altas figuras del Poder Ejecutivo local diciendo que los municipales no cobrarían el 5% que les correspondía por aumento de la antigüedad. Por allí vino después la propuesta de recorte. Ya era el 31 de diciembre, terminaba el año, pero la crisis continuaba dando coletazos.
